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Los pueblos de nombre franquista que quedan en España y que incumplen la ley de memoria

Seis municipios de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura mantienen referencias al dictador, sin perspectiva de cambio por no considerarlo prioritario

Un ciclista se detiene frente al cartel que señala el camino hacia Llanos del Caudillo.

La pedanía malagueña de Villafranco del Guadalhorce acaba de aprobar con mayoría absoluta cambiar su nombre, pasará a llamarse oficialmente Villa del Guadalhorce, eliminando la referencia al dictador Franco. El acuerdo se ratificó gracias a los votos del PSOE, Izquierda Unida y la formación 100% Alhaurín y con el voto negativo del PP y Vox. Sin embargo, en España sigue habiendo otros seis pueblos con nombre franquista que todavía no han iniciado su este trámite, por lo que están incumpliendo la ley de memoria democrática.

Estos pueblos son Llanos del Caudillo (Ciudad Real), Alberche del Caudillo (Toledo), Villafranco del Guadiana (Badajoz), Alcocero de Mola (Burgos), Quintanilla de Onésimo (Valladolid) y San Leonardo de Yagüe (Soria). Todos mantienen en sus nombres referencias relacionadas directamente con el dictador Francisco Franco o hacen alusión a políticos y militares claves entre los años previos a la guerra civil y el franquismo, como el general Mola, el general Yagüe y Onésimo Redondo, fundador de las JONS.

El abogado Eduardo Ranz, experto en memoria democrática, lamenta en declaraciones a la Agencia Efe que ninguno de estos pueblos haya sido sancionado por incumplir la ley sobre esta materia, aprobada en 2022: “La gran asignatura pendiente del Gobierno es la retirada de simbología franquista. La ley de memoria establece plazos y sanciones. Si no existiera la ley, tendríamos que inventarla. Pero existe, así que apliquémosla y cumplámosla”.

La ley señala que serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas en topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos a dirigentes y participantes de la sublevación militar, de la dictadura o de las organizaciones que la sustentaron. Y añade que deberán ser las propias administraciones públicas las que adopten las medidas oportunas para retirar dichos elementos. En caso de incumplimiento, prevé la posibilidad de imponer multas que podrían alcanzar los 10.000 euros.

Por el momento no ha habido ninguna multa en este ámbito y sigue pendiente la elaboración por parte del Estado de un catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, algo que se prevé en la ley. Desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática explican a Efe que el catálogo está pendiente de pasar por el Consejo de Estado para ser aprobado definitivamente en el Consejo de Ministros y constituirse la comisión que analizará, en adelante, las propuestas de elementos contrarios a la memoria democrática. Será entonces cuando se requerirá formalmente a los Ayuntamientos que eliminen los nombres franquistas. Algo que deberían activar de oficio, como han hecho otros municipios.

El Pleno de la Diputación de Palencia acordó recientemente retirarle los honores al dictador Francisco Franco, que tenía los títulos de hijo adoptivo de la provincia y de presidente honorario de esta institución provincial. El pleno del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, a quien pertenece la pedanía de Villafranco del Guadalhorce, aprobó el 1 de agosto por mayoría absoluta el cambio de denominación. Era uno de los compromisos de la corporación municipal, del que forman parte los partidos 100% Alhaurín, PSOE e IU. El Partido Popular y Vox votaron en contra. En 2020, Guadiana del Caudillo (Badajoz) eliminó la referencia al dictador de su topónimo.

Sin embargo, en las otras localidades con nombres franquistas no hay, por el momento, ninguna perspectiva de cambio, en la mayoría de casos por falta de voluntad, al no considerarlo un tema prioritario. La única excepción es el pueblo toledano de Alberche del Caudillo, dependiente del Ayuntamiento de Calera y Chozas, que llegó a iniciar los trámites para el cambio de nombre antes de las elecciones municipales de 2023, pero lo paralizó a la espera de que estuviera listo el catálogo estatal de elementos contrarios a la memoria.

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