Lea el discurso de la presidenta del Poder Judicial en el inicio del curso judicial

La presidenta del Supremo, Isabel Perelló, ha defendido “con firmeza” la independencia del poder judicial en su discurso de apertura del curso judicial, y también ha tildado de “inoportunas y rechazables” las “descalificaciones” a jueces por parte de los poderes públicos, tras las declaraciones del presidente del Gobierno en TVE sobre los “jueces que hacen política”.

Aquí puede leer su discurso íntegro:

SEÑOR:

I

Un año más, VUESTRA presencia expresa el vínculo especial y el compromiso de la Corona con el Poder Judicial. Engrandece el significado de este acto porque resalta la dignidad de la función jurisdiccional que, como habéis señalado, posee una dimensión vertebradora del Estado.

Por eso, quiero trasladaros el más profundo agradecimiento de todos los hombres y mujeres que, en vuestro nombre, administran justicia.

II

Hace hoy un año comparecía en este mismo salón de Plenos, al día siguiente de haber tomado posesión como presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Supuso la designación por vez primera de una mujer para esta responsabilidad, que recibí como un reconocimiento a la importante labor de las mujeres en la Administración de justicia, a todos los niveles.

El nombramiento tuvo lugar apenas un mes después de la renovación del CGPJ, tras más de cinco años de retraso. La situación de la justicia en aquellos momentos era muy anómala. Estaban vacantes numerosas plazas judiciales. En particular, en el Tribunal Supremo quedaban pendientes de provisión treinta y una, lo que suponía casi la mitad de su planta.

Pues bien, desde entonces el Consejo General del Poder Judicial ha efectuado 161 nombramientos, normalizando con ello la situación. En el Tribunal Supremo se han designado las presidencias de Sala y 29 nuevos magistrados, por lo que está casi completa su planta. De igual modo, se han cubierto las Presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales.

Estos nombramientos se han efectuado mayoritariamente por unanimidad o mediante amplios consensos, como resultado de un trabajo intenso y con altura de miras.

Hoy podemos decir que, pese a las dificultades, el primer desafío que asumimos al iniciar nuestro mandato ha sido superado. Por ello, quiero agradecer públicamente a los Vocales su responsabilidad institucional y el esfuerzo realizado para cumplir con la misión constitucional que tenemos encomendada de gobierno del Poder Judicial. Asimismo, quiero agradecer el gran trabajo realizado por los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial, dirigidos por su secretario general, quien lleva a cabo una excelente labor.

III

Esta Presidencia siempre se esforzará por alcanzar el consenso y conseguir decisiones aceptadas por amplias mayorías, pues está llamada a ejercer un papel imparcial y neutral, garante del correcto funcionamiento del Poder judicial, al servicio exclusivo de la justicia y del interés general. Como presidenta, mi compromiso es ejercer mi función con independencia, firmeza, con criterio propio y con la máxima lealtad institucional.

IV

Hace poco decíais, SEÑOR, que la legitimidad de las instituciones se asienta en la confianza de la sociedad. Efectivamente, la democracia no puede funcionar si los ciudadanos no creen en las instituciones. La única manera de lograr que confíen en ellas es cumpliendo con su función constitucional, sin excusas ni reproches.

El Consejo ha cumplido con su cometido con rigor y responsabilidad en este primer año, velando por el interés superior del servicio público de la justicia.

Con todo, quedan todavía desafíos de gran envergadura: entre otros muchos, la implantación de los tribunales de instancia, que nos preocupa con los problemas organizativos que ello conlleva, o dar una respuesta eficaz a la litigación en masa.

Son tareas que debemos afrontar en este nuevo año judicial. Los jueces lo esperan y los ciudadanos lo demandan. Confío en que podamos hacerlo con la misma responsabilidad y los mismos consensos que hemos demostrado hasta ahora.

V

También tenemos que seguir avanzando en nuestro compromiso con la igualdad.

De los 161 nombramientos efectuados en este año, 68 han recaído en mujeres, lo que representa un 42%. Este porcentaje se eleva al 53% si tenemos en cuenta solamente las plazas a las que han concurrido mujeres y hombres. La tasa de éxito para las mujeres respecto de los hombres, cuando concurren en procesos competitivos en el Tribunal Supremo, es de un 12,5 %. En las demás plazas judiciales, esta tasa es todavía superior.

En solo un año se ha duplicado el número de magistradas del Tribunal Supremo, (que han pasado de 10 a 23) y el de presidentas de Tribunales Superiores de justicia y de Audiencias Provinciales (que eran 10 y ahora son 20).

Sin duda, queda mucho camino por recorrer, pero ya estamos asistiendo a un verdadero cambio en la cúpula del poder judicial y confío en que a lo largo de este mandato se consiga la plena igualdad en el ámbito judicial. Ese es mi empeño.

Reitero mi reconocimiento y agradecimiento a las mujeres que han luchado por la defensa del derecho a la igualdad y por acabar con la injusta falta de consideración a la que nos hemos visto sometidas en distintos ámbitos de la vida profesional y social.

VI

El Consejo General del Poder Judicial ha cumplido, por tanto, con su función constitucional y, también puede afirmarse, SEÑOR, que lo ha hecho el Poder Judicial como poder del Estado.

En 2024, los Juzgados y Tribunales de nuestro país resolvieron 7 millones de asuntos, 800.000 más que en el año anterior; y dictaron más de 2 millones de sentencias. Esto significa que, de media, cada Juez resolvió cerca de 1.400 asuntos y dictó 325 sentencias. Estas cifras reflejan la responsabilidad y el sobresfuerzo de los miembros del Poder Judicial. Es conveniente recordar que, en España, el número de jueces por cada cien mil habitantes es muy inferior a la media de los Estados del Consejo de Europa: 11,9 en nuestro país frente a 17,4 en Europa. Una tasa que refleja la falta de jueces.

VII

Esta carencia resulta alarmante. Las 120 plazas que, de media, se han ofrecido en las convocatorias de los últimos años son insuficientes, incluso para la natural tasa de reposición.

Hace dos meses el Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó un informe que considera urgente la creación de 509 plazas judiciales.

Esta es una de nuestras grandes preocupaciones, cuya solución no puede demorarse ni quedar supeditada al incierto devenir de determinadas iniciativas legislativas.

La falta de jueces, SEÑOR, pone en grave riesgo la efectividad de la justicia, garantía última de los derechos de los ciudadanos y la que asegura el cumplimiento de la ley.

VIII

Ahora bien, ese necesario incremento del número de jueces no puede hacerse en detrimento de la calidad de la formación que exige la función jurisdiccional. Las reformas que en el futuro puedan plantearse en el sistema de selección deben respetar siempre sus principios esenciales: la publicidad, la objetividad de las pruebas, que se basa en un control del conocimiento del Derecho exhaustivo, y la transparencia. Estos principios garantizan jueces independientes y con plena autonomía personal.

IX

Los jueces no somos inmovilistas, antes bien, reclamamos constantemente reformas y mejoras. Pero estas deben tener como finalidad profundizar en nuestra formación e independencia y no pueden darse pasos que signifiquen un retroceso en estos dos elementos esenciales.

Existen reformas en tramitación que afectan directamente a la Carrera Judicial y que generan legítima preocupación de la judicatura. Es, obviamente, al legislador al que corresponde aprobar estas reformas, pero deben elaborarse mediante diálogo y con la participación del Consejo General del Poder Judicial, que ha de aportar la experiencia y el conocimiento necesarios para mejorar el ejercicio de la función jurisdiccional.

Otro de los problemas que nos preocupan son las dilaciones que sufren los procedimientos judiciales, inaceptables en una sociedad democrática avanzada. Una justicia tardía no es una justicia efectiva. Es urgente poner en marcha medidas que terminen con este problema, que contribuye a minar la confianza en la justicia.

Concretamente, en lo que se refiere al Tribunal Supremo, hemos reclamado de forma constante la regulación de su Gabinete Técnico. Así lo ha pedido por última vez la Sala de Gobierno el pasado 10 de junio. La Ley 7/2015, que modifica la del Poder Judicial, establecía el plazo de un año para su regulación. Y pasados más de 10 años, se sigue incumpliendo el mandado legal, que es vital para el funcionamiento del TS.

X

La confianza y la credibilidad en la justicia son un bien común que debe ser preservado, porque de ellas depende la fortaleza misma de nuestro Estado de Derecho. A esta tarea no está llamado únicamente el Poder Judicial, aunque en él recaiga la responsabilidad principal, sino también los demás poderes del Estado, cada uno en el ámbito de sus competencias.

Se trata, en definitiva, de una exigencia que obliga a todos —al Poder Judicial y a los demás poderes del Estado— a sostener, con su actuación cotidiana, la confianza en la justicia.

Así se pone de manifiesto en el Informe sobre el Estado de Derecho en España aprobado el pasado julio por la Comisión Europea, que advierte textualmente que “los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar caer en críticas que minen la independencia judicial o la confianza pública en ésta“.

Por ello, resultan totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia, provenientes de los poderes públicos. Tal forma de proceder, además de contradecir la recomendación europea, socava de forma directa la confianza en la justicia, al tratar de influir negativamente en la consideración ciudadana de los jueces.

Estas descalificaciones son impropias de un estado de derecho avanzado en el que rige no solo el principio de separación de poderes, sino también el de respeto mutuo; en definitiva, la lealtad institucional.

Son aceptables el desacuerdo y la crítica, siendo ambos legítimos, pero no lo es desacreditar al Poder Judicial, atribuyéndole intenciones u objetivos que resultan abiertamente contrarios a los principios que deben presidir la actuación jurisdiccional.

En un estado de Derecho como el nuestro, toda actuación judicial tiene lugar en el cauce de un proceso, que se desarrolla con todas las garantías de audiencia y defensa, y es susceptible de ser revisada por otros Jueces imparciales e independientes. Los posibles errores son corregidos en el seno del propio proceso judicial, que es sumamente garantista.

El Estado de Derecho protege los derechos de cualquier persona sometida a un procedimiento judicial, bajo la premisa de la presunción de inocencia y de la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley.

No es propio del Poder Judicial entrar en polémicas ni en críticas a personas ni a instituciones, pues no nos corresponde esa función. Cada cargo público es responsable de sus actos.

Pero sí vamos a defender con firmeza los principios esenciales que definen al Poder Judicial y que hacen que sea digno de este nombre.

La sociedad no merece que los poderes públicos entren en descalificaciones ni en reproches mutuos, sino que las instituciones funcionen con normalidad y que actúen al servicio de los ciudadanos, y con respeto y lealtad a las otras. Y así lo hará el Poder Judicial.

XI

La confianza en la justicia se fundamenta, ante todo, en que los jueces apliquemos la ley con rigor, sin someternos a presiones externas ni a otro criterio que no sea el estricto sometimiento al ordenamiento jurídico; dando a todos el mismo trato, sin hacer más excepciones que las que la ley prevé, ni distinguir en razón de quienes sean los afectados.

Los jueces y magistrados no obedecemos órdenes ni instrucciones de nadie en el ejercicio de nuestra función. Ahora bien, independencia no equivale a libre arbitrio. Al contrario, como proclama la Constitución, estamos sometidos al imperio de la ley, es decir, al Derecho. Lo característico de la independencia judicial es, precisamente, que nuestro único marco de referencia es el ordenamiento jurídico. Esa es la fuente de nuestra legitimidad y la garantía de que la justicia se administra sin más guía que el Derecho.

La independencia judicial no es, en modo alguno, un privilegio de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos y nuestro primer deber. Cada uno de nosotros estamos llamados a preservarla, porque constituye la condición imprescindible para que el poder judicial cumpla con su función constitucional: la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses de todos.

El ámbito de la independencia judicial es absoluto. Así lo proclama la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando dispone que todos están obligados a respetar la independencia de jueces y magistrados. Ese respeto no es una fórmula retórica: exige que no se nos presione, que no se nos condicione, que no se erosione la credibilidad de los tribunales con juicios de oportunidad política o de cualquier otro tipo, ni con expectativas que desconocen los principios y los tiempos del proceso. Respetar la independencia significa permitir que el juez cumpla su tarea con libertad de criterio; que pueda estudiar, reflexionar, deliberar y resolver sin injerencias de ninguna clase.

Si falta un poder judicial independiente desaparece el propio Estado de Derecho, porque ya no existe quien garantice que las leyes creadas por la voluntad popular se cumplan efectivamente y, de este modo, se frustra también la propia democracia.

XII

La independencia judicial lleva consigo, inseparablemente, la responsabilidad, tal y como señala la Constitución. También nosotros debemos responder por nuestra actuación y el ordenamiento jurídico dispone de los instrumentos necesarios para exigirnos esa responsabilidad cuando proceda. La independencia nos protege frente a injerencias en el ejercicio de nuestra función, pero al mismo tiempo nos somete con mayor rigor al Derecho; esa es su grandeza y también su exigencia.

El Consejo General del Poder Judicial tiene atribuida la potestad disciplinaria sobre los Jueces y Magistrados, con el límite de no interferir en el ejercicio de la función jurisdiccional. El Consejo puede sancionar las conductas inadecuadas de los Jueces, la desatención o los retrasos, de acuerdo con un catálogo de infracciones que se encuentra en la LOPJ; con el límite del respeto a la labor jurisdiccional.

Solo un Tribunal puede declarar el error de un Juez en la interpretación y aplicación del Derecho, así lo impone la Constitución y la división de poderes y así lo ha establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

XIII

Los jueces españoles, como jueces constitucionales y europeos, ejercemos nuestra función jurisdiccional aplicando no solo el ordenamiento jurídico interno, con la Constitución en su vértice, sino también el Derecho de la Unión Europea. Ambos ordenamientos, el nacional y el europeo, comparten un fundamento común: el Estado de Derecho, como valor esencial de nuestras instituciones democráticas.

Esta doble pertenencia refuerza la posición de la judicatura española, que no responde a posiciones ideológicas ni a planteamientos corporativos, sino al rigor profesional y a la plena sujeción al Derecho. Cada decisión judicial se adopta con independencia e imparcialidad, garantizando a los ciudadanos que sus derechos serán tutelados conforme a los más altos estándares que imponen nuestra Constitución y el derecho de la Unión Europea.

XV

SEÑOR, servimos a los ciudadanos. La aportación de los jueces a la sociedad es indudable.

El Poder Judicial es garante del Estado de Derecho y, con él, del principio democrático, pues asegura que tanto los poderes públicos como los particulares estén sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. De este modo, garantiza que la justicia sea fiel reflejo de los valores que presiden nuestra sociedad.

Los jueces dan respuesta a los diferentes y complejos asuntos que la sociedad plantea aplicando el ordenamiento jurídico. Y contribuyen a que el Derecho se mantenga vivo y a que se renueve al compás de la sociedad, a la que acompaña.

No estamos solos en esta tarea. En ella participa toda la comunidad jurídica: la universidad, que orienta la evolución del Derecho; la abogacía, que con los argumentos enriquece el debate judicial; los fiscales y, en general, todos aquellos que ejercen funciones jurídicas. Ese esfuerzo compartido es lo que permite que el Derecho mantenga su vitalidad y acompañe a la sociedad en su transformación.

XVI

Termino ya SEÑOR, con unas ultimas consideraciones.

Soy consciente de que la sociedad en la que vivimos demanda más y mejor justicia; una justicia accesible a todos; de calidad; más eficaz; más especializada; más protectora de los vulnerables; más clara en sus resoluciones y que garantice el lenguaje accesible.

Pese a la falta de medios, el esfuerzo, la responsabilidad y la cercanía a los ciudadanos definen a la inmensa mayoría de los jueces de nuestro país, que continúan ejerciendo su función con ejemplar dedicación.

Quiero rendir homenaje a los jueces de Valencia y al personal de la Administración de justicia que, durante los días terribles de la DANA del pasado octubre, cumplieron ejemplarmente su deber en condiciones extremas, demostrando un firme compromiso con la ciudadanía, con la justicia y con el Estado de Derecho.

Quiero que mis últimas palabras sean de aliento a los jueces y las juezas, para pedirles que continúen con su labor diaria aportando lo mejor de sí mismos y que sigan contribuyendo a construir una sociedad más digna, más justa e igualitaria.

Por todo ello, concluyo transmitiendo a la ciudadanía un mensaje de confianza y esperanza. A pesar de las descalificaciones que antes mencionaba, el Poder Judicial no va a desviarse de su camino de rectitud y honestidad.

Nuestra función es resolver los conflictos que se dan en la sociedad, no contribuir a alimentarlos. Los hombres y mujeres que servimos a la Justicia seguiremos desempeñando nuestra labor con independencia, rigor y vocación de servicio, lo que constituye la mejor garantía de los derechos de todos, lejos de disputas estériles que nada aportan.

Gracias al esfuerzo cotidiano de jueces y juezas, y al compromiso de todos los que servimos en la Administración de justicia, nuestra democracia se fortalece haciendo posible que nuestra sociedad se transforme, avance en libertad, igualdad y justicia.

Gracias a todos, y gracias, SEÑOR, por vuestra presencia y apoyo al poder judicial.