La jueza de la dana desmonta el informe de la Guardia Civil crítico con la Aemet y la Confederación del Júcar: “Es erróneo e incompleto”

La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, desmonta de manera tajante en su último auto el informe de la cronología sobre el barranco del Poyo que le entregó el pasado viernes la Guardia Civil, en el que reprochaba a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) la falta de avisos de lluvias y aumentos de caudales en las horas críticas de las inundaciones que causaron 228 muertos el 29 de octubre en la provincia de Valencia. La jueza critica al instituto armado por no haber tenido en cuenta para la elaboración del documento todas las fuentes, la opinión de los expertos y la de las víctimas que ya han testificado o incluso los informes de la propia Generalitat valenciana incorporados al sumario de la causa.

La jueza concluye en el auto, dado a conocer este miércoles, que el informe es “claramente incompleto” y “erróneo en sus consideraciones y apreciaciones sobre los fallos y negligencias de los intervinientes en los sucesos”. Y considera, además, que la Guardia Civil se ha extralimitado en su encargo. De hecho, la jueza ha vuelto a rechazar la imputación del presidente de la CHJ, Miguel Polo.

“Es un informe erróneo por los limitados elementos de prueba con los que cuenta en su elaboración. Se trata de un informe extenso, 220 páginas, pero que ni puede atender a lo que sucedió en el CECOPI, a las testificales de los técnicos, a las declaraciones de los familiares de las víctimas que fijan en muchos casos casi el momento exacto en el que fallecieron sus allegados (elemento de conexión con el retraso en la alerta), a los peritos que analizan y analizarán aspectos cruciales sobre las previsiones y los desbordamientos”, dice en uno de sus párrafos la magistrada de Catarroja que instruye la causa penal.

La magistrada prosigue: “No se atiende a declaraciones de especial relevancia y de indudable prestigio por su cualificación profesional que expresan conclusiones radicalmente distintas a las expuestas e incluidas indebidamente en la cronología. Refleja una teoría, la del apagón informativo, plenamente superada, que fue descartada judicialmente. Y en lo concerniente a la información de la Aemet proporcionada al 112 de la Generalitat, no se incide en las comunicaciones que efectivamente se produjeron telefónicamente. Una de ellas era un audio, que presuntamente se publicó recortado, y que reflejaba que efectivamente sí que se informó sobre la evolución meteorológica. No existe mención alguna a dicha comunicación de especial relevancia que fue publicitada y difundida públicamente, incluso por alguna autoridad, como un medio de desacreditar la existencia real de avisos por la Aemet”, apunta, en referencia al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, del PP, que difundió ese audio manipulado en su cuenta de la red social X.

El informe de la Guardia Civil, que se dio a conocer el pasado viernes, fue aprovechado por la Generalitat Valenciana para lanzarse contra las agencias del ministerio de Transición Ecológica (la CHJ y la Aemet) y abundar en su estrategia de responsabilizar al Gobierno de la falta de información sobre la catástrofe. De esta manera se explicaría el envío “tardío” y de contenido ”erróneo", según la magistrada del mensaje masivo Es-Alert a los móviles de la ciudadanía a las 20.11 (cuando ya se había producido la mayoría de muertes) o que Mazón no modificase su agenda, prolongara la sobremesa de una comida con una periodista aquella fatídica tarde y no llegase hasta el Cecopi, el centro que coordinaba la respuesta, hasta las 20.28.

En lo correspondiente al llamado “apagón informativo”, la jueza considera el único momento con falta de información que se produjo es lo que se calificó en el Cecopi como periodo de trabajo exclusivamente presencial, que tuvo lugar en dos ocasiones que fueron momentos cruciales durante la jornada del 29 de octubre.

Informe fuera del “encargo”

La jueza“Los bomberos forestales fueron desplegados y se retiraron. Difícilmente se puede achacar a la Confederación Hidrográfica del Júcar ni a su presidente que se retiraran los bomberos, que no se controlara el desbordamiento, y que se ocasionara el abrumador número de fallecimientos. Todas estas cuestiones no son abordadas por el informe de la Guardia Civil”, prosigue.

“La retirada de los bomberos forestales consta también en la documentación remitida por el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, refiriendo que se movilizan dos unidades, la de Buñol y la de Alzira. La de Buñol para realizar lecturas de nivel de agua en escalas en el barranco del Poyo en zonas de Ribarroja y Cheste, a fin de “iniciar la vigilancia en el punto de inspección de Ribarroja, parte alta de la cuenca, dado que “si se alcanza un nivel crítico en ese punto, la consecuencia sería la afectación directa en los municipios aguas abajo, en concreto, Torrent, Picanya y Paiporta”.

La cronología de la Guardia Civil incide en la “inexistencia de avisos” de la CHJ ante el ascenso “exponencial” de la rambla del Poyo entre las 16:15 y las 18:43 horas, y apunta su desconocimiento sobre si Aemet facilitó “en tiempo real” al Centro de Emergencias “datos exactos” de precipitaciones de aquel fatídico 29 de octubre.

La jueza, además, señala “un vicio de origen” porque el informe de la Guardia Civil “no se corresponde” con su encargo, pues debía limitarse a una cronología de desbordamientos y su relación con los fallecimientos y no solicitaba “ninguna valoración” de las actuaciones de los intervinientes. “El análisis de la negligencia, fallos o posición de garante, es exclusivamente jurisdiccional”, concluye.

Tras una larga exposición razonada, la jueza rechaza la “declaración como investigado de Miguel Polo Cebellán”, presidente de la CHJ, como en anteriores ocasiones, que había solicitado la Asociación Liberum, acusación particular y popular que basó su petición en el informe de la Guardia Civil.

Tras hacerse público el auto, la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Susana Camarero, ha considerado que “debe ser tenido en cuenta” el informe elaborado por la Guardia Civil y que “nadie duda” de que este “es un organismo de solvencia más que acreditada. Ha señalado que nunca hace valoraciones de los autos judiciales de ningún proceso y ha incidido en que el informe de la Guardia Civil “viene a corroborar lo que la Generalitat ha dicho desde el primer día”.