Del dispositivo “suficiente” al caos: Castilla y León y Galicia tuvieron efectivos parados mientras montes y pueblos ardían

La crisis de incendios más grave de la historia reciente de España estalló con los gobiernos de Castilla y León y Galicia jactándose de contar con un dispositivo de extinción dotado al más alto nivel. El mejor “de todo el mundo”, presumía el día 13 el sustituto de la familia Baltar al frente de la Diputación de Ourense, el popular Luis Menor, cuando su provincia ya estaba en alerta máxima. Solo dos días después, con la ola de fuegos en Extremadura, estas comunidades del PP urgían al Gobierno central un potente refuerzo de medios mientras sus equipos sufrían imprevisión, descoordinación, parálisis y falta de personal y maquinaria, denuncian bomberos y agentes forestales. Miembros del despliegue en estos territorios relatan cómo se han enfrentado no solo a las llamas: también a carencias que llevan años denunciando.

Una escena resume la gestión de la Junta de Castilla y León en esta catástrofe sin precedentes: Losacio (Zamora), 12 de agosto. Una línea naranja amenaza el lugar donde comenzó el segundo y cuádruplemente mortal incendio de la Sierra de la Culebra en 2022. No hay bomberos autonómicos, solo vecinos voluntariosos y con algún sudor frío pese a los 35 grados. El pueblo se libró gracias solo a los refuerzos del Ayuntamiento de Zamora, al arrojo de una “cuadrilla pirata” que se tapaba los nombres para evitar represalias de la empresa, y especialmente al cambio de viento. Sin embargo, el incendio engulló Abejera, donde aún hay heridos hospitalizados.

Esta falta de efectivos autonómicos se repitió en múltiples localidades castellanas y leonesas, especialmente en León, Zamora y Palencia, donde sienten que el caos y la descoordinación han inflamado unas llamas ya de por sí poderosas. Las protestas ciudadanas han ido creciendo. En Ourense, los bomberos narran un episodio que ilustra la impotencia que también se ha sentido en el flanco gallego de la tragedia por la falta de personal de la que llevan años alertando. Fue el 15 de agosto. Ardía la cima de un monte ante la inquieta mirada de los habitantes de una aldea de Vilardevós. Allí acudió, además de la Guardia Civil y Protección Civil, la brigada de Viladesuso, movilizada desde el sur de Pontevedra. Al frente, un agente forestal, el encargado de la dirección técnica contra un fuego, de la estrategia de ataque. Pero sobre las dos de la madrugada, este trabajador se tuvo que ir por haber rebasado el tope de jornada, relatan fuentes de esta cuadrilla.

No llegó nadie para relevarlo y, por protocolo, la brigada no pudo actuar. También se tuvo que parar la bulldozer que estaba abriendo zanjas para detener el avance del incendio que los acechaba. “Nos quedamos toda la noche contemplando cómo bajaba el fuego”, cuenta uno de sus integrantes. A la mañana siguiente, las llamas cogieron fuerza y cercaron las casas porque había zonas de maleza alrededor. Los sindicatos llevan años denunciando que la plantilla de agentes ambientales, una figura clave también para prevenir los incendios, está congelada desde 1985, cuando la Xunta recibió las competencias en la materia. “No hay forma de que asuman que falta más gente”, lamentaba estos días el agente forestal Alejandro Rodríguez.

Cuando ya el calor abrasador y el viento habían desmadrado las llamas por un territorio lleno de maleza seca y vacío de habitantes, tanto Galicia como Castilla y León improvisaron llamamientos para cubrir vacantes en sus equipos. El dispositivo gallego arrancó la temporada de alto riesgo con plazas y bajas sin cubrir, denuncian asociaciones profesionales y sindicatos, mientras la Xunta defiende que durante la crisis ha estado “casi al 100%”. CCOO calcula que la catástrofe se encaró en Ourense con 80 vacantes de bomberos, emisoristas o conductores, de un total de menos de 600 puestos.

Óscar Rodríguez, jefe de brigada y presidente del comité de empresa de Medio Rural en esta provincia, contabilizó varias autobombas paradas en los peores días solo en la comarca de Valdeorras, arrasada por el incendio de Larouco, el más devastador. No podían usarse porque no había conductor disponible, “plazas que están recogidas en la relación de puestos de trabajo, pero que no se cubren”, subraya. Mientras, Rueda reclamaba al Gobierno central, además de bulldozers, soldados, medios aéreos y nodrizas, “30 autobombas con sus conductores”. Medio Rural ha eludido explicar esta situación.

La incorporación precipitada de efectivos sin experiencia también complicó las tareas. Agentes forestales, por ejemplo, cuentan que han intentado evitar que los recién llegados asuman la “responsabilidad” de dirigir la estrategia ante fuegos tan peligrosos. Esto se evitaría si se hubiesen unido en marzo como piden siempre los sindicatos. También se han quejado de la gestión de la Xunta efectivos llegados de otras zonas de Galicia. El pasado martes, con los incendios más graves de la historia de la comunidad fuera de control, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) rechazó la ayuda de bomberos de A Estrada (Pontevedra) que habían gestionado una autobomba y envió a casa a trabajadores contraincendios de A Coruña y Lugo porque “ya no se necesitaban”, cuenta Javier Cortizo, uno de los afectados, que desde A Estrada ya viajó a Valencia cuando la dana.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que se ha dejado ver estos días con chaleco de emergencias y sin afeitar, se ha parapetado en que los medios que se urgieron en medio del caos al Gobierno central, una petición “imposible” de atender según el Ejecutivo de Pedro Sánchez, no han llegado completos y a tiempo. Mañueco, por su parte, ha pasado de calificar el operativo de “suficiente” a exigir recursos al Estado alegando que las condiciones climatológicas extremas superaron cualquier previsión de la Junta. Los brigadistas se encogen de hombros: “Era cuestión de tiempo”. El desastre de 2022 en la Sierra de la Culebra no acarreó medidas ambiciosas para mantener un dispositivo sólido y bien capacitado, donde aún resuena el eco del consejero, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en 2018: “Mantener el operativo todo el año es un absurdo y un despilfarro”.

Esta vez Quiñones ha regalado un “tenemos la mala costumbre de comer” por ausentarse en el primer día de descontrol, mientras los retenes ironizan con el “ayuno intermitente” de su pobre avituallamiento, en ocasiones con moho y frecuentemente escaso. Han bebido agua de mangueras de huerto y han compartido vídeos de compañeros durmiendo en el suelo.

En Galicia, hubo “brigadas descoordinadas y paradas a la espera de instrucciones durante horas”, señala el bombero forestal Xoan Lois Cabreira. “Hay un gran capital humano de base en los bomberos forestales” gallegos, explica, porque conocen el territorio y son expertos en tácticas contra el fuego. Pero “la falta de coordinación de los mandos tanto superiores como intermedios derivó en inoperancia e ineficacia”. Miembros del dispositivo relatan a EL PAÍS que se encontraron con autobombas y bulldozers en estado calamitoso, “que perdían aceite por el camino y estaban para el desguace”.

Mañueco insiste: su equipo está bien nutrido, pero necesitaba soporte de Sánchez. Soporte como el infrautilizado en León, donde se instalaron camas y almuerzos para 180 personas que nunca fueron movilizadas. Tampoco instalaron puestos de mando cedidos. Según informan bomberos de Ávila, allí hay una nodriza capaz de almacenar 13.000 litros para abastecer a las autobombas sin que se tengan que alejar demasiado. Ese vehículo permanece “en reserva”, según el Plan Anual de Incendios Forestales de la Junta. “No tienen dotación de personal y [la nodriza] lleva todo el año parada en un garaje”, según fuentes conocedoras del caso. Mañueco pidió al Ejecutivo primero 15 como estas y luego, sin saberse por qué, simplemente las solicitó sin aclarar cuántas. Las unidades helitransportadas también han implorado ser reclutadas al máximo, condenadas algunas a la inacción. El presidente de la Junta ha respaldado “todas las decisiones” del operativo aunque admite que “puede haber algún tipo de incidencias”: “Todos los medios que se ponen a disposición de la Junta, los directores los aprovechan al máximo si lo aconsejan las circunstancias”.

Muchos bomberos de la Junta protestan porque no salen en las fotos, solo figuran los de la UME o los del ministerio, las BRIF. La respuesta: son tan pocos que es más fácil fotografiar a los refuerzos que a los nativos. Un efectivo del ministerio los compara así: “Hay una diferencia abismal entre las BRIF y otros medios, sobre todo los de la Junta. Tenemos una formación que no dan en ningún sitio y se nota al coordinarse bien, pero sobre todo en la seguridad. Parece una bobada, pero es más importante que el dinero”. Con el fuego crepitando, una adjudicataria buscaba personal en InfoJobs: no se exige ni formación ni experiencia. Mañueco asegura que su prioridad es la “seguridad” de esa primera línea contra las llamas y que se está implicando en el correcto avituallamiento de las brigadas. Al día siguiente de estas declaraciones, los bomberos recibieron bocadillos con moho.

“Los fuegos se apagan en invierno”

En Extremadura la situación ha sido distinta a la vivida en Castilla y León y Galicia. Allí ha habido dos incendios, no una multiplicidad de focos. Uno fue en Llerena (Badajoz), que se controló más rápidamente, y otro en Jarilla, que ha calcinado más de 17.000 hectáreas y se ha convertido en el más grande que ha habido nunca en la región. Si las críticas en las otras dos comunidades se reparten entre los fallos en la gestión de la extinción y la falta de prevención, los bomberos consultados en territorio extremeño procedentes de varias regiones de España coinciden en señalar más a lo segundo, la falta de limpieza de los montes. “Los fuegos se apagan en invierno”, repite un bombero de atención urgente de Castilla y León a pocos metros de las llamas en la frontera entre Cáceres y Salamanca.

Un grupo de efectivos procedentes de Cataluña comenta lo mismo y sostiene que eso, sumado a la ola de calor, ha secado gran parte de la vegetación que creció asilvestrada después de una primavera de muchas lluvias. La situación tiene unas características muy particulares y ha elevado el riesgo de incendios en toda la península. “Hoy estamos trabajando aquí, pero no me extrañaría nada que nos llamen porque tengamos que actuar pronto en Cataluña”, explica.

El incendio de Jarilla ha arrasado mayoritariamente zonas altas. Desde la Junta de Extremadura señalan que uno de los problemas ha sido la falta de helicópteros e hidroaviones porque la crisis incendiaria en Galicia y Castilla y León ha obligado a repartirlos. “Entendemos que la situación es la que es. Al que lo ha dado todo no se le puede pedir más”, explicó el martes a EL PAÍS el consejero de Gestión Forestal y Medio Rural, Paco Ramírez. Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha enviaron medios aéreos el sábado 16 de agosto, un día después de la petición del Gobierno extremeño. Cataluña lo hizo el 18 y Eslovenia y la República Checa mandaron otros dos helicópteros que llegaron el 19 después de que el Gobierno central activara el mecanismo europeo de protección civil. Para entonces ya habían ardido más de 15.000 hectáreas.