Tráfico ilegal de armas desde Bilbao a África para comprar ‘diamantes de sangre’

El rastro de los llamados diamantes de sangre, las piedras preciosas extraídas mediante el trabajo de esclavos en minas de Sierra Leona para financiar la guerra civil que asoló este país africano entre marzo de 1991 y enero de 2002, salpica a España. La Policía Nacional ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge investigar si por el puerto de Bilbao transitaron, entre finales de los noventa y comienzos de nuestro siglo, “al menos tres envíos de armas” camufladas en la carga de otros tantos barcos para pertrechar al grupo paramilitar Frente Revolucionario Unificado (FRU) durante el conflicto bélico que dejó más de 70.000 muertos y 2,6 millones de desplazados en este país africano, según se recoge en un oficio de la Comisaría General de Información (CGI) al que ha tenido acceso EL PAÍS.

La petición de la Policía se encuadra en el sumario abierto en enero de 2022 por el juez Alejandro Abascal, primer instructor de la causa, tras recibir la querella presentada por un ciudadano de Sierra Leona que tuvo que trabajar como esclavo en una mina de diamantes explotada por el FRU. Según esta querella, presentada por el abogado Hernán Garcés en coordinación con la ONG suiza Civitas Maxima, esta víctima había sido “obligada a trabajar día y noche junto con otros 300 civiles en condiciones inhumanas de vida”. En la causa está imputado un empresario español, Manuel Terrén Parcerisas, detenido en Málaga en julio del año pasado acusado de ser el presunto “diseñador y coordinador de la trama empresarial” para el blanqueo de estos diamantes en Europa y actualmente en libertad provisional.

La reclamación se conoce, además, en un momento clave. La Audiencia Nacional rechazó el pasado 16 de junio la petición de archivo que había planteado la Fiscalía, que consideraba que los delitos investigados habían prescrito dado el tiempo transcurrido desde que se cometieron.

En su oficio ―presentado al juez el pasado 4 de diciembre―, la Policía solicita abrir una pieza separada secreta dentro de la misma causa para investigar como delitos de tráfico de armas, crímenes de guerra y de lesa humanidad el supuesto tránsito por el puerto bilbaíno de munición y granadas antitanque RPG con destino al grupo paramilitar. Los agentes consideran que “como consecuencia directa y necesaria de estos pagos, aquellas personas involucradas en esta transacción de ‘armas por diamantes’ al FRU estaban conscientemente favoreciendo la existencia de la guerra civil, de la actividad de este ejército y, en última instancia, de las graves vulneraciones de Derechos Humanos allí cometidos”.

En concreto, los agentes piden al magistrado que solicite al director de la Autoridad Portuaria del puerto de Bilbao información sobre posibles cargamentos “con origen o tránsito” en estas instalaciones “con posterior destino o tránsito en Liberia [país fronterizo con Sierra Leona y desde el que se apoyó a la guerrilla del FRU] desde 1997 hasta el año 2003”. Y demandan identificar aquellos buques que en su manifiesto de carga declarasen transportar “maquinaria de minería” o “excavadoras”, o que como responsable del envío o de la recepción de la mercancía figurase alguno de los ocho presuntos implicados que identifica ―entre ellos, el empresario investigado, otros dos ciudadanos españoles y cuatro andorranos, además de un africano― o alguna de la media docena de empresas supuestamente vinculadas con la trama.

La nueva línea de investigación planteada por la Policía se produce después de que el testigo protegido 11/2024 declarase el 18 de junio del año pasado ante el juez durante más de dos horas. Su testimonio aparece en el informe policial como “el indicio más directo sobre la existencia de un posible delito de tráfico de armas”. Esta persona, cuya identidad permanece secreta, aseguró haber estado presente o conocer de primera mano tres negociaciones para el intercambio de armas por diamantes procedentes de Sierra Leona. Y añadió que los envíos del material bélico se realizaron desde “el puerto de Bilbao a Liberia”, país en el que se habían asentado dos sociedades mineras supuestamente implicadas en la trama. El testigo recalcó que Charles Taylor ―expresidente de Liberia y condenado en 2012 por un tribunal internacional a 50 años de cárcel― estaba al corriente de los envíos.

En su declaración, afirmó que uno de los presuntos implicados en el intercambio de armas por diamantes lo conoció con el nombre de “Micki” y facilitó una fotografía suya. La Policía, a partir de esta imagen, ha podido identificar al supuesto intermediario como un ciudadano andorrano que en determinados momentos residió en España. Los investigadores vinculan a esta persona con el envío o recepción en Monrovia de más de 1,6 millones de euros a comienzos del año 2000 transferidos desde España. “Todos los envíos [de fondos] son realizados meses después del último envío (año 2000) de diamantes trazado hasta [la] fecha”, recalcan.

El testigo detalló también que uno de los portes de armas desde Bilbao se ocultó entre maquinaria destinada, supuestamente, a abrir una mina en Liberia cuya explotación realizaba una de las empresas bajo sospecha. “Es por ello que se abre la posibilidad, aún no acreditada, de que este cargamento hubiera servido como método de ocultación para el traslado de cargamentos de armas con destino a Liberia, con el fin de ser intercambiadas por Manuel Terrén Parcerisas con el FRU”, apunta el documento policial.

La Policía también incluye en su informe los testimonios de dos testigos protegidos que aparecen en las sentencias del Tribunal Especial para Sierra Leona (TESL) de La Haya. Uno, bautizado como F12, aseguró que en julio de 1999 se desplazó “un hombre blanco” al país africano para comprobar si la mina de Kono, de la que se extrajeron numerosos diamantes de sangre, “seguía bajo control” del grupo paramilitar. “La cadena de razonamiento es simple ―continúa el documento policial―; en julio de 1999 existe un negocio activo” entre el FRU y las empresas mineras presuntamente implicadas. Por ello, añaden los agentes, “si existe este negocio, existe la necesidad de pagar al FRU. Si existe esa necesidad de pago, existe también la necesidad de obtener armas para satisfacerla”.

Otro testimonio incluido en sentencias del TESL que menciona el informe policial es el del testigo F4, quien aseguró haber sido el guardaespaldas de Sam Mosquito Bockarie, jefe de la milicia del FRU. F4 afirmó haber presenciado una reunión en las oficinas de una empresa minera en Monrovia en la que se hicieron entrega de entre 10 y 15 cajas de munición y granadas RPG en la que participaron “personas blancas” que describió como españoles.

La querella que dio inicio a la causa ya detallaba que antiguos miembros del FRU habían asegurado ante autoridades judiciales internacionales que ellos entregaron piedras preciosas en la capital de Liberia a personas que describían “como europeos o españoles, que hablaban inglés con acento” y que estaban vinculadas con una de las empresas bajo sospecha. Estos testimonios añadían que el origen de los diamantes ―la ONU prohibió a partir de julio de 2000 la exportación desde Sierra Leona de estas gemas a causa de la guerra― era supuestamente falseado para posteriormente introducirlas en el mercado europeo a través de una sociedad belga especializada en el comercio de diamantes.