Sánchez promete más transparencia en la contratación pública y las agendas para frenar la corrupción

La corrupción sigue siendo un asunto central de la agenda pública española, y el Gobierno, que la ha sufrido de forma muy directa, con los dos ex secretarios de organización del PSOE implicados en escándalos graves y uno de ellos en la cárcel, está tratando de lanzar un mensajes de tolerancia cero no solo con destituciones, sino también con reformas legales. En este contexto, y pocos días después de un nuevo informe de la UCO que habla de movimientos de dinero sin origen justificado de José Luis Ábalos y Koldo García, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado que el Ejecutivo aumentará la transparencia de la contratación pública y de las agendas de los ministros y la suya propia para que los ciudadanos puedan controlar mejor la labor de los políticos.

Sánchez ha anunciado que se renovará el portal de transparencia de la administración central para que no haya secretos sobre su actividad pública y se creará una nueva plataforma de contratación en el sector público. Sánchez hizo estos anuncios en la inauguración de la Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto 2025, que reúne en Vitoria a 2.000 representantes de gobiernos, sociedad civil e instituciones responsables de políticas públicas de todo el mundo. Según el presidente, el objetivo es que “la democracia no se cierre en sus despachos, sino que se abra a la ciudadanía”.

Sin embargo, la realidad española dista mucho de estos buenos propósitos. En la actualidad, la agenda pública del presidente apenas tiene uno o dos asuntos al día, y con frecuencia hay días sin nada en agenda. Además han desaparecido las agendas semanales, que antes eran habituales, y solo se informa día a día y con cuentagotas. Todo lo demás que hace el presidente en su jornada, repleta cada día de citas, no se comunica porque el Gobierno entiende que no es oficial.

Sin embargo, ahí hay decenas de reuniones con empresarios, políticos y personas con distintos intereses que pasan por La Moncloa sin que haya ningún tipo de registro público, al contrario de lo que sucede en otros gobiernos europeos y americanos, donde se puede acceder al registro de entradas y salidas en los palacios del poder, incluidas las residencias oficiales de los presidentes.

Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de administración abierta, que ha presentado el ministro de Transformación Digital, Óscar López, que según ha explicado supondrá un mayor control público de las agendas no solo del presidente o los ministros sino también de la Casa Real. La situación de los ministros es en la mayoría de los casos similar a la de Sánchez: apenas se incluyen un par de citas al día, todo el resto se consideran no oficiales y no se informa, especialmente las que tienen con empresarios interesados en distintos proyectos.

También es especialmente relevante el cambio de la transparencia en la contratación pública. Sánchez lo ha reivindicado en Vitoria. “Es un cambio profundo e imprescindible. Porque en la contratación pública, como en toda democracia, la mejor garantía es la vigilancia. Y la mejor vigilancia, es la que es abierta, inteligente y compartida”. Sánchez ha defendido que el Gobierno abierto es la “mejor herramienta para defender la democracia”. “Esa reflexión es especialmente necesaria hoy, cuando nuestras democracias están siendo atacadas. No sólo desde fuera; también desde dentro”, ha rematado.

López ha explicado que toda esta reforma de transparencia, con un nuevo portal, no implicará ningún cambio en la regulación sobre el papel de la pareja del presidente del Gobierno, un debate suscitado por el proceso que sigue el juez Peinado contra Begoña Gómez, esposa de Sánchez, y su asistente en La Moncloa, a las que acusa de malversación.

López cree que en España ya está suficientemente reguladas las incompatibilidades, como demuestra el hecho por ejemplo de que Soraya Sáenz de Santamaría tuviera que inhibirse en decisiones sobre Telefónica porque su marido trabajaba en esa empresa o el intento -fallido- del PP por recurrir a la oficina de conflicto de intereses por los vínculos indirectos de Gómez con Air Europa. El ministro sostiene que la regulación es correcta y no se puede exigir la misma transparencia a un político que toma decisiones con millones de euros públicos en juego que a su pareja que no las toma.

Tras la presentación, el pasado julio, del plan del Gobierno contra la corrupción, expertos consultados por este periódico señalaron algunas de las grietas del sistema y plantearon varias reformas. Así, el magistrado Joaquim Bosch, señaló que la ley de contratación pública ha permitido “las modificaciones sobrevenidas”, que es donde las tramas corruptas obtienen su beneficio. Y se mostró escéptico sobre las listas negras de empresas condenadas por corrupción: “La ley ya prevé ese tipo de sanciones. El problema es que las empresas cuentan con filiales, personas jurídicas conectadas entre sí, y pueden utilizar una u otra, por lo que no afectan a todo el grupo empresarial. Además, esas sanciones no son efectivas hasta que hay una sentencia firme y eso puede demorarse diez años o más, por lo que no es suficientemente disuasorio”. Por su parte, Cristina Monge, politóloga y presidenta de la asociación +Democracia, que se dedica a plantear medidas de regeneración democrática,subraya que “la transparencia y la huella legislativa han de ser totales. Que si te reúnes con el lobby nuclear, se sepa”. Los controles sobre los cargos públicos y orgánicos, añade, deben empezar por los propios partidos: “Las auditorías al uso no son suficientes y habría que ir a otras llamadas forensic, que van mucho más allá, pero son caras”.