Una asociación de fiscales pide al Supremo que aparte del cargo al fiscal general cuando lo siente en el banquillo

La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (Apif) ha solicitado al Tribunal Supremo que suspenda de forma cautelar al fiscal general del Estado cuando dicte el auto de apertura de juicio oral, el paso siguiente que tendrá que dar el juez Ángel Hurtado una vez que la Sala de Apelación dio este martes luz verde a sentar a Álvaro García Ortiz en el banquillo. La APIF, que está personada como acusación popular en la causa contra el jefe del ministerio público, argumenta su solicitud en que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) prevé la suspensión de empleo y sueldo para los fiscales contra los que se abra juicio, un paso que el instructor dará en septiembre, según las fuentes consultadas. Según esta asociación, aunque García Ortiz esté fuera de la carrera mientras sea fiscal general (está en servicios especiales) se le tiene que aplicar esa norma, un extremo que rechazan fuentes de la Fiscalía General.

La APIF es una de las asociaciones de la carrera fiscal que ha reclamado la dimisión del fiscal general desde que el Supremo le encausó por una supuesta revelación de secretos vinculada al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, pero García Ortiz ha rechazado hasta ahora dar ese paso y fuentes de su entorno se remitieron este martes a lo que García Ortiz afirmó cuando Hurtado dictó el auto que ahora ha confirmado la Sala de Apelación: “La mentira no puede derrotar a un fiscal general”. Una vez que la renuncia del jefe del ministerio público se da casi por descartada, la asociación pretende que sea el Supremo quien le aparte del cargo de forma cautelar cuando le envíe definitivamente al banquillo.

Para apoyar su petición, la APIF reinterpreta el estatuto de la carrera fiscal tanto en lo que respecta a si esa norma afecta al fiscal general como en lo relativo a quién es el competente para apartarlo del cargo. En un escrito presentado en el Supremo, considera que, aunque García Ortiz esté en servicios especiales, no existe “ninguna duda” de que el jefe del ministerio público “se integra dentro del concepto ‘cualquier miembro de la carrera fiscal’” al que se refiere el artículo 145.1 del estatuto cuando establece la suspensión de los fiscales contra los que se abra juicio. La asociación se basa en el artículo 12 de esa norma: “Son órganos del Ministerio Fiscal: a) El Fiscal General del Estado”; y en el artículo 31. 4: “Serán aplicables al Fiscal General del Estado las incompatibilidades establecidas para los restantes miembros del Ministerio Fiscal…“.

Asimismo, aunque el competente para suspender a los fiscales es el fiscal general, la Apif sostiene que a García Ortiz tiene que apartarlo el instructor. A esa conclusión llega la asociación tras determinar que los altos cargos de la Fiscalía General que deben sustituir al jefe del ministerio público en casos de ausencia, imposibilidad o vacante, la teniente fiscal y la jefa de la Inspección, “no son independientes”. “Ante la inoperancia de los mecanismos previstos reglamentariamente, corresponde al juez instructor adoptar medidas cautelares que resulten necesarias para preservar el buen desarrollo del proceso”.

La Apif asegura que “además de ser imperativa en términos legales”, la suspensión cautelar de García Ortiz “es imprescindible para garantizar el correcto desarrollo del proceso”. “Si D. Álvaro García Ortiz continuara siendo Fiscal General del Estado en el acto del juicio oral, él sería el superior jerárquico del fiscal designado para intervenir y, en calidad de tal, podría impartirle órdenes”, afirma.

En paralelo a las derivadas judiciales avanza también la repercusión política tras la decisión del Supremo de avalar que se siente en el banquillo al fiscal general. El Partido Popular ha registrado en el Congreso una petición de que se convoque la Diputación Permanente para poder debatir y votar la comparecencia urgente del Ministro de Justicia, Félix Bolaños, para pedirle explicaciones sobre la situación de García Ortiz, que el PP considera una “grave anomalía democrática sin precedentes”. El PP ha registrado también en el Senado una petición de comparecencia de Bolaños ante la Comisión de Justicia, informa Elsa García de Blas.