El Gobierno se aferra a la “inocencia” del fiscal general para resistir la ofensiva por su procesamiento

El procesamiento del fiscal general era un escenario que el Gobierno ya había contemplado, y la decisión estaba tomada al máximo nivel, esto es, por parte de Pedro Sánchez: el apoyo a Álvaro García, que ha sido inequívoco durante toda la crisis, va a continuar. Sánchez, según su entorno, considera que García “es inocente” y por eso piensa mantener el apoyo hasta el final. El presidente fue rotundo desde Mallorca, tras la audiencia veraniega con el rey Felipe VI. “Nosotros respaldamos la acción del fiscal general. Creemos en su inocencia. Cuenta con el aval del Gobierno de España”, dijo.

Sánchez evitó ninguna crítica directa a los jueces que han decidido procesarlo pese a esa inocencia que él defiende. El Gobierno quiere evitar el choque de trenes público con el Tribunal Supremo, pero en privado es muy evidente la indignación que trasladan distintos miembros del Ejecutivo después de la lectura del auto que avala el procesamiento de García. El Gobierno se coloca mucho más cerca de la posición expresada en su voto particular del que estaba llamado a ser el instructor, y que finalmente ha tenido que dar un paso atrás porque los otros dos jueces no estaban de acuerdo con su visión.

El Ejecutivo vive este golpe inédito, que en circunstancias normales habría supuesto la dimisión inmediata del fiscal general, como un paso más en un proceso que en privado distintos miembros del Gobierno califican de “despropósito”. La cuestión viene de lejos, y forma parte de los procesos que en La Moncloa han discutido abiertamente, como el que se sigue contra la esposa del presidente, Begoña Gómez, o su hermano. Sánchez y su equipo han vivido todos estos procesos, por cuestiones muy diferentes, como una ofensiva judicial injusta contra el Gobierno. Una visión completamente diferente a la que han tenido en el caso Cerdán, en el que en ningún momento han cuestionado las decisiones del juez, ni siquiera en privado.

El Gobierno ha visto siempre una operación política detrás del proceso contra el fiscal general y ha defendido que entre el fiscal que investiga el delito y el presunto delincuente, esto es, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, siempre van a estar con García. Ahora que además hay un voto particular muy claro al que se pueden aferrar, y en el que se señala que no hay indicios para procesar al fiscal general, el Gobierno está aún más convencido de su hipótesis inicial. El entorno de Sánchez da por hecho que la presión de la oposición será muy fuerte, pero la decisión de apoyar a García es firme y directa del presidente, y, por tanto, se va a mantener.

¿Y qué pasaría si fuera condenado? Este sí es un escenario que en La Moncloa consideran completamente imposible, porque no hay ninguna prueba incriminatoria y de hecho hay varios periodistas, testigos directos, que apuntan que no fue el fiscal el responsable de la filtración porque ya tenían la información antes de que estuviera en su poder, y, por tanto, no pudo ser él quien se la trasladó, o porque afirman con rotundidad que las fuentes fueron otras.

Otra de las posibilidades del caso es que Álvaro García decidiera dimitir, algo que según algunas fuentes estuvo encima de la mesa en un primer momento, pero ya se ha descartado hace meses. Ortiz tampoco se plantea dimitir ahora con el procesamiento, según fuentes próximas citadas por Europa Press. El fiscal general no cambia de opinión, pues, desde el pasado 16 de octubre, cuando decidió continuar en su puesto después de que el Supremo le encausara por el caso de las presuntas filtraciones de datos fiscales de la pareja de Díaz Ayuso. Ortiz considera que una dimisión sería una forma de reconocer su culpabilidad, y, por el contrario, no hacerlo es defender su inocencia. El fiscal general insiste en que lo único que hizo fue buscar información para poder desmentir un bulo que había colocado el Gobierno de Madrid en El Mundo, esto es, que era la fiscalía la que ofrecía un pacto a la pareja de Ayuso, cuando era exactamente al revés.

Sánchez no tiene, pues, ninguna intención de dejar caer esta pieza clave del fiscal general. Aunque algunos sectores del Gobierno admiten que García ha perdido con esta polémica cualquier capacidad de control de la fiscalía, porque ha perjudicado mucho su imagen en el mundo judicial, Sánchez y su entorno insisten en que ya no es una cuestión de la imagen del fiscal, sino de ceder ante un procesamiento injusto en el que ven motivaciones políticas. Sánchez ha tenido una gran tensión con sectores judiciales conservadores desde que llegó al poder, pero se recrudeció mucho desde que sacó adelante la ley de amnistía, que ha sido tomada como una agresión directa en estos sectores. Y cree que ceder y entregar la cabeza de García por algo que insiste en que no ha hecho y sin que haya ninguna prueba concluyente que lo incrimine sería aceptar una injusticia y lanzaría un mensaje de debilidad peligroso para el propio Ejecutivo.

Además ahora, con el voto particular del magistrado Andrés Palomo, que es muy claro —“no resulta posible con el acervo indiciario acumulado atribuir de una manera mínimamente justificada la filtración del correo al investigado”, señala en ese texto— el Gobierno cree que tiene mucha más fuerza para insistir en que el proceso no tiene ningún sentido porque ya no es solo un fiscal el que no ve delito, ni un grupo de periodistas el que lo exculpan, sino un juez, y, por tanto, sin vinculación alguna con el Gobierno, quien pone negro sobre blanco que el proceso no se sostiene. “El voto particular da mil vueltas al mayoritario, solo hay que leerlos. Esto implica que dentro de la sala segunda hay gente diciendo que esto es un exceso. Confiamos plenamente en la sentencia absolutoria. No hay ningún elemento para condenarle”, resume un miembro del Ejecutivo.