La reconstrucción a medias del epicentro de la dana: muchos coches nuevos y pocos garajes

Un operario aparca un camión de mudanza frente a un edificio particular. Abre, con parsimonia, el portón trasero ante los ojos de un puñado de personas. Separa primero los bártulos más voluminosos, deja los más pequeños para después. Y con el empeño autómata de quien se dedica habitualmente a trasladar cosas, carga la mercancía sin entender por qué una cámara de fotos lo acompaña hasta el ascensor. Sonríe incómodo. En la calle, de repente, han quedado amontonadas algunas cajas. Con un rotulador negro alguien ha pintado sobre el cartón: “DANA”.

El juzgado número 3 de Catarroja, liderado por la jueza Nuria Ruiz, llevaba nueve meses fuera de Catarroja. Porque en este municipio de 30.000 habitantes, donde fallecieron 25 vecinos, no se salvó casi nada por debajo de los dos metros de altura. Los juzgados se inundaron en el sótano y el agua llegó a los 60 centímetros en la planta baja. Y este equipo, que investigaba casos civiles y penales de primera instancia antes del 29 de octubre, y que ahora instruye la causa más grande de Valencia, ha vuelto este viernes al lugar donde empezó todo. Es en esas cajas de mudanza y en sus miles de papeles donde se guarda una verdad que a nadie se le escapa en sus calles. Pero que, solo escrita ahí, hace temblar a muchos otros que duermen más lejos.

Catarroja se convirtió junto a Paiporta en el epicentro del terror de la dana. Entre las dos localidades, separadas por seis kilómetros, se concentró el mayor número de muertos, 70 (de un total de 228). El agua fue cruel con estas poblaciones de la periferia sur de Valencia, el motor de la tercera área urbana más grande de España, donde vive la bolsa de trabajadores que la sostiene. Una zona pegada a la capital sumida durante semanas en un infierno de cadáveres por encontrar, fango hasta las orejas y coches amontonados. Un terreno arrasado por un tsunami a 10 kilómetros de un Corte Inglés.

Por sus calles, todavía empolvadas, tendrán que desfilar a partir de ahora los más de 40 abogados, en una causa donde hay más de 250 declaraciones entre las familias de las víctimas, asociaciones de afectados, de desaparecidos, funcionarios, técnicos, que acumula 14 tomos, centenares de diligencias y señala de momento cada movimiento de los dos principales investigados, la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su número dos, el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. Y será desde estas calles donde se legitime una reconstrucción, hasta ahora la única, de lo que sucedió en las horas previas a que 228 personas se ahogaran.

El juzgado número 3 de Catarroja provoca con cada informe de la jueza un terremoto a 360 kilómetros de aquí. El último, contra una cronología de los hechos enviada por la Guardia Civil, que tacha de “incorrecta y errónea”. Aunque también ha acusado a los responsables de enviar una alerta a la población que llegó tarde y mal —concluyó que la mayoría de las muertes se produjeron antes del mensaje a los móviles—, ha destapado la actitud bochornosa de algunos funcionarios, ha tratado de que el máximo responsable, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, declare (no puede ser investigado por este juzgado por su calidad de aforado) y con cada diligencia pone orden en un caso plagado de acusaciones políticas que buscan tirar balones fuera.

Catarroja no es Nueva Orleans. Pero desde este municipio se levanta una causa penal por la muerte de 228 personas que no se llegó a emprender en otros rincones del mundo azotados por catástrofes naturales. En esa ciudad de Estados Unidos, sacudida en 2005 por el huracán Katrina, nadie fue procesado por su gestión directa de la respuesta pese a los retrasos en las evacuaciones y la entrega de ayuda, según señala The Washington Post. Tampoco tras las inundaciones de Alemania de 2021: un líder de distrito fue acusado de homicidio por negligencia, pero su caso fue finalmente desestimado. Nueve meses después de la tragedia, Catarroja trata de reconstruirse y reconstruir también la verdad histórica de lo que vivió.

Han pasado 273 días, los mismos que tarda en formarse una persona. En ese lapso de tiempo, la naturaleza es capaz de crear un hígado, unos pulmones, unas uñas. Pero no es capaz de acabar con “el maldito barro”, convertido ya en polvo finísimo, se lamenta Pilar, de 90 años. Barre como cada mañana incansable la puerta de su casa en el carrer de Sant Antoni de Catarroja, esa en la que estuvo encerrada cinco días en la planta de arriba, hasta que su hija pudo sortear montañas de coches para arrastrarla de los brazos y sacarla de ahí.

Ni a Pilar ni a Marian, dueña de la ferretería La Peatonal en Paiporta, que abrió su local el 3 de febrero, tienen que contarles lo que sucedió el 29 de octubre entre las 18 horas y las 20.11, cuando se envió la alerta por los móviles. Ni ellas, ni miles de vecinos, necesitan ningún dictamen judicial para concluir que si la llamada de una hija no hubiera llegado a tiempo para avisarles de que se subieran a los pisos de arriba, se habrían muerto, como muchos de los que ahora echan de menos. Por eso estos días siguen rascando las aceras, para sacudir con sus manos lo que condenó ese día a su pueblo.

La Generalitat Valenciana ha informado esta semana de que han movilizado 2.400 millones de euros para afrontar la reconstrucción de las poblaciones afectadas por la dana y ha pagado el 53% de las ayudas directas solicitadas por las familias y empresas afectadas (unos 976 millones). Pero cuando los datos se aterrizan en la superficie, cientos de locales bajos cerrados delatan que todavía queda mucho por hacer. “Nosotros pudimos abrir porque teníamos ahorros. Los más mayores, que podían jubilarse, lo han hecho y han cerrado”, cuenta Marian desde la ferretería de Paiporta. Su tienda, que quedó completamente inundada, pudo abrir cuatro meses después porque construyeron unos muros de pladur para evitar la humedad de las paredes. En la calle Primero de Mayo de Paiporta (antes la calle comercial) solo han reabierto un puñado de los locales de la acera de la izquierda.

Para el concejal de Urbanismo de Catarroja, Martí Raga, lo más preocupante es que se cronifiquen las consecuencias de la dana en el municipio. Hay todavía viviendas con daños no urgentes, pero sí en condiciones muy “precarias”. Un pueblo que criará a una promoción completa (unos 1.500 alumnos) de un instituto público que arrancará el curso escolar en septiembre en barracones y probablemente se gradúe en ellos. Una localidad que se ha convertido en el epicentro de la justicia, pero cuyos juzgados pasaron meses encharcados y, por tanto, cualquier trámite sencillo obligaba a sus vecinos a desplazarse hasta la capital. Un lugar que trata de hacer pequeñas reformas con “escasez de material y de mano de obra”, destaca Raga, pues hay un exceso de demanda en toda la zona. Que todavía tiene más de la mitad de los garajes inutilizados.

La imagen que resume nueve meses de esfuerzo en reconstruir la zona es la estación de metro de Paiporta (la red fue inaugurada en junio), en la que el Gobierno de la comunidad ha invertido 5,5 millones de euros. Un edificio que parece una nave espacial se erige sobre la que fuera una antigua caseta que quedó en ruinas por la tromba de agua. Un lugar devastado, donde ni siquiera se salvaron las vías del tren y el puente por donde pasaba, que cruzaba el barranco, tuvo que ser derribado para construir otro. Frente a la entrada principal hay una explanada convertida estos días en un parking público donde antes había un conjunto de casas bajas.

En lo que fue el epicentro de la dana hay coches aparcados frente a vados, rampas, pasos de cebra. Hay coches en las aceras, en lo que antes eran parques y ahora, un descampado de tierra. El Consorcio de Compensación de Seguros, organismo público y dependiente del Ministerio de Economía, ha tramitado más de 144.000 solicitudes por daños a vehículos (hay pendientes más de 1.300 que no llegaron a ser localizados), así que las calles de los municipios devastados se han llenado de coches nuevos sin garajes donde meterlos, muchos de ellos todavía en obras o pendientes de reforma. “Todo Paiporta se ha llevado la letra M de la matrícula”, bromeaba Vicente, un vecino que consiguió salvar el suyo. Y mientras lo dice pasa uno, y otro, y otro, matriculados entre el año pasado y este.

Nueve meses después de la mayor catástrofe de la historia reciente de España, los vecinos viven mirando la temperatura del mar. La prensa local ha informado de un detalle, que hace un año era irrelevante para muchos de ellos. El golfo de Valencia ha alcanzado este mes los 25,5 grados. Y poco importa que los expertos expliquen que la gota fría no solo depende de que se caliente el Mediterráneo, “en septiembre, otra vez muertos de miedo”, dice Marian. “Se ha reconstruido mucho de lo que faltaba. Donde había vías, se han puesto unas. Donde había un puente, otro. Pero no se ha hecho nada todavía para evitar que nos pueda volver a suceder”, sentencia el concejal de Catarroja.