La ‘desconexión’ con la industria militar israelí amenaza la formación de los pilotos españoles de ataque

La “desconexión tecnológica” de la industria militar de Israel, decidida por el Gobierno en respuesta al exterminio de la población palestina de Gaza, ha supuesto un quebradero de cabeza para el Ministerio de Defensa. La simbiosis entre la tecnología militar occidental y la israelí es tan profunda que sus componentes se encuentran en productos que no son originalmente israelíes y su sustitución puede demorar años algunos importantes programas.

El problema más acuciante, según distintas fuentes militares consultadas por EL PAÍS, es el que afecta a los cazas F-5 del Ejército del Aire y del Espacio por sus consecuencias a corto plazo: puede poner en riesgo la formación de los pilotos de combate, sin cuya destreza la Fuerza Aérea es poco más que un armazón inservible.

Los F-5 son los aviones empleados para formar a los pilotos de caza y ataque en la base aérea de Talavera la Real (Badajoz), una vez que se licencian en la Academia del Aire de San Javier (Murcia), donde acaba de ingresar la princesa de Asturias, Leonor de Borbón. Se trata de aeronaves biplaza con casi medio siglo de antigüedad, fabricadas en España bajo licencia de la compañía estadounidense Northrop. El problema radica en que los 19 aparatos que todavía están en servicio han sido modernizados en dos ocasiones por la firma IAI (Israel Aerospace Industries), que ha actualizado profundamente su aviónica —el conjunto de componentes electrónicos que permite controlar la aeronave— y se encarga de mantener sus sistemas. Sin los repuestos y el apoyo técnico que proporciona, los aviones no podrían seguir mucho tiempo en vuelo, coinciden los expertos.

Defensa ya ha puesto en marcha la adquisición del modelo turco Hürjet como caza de instrucción, del que recibirá entre 28 y 30 unidades por 1.371 millones y en cuya fabricación participará la industria española. Sin embargo, los primeros seis aparatos no llegarán hasta 2028 y el resto escalonadamente en un calendario que se prolongará hasta 2031. Defensa está buscando suministradores alternativos para el F-5, pero no es tarea fácil. Si IAI deja de prestar sus servicios sin que haya reemplazo, la alternativa sería formar a los pilotos de caza y ataque en el extranjero, lo que resulta mucho más caro.

El problema de la formación de los pilotos es el más urgente, pero no el único. El Ministerio de Defensa ya ha anulado formalmente la compra de 1.680 misiles contracarro Spike LR2, así como 168 puestos de tiro, por 287,5 millones, con los que iba a dotar al Ejército de Tierra y la Infantería de Marina. El contrato había sido firmado con un consorcio encabezado por Pap Tecnos, filial española de la firma israelí Rafael. Una de las soluciones que se ha explorado, según fuentes industriales, es que la compañía Indra, cuyo socio mayoritario es la sociedad estatal SEPI, compre Pap Tecnos y se haga con la licencia para fabricar en España el Spike. Las empresas españolas ya conocen el misil porque participaron en su anterior versión, el Spike LR, en servicio en las Fuerzas Armadas, y los componentes que no pudieran fabricarse en España podrían adquirirse a la compañía alemana EuroSpike, explican las mismas fuentes. Si esta fórmula no fuera finalmente viable, habría que recurrir a los productos que hay en el mercado internacional, como el misil Javelin, de Raytheon y Lockheed Martin, o el Akeron, de la compañía europea MBDA, aunque los expertos militares consideran que este último no está al nivel del israelí o el estadounidense.

En cambio, Defensa no renuncia a que la industria española le aporte una alternativa para el Sistema de Lanzacohetes de Alta Movilidad (SILAM), que se adjudicó en 2023 al proyecto de Rheinmetall Expal y Escribano, basado en el PULS de la compañía israelí Elbit, para producir 12 lanzadores y más de 600 cohetes por 700 millones. En este caso, la fórmula que se contempla pasa por desarrollar un lanzacohetes múltiple con tecnología nacional, tanto en el lanzador como en la munición, lo que no debería resultar imposible, ya que España desarrolló hace medio siglo el lanzacohetes Teruel. Ello obligará, no obstante, a poner en marcha un programa de Investigación y Desarrollo (I+D), lo que supondrá un retraso de varios años en la entrada en servicio de un sistema que se ha demostrado decisivo en la guerra de Ucrania.

El Ministerio de Defensa lo tiene más fácil con aquellos programas que aún no se han adjudicado y para los que se está buscando recambio. El principal es el nuevo Sistema Conjunto de Radio Táctica (SCRT), con un presupuesto de 738 millones. La oferta preferida para dotar al Ejército de Tierra de una radio por software era la presentada por Telefónica y Alcox, pero debido a la participación de la israelí Elbit como socio tecnológico, ahora le ha desbancado como favorita la de Indra con la compañía finlandesa Bittium.

Fuentes del departamento que dirige Margarita Robles restan importancia a estos problemas, aseguran que Defensa ya se ha desvinculado de todos los contratos con empresas israelíes tras la anulación del Spike y el SILAM, por valor de casi 1.000 millones, y dan por completado el plan de desconexión tecnológica con Israel, que conllevará su sustitución por empresas europeas y españolas. Las mismas fuentes niegan cualquier responsabilidad en el retraso en la aprobación del real decreto que blindará legalmente el embargo en la compra-venta de armas a Israel, cuya aprobación estaba prevista para este martes en el Consejo de Ministros y ha quedado pospuesta hasta la semana próxima.

Otras fuentes gubernamentales admiten, no obstante, que llegar a la “dependencia cero” con la industria militar israelí, en palabras de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, tiene un coste, pero se muestran dispuestas a asumirlo por coherencia política, después de que el presidente Pedro Sánchez haya calificado abiertamente de “genocidio” el exterminio de la población de Gaza. Otras cuestiones son los flecos que estas medidas puedan tener en los tribunales. Las fuentes consultadas sostienen que Defensa ha sido muy cuidadoso para asegurarse de que la cancelación de los contratos no da pie a la reclamación de indemnizaciones por parte de las empresas afectadas.