El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra afirma que la licitación de Belate fue “transparente”

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha declarado este martes en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo que la adjudicación de las obras para la ampliación del túnel de Belate siguió “el proceso administrativo previsto en la normativa y ha sido legal y transparente”. La licitación del Belate de 2024 por 76 millones de euros, la obra más grande del actual Gobierno navarro, fue adjudicada a Acciona y Servinabar, que participaron en una Unión Temporal de Empresas (UTE).

Ambas empresas también se presentaron a otras adjudicaciones públicas de la comunidad foral y aparecen señaladas en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como en la cima de la trama de mordidas por obras pública de dos ex secretarios de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y el exasesor de este, Koldo García. Durante un registro, la UCO encontró documentación sobre la presunta participación del 45% de Cerdán en Servinabar. El juez del Supremo que lleva el caso ha afirmado que Belate no está, de momento, entre las obras investigadas en el alto tribunal. Una cuestión que Chivite ha repetido durante su comparecencia: “En los papeles [de la UCO] no aparece nada de Belate”.

Chivite ha insistido en las respuestas a los senadores que nunca le llegó el rumor de que la licitación del túnel de Belate estuviera dirigido de antemano para que fuera a parar a Acciona y Servinabar.

El consejero también ha incidido que los votos particulares de los letrados de la mesa de contratación se referían a que hacía falta ampliar la “concreción técnica” para la adjudicación, y no que esta fuera a dedo. Del mismo modo, ante las preguntas de la senadora de UPN María Caballero, ha afirmado que no pone la mano en el fuego “por nada ni por nadie” y que no dimitirá si se demuestra en los tribunales las irregularidades en las licitaciones a obras públicas a cambio de mordidas.

Las declaraciones de Chivite chocan con la postura del secretario de la mesa de contratación de la obra de los túneles de Belate, Lorenzo Serena, que está previsto que comparezca este martes a las 16.00 horas en el Senado. Serena escribió una instancia general en marzo del año pasado sobre las irregularidades que, según su opinión, se estaban produciendo durante la adjudicación: “En las actas se deja constancia (porque es verdad, así lo dijeron), que cinco de los ocho miembros de la mesa (cinco, sí, tres ingenieros) reconocieron saber de los comentarios en el sentido de que la obra de Belate se la llevaría una concreta oferta. Ese comentario no es de pasillo, ni un chisme; se dijo en una reunión de la mesa y figura en acta por su relevancia”, y añade: “El problema serio existe cuando en esas conversaciones presenciales se constata (reconocido por el interesado que lo cuenta y así consta en acta) que el orden de valoración y las correspondientes puntuaciones se otorgan contraviniendo la lógica de funcionamiento de cualquier órgano colegiado, en el que todas las opiniones han de tener el mismo valor y transparencia (aquí las recibe una persona que en último término efectúa la suya) El problema serio aparece por añadidura, si se verifica que esa última puntuación tiene valor decisorio, pues altera el sentido de la puntuación del resto”.

La oficina de buenas prácticas y anticorrupción de Navarra afirma que Serena ha sufrido recientemente “un acto de represalia” por parte del director general de obras públicas, Pedro López Vera. Según adelantó a finales de junio Diario de Navarra, la plaza de funcionario de Serena fue trasladada de la céntrica avenida de San Ignacio, en Pamplona, a una nave industrial de un polígono de Landaben, a las afueras de la ciudad. Posteriormente, la oficina de buenas prácticas obligó a reubicar de nuevo al funcionario, y así lo hizo. Chivite niega cualquier castigo contra el funcionario. No obstante, la oficina de buenas prácticas señala ahora que se deberían tomar “medidas correctoras disciplinarias” contra López Vera.