Dos acusados de asesinar con una narcolancha a dos guardias civiles, en libertad provisional tras pagar una fianza

Mohamed Laachiri y Yassine El Morabet, dos de los cuatro tripulantes de la narcolancha que, en la noche del 9 de febrero de 2024, embistió en el puerto de Barbate (Cádiz) una embarcación de la Guardia Civil causando la muerte a los agentes Miguel Ángel González y David Pérez y heridas a cuatro compañeros suyos, han quedado en libertad provisional, según han confirman a EL PAÍS este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Su salida del Centro Penitenciario de Puerto II (Cádiz) se ha producido después de que el pasado 9 de julio abonasen, respectivamente, los 10.000 y 15.000 euros de fianza que el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate, Ángel Rojas, instructor de la causa, les impuso en el pasado 4 de julio como una de las condiciones para excarcelarles. La Fiscalía apoyó la medida, que contó con la oposición de las acusaciones, entre las que están las asociaciones profesionales de guardias civiles Jucil y AUGC.

No obstante, Laachiri y El Morabet, que fueron arrestados juntos hace siete meses al regresar a España tras permanecer ocultos en Marruecos, tendrán prohibida la salida de España, se les retira el pasaporte con este fin y deberán comparecer en el juzgado cada 15 días. Los otros dos detenidos por este suceso, Abdennour El Hichou y Karim El Baqqali, este último piloto de la narcolancha, seguirán por ahora en prisión.

La puesta en libertad provisional de ambos se produce después de que su abogado solicitara en sendos escritos su excarcelación con el argumento de que supuestamente tenían “arraigo” en España. En el caso de El Morabet, la defensa esgrimía el contrato de arrendamiento de una casa en El Cuervo (Sevilla) por parte de sus padres, donde aseguraba vivir, y varias nóminas de un trabajo que tuvo en 2023. De Laachiri aportaba un certificado de empadronamiento en Algeciras (Cádiz) del mes de marzo de 2024 y otro de Mijas (Málaga), así como una acreditación de que fue usuario del sistema sanitario público de Andalucía poco antes del suceso.

El juez consideró que estos documentos no acreditaban, en modo alguno, el arraigo de ninguno en España, por lo que acordó mantener para ambos la prisión provisional, aunque ahora eludible con el pago de una fianza. El instructor argumentó esto último en que, pese a la gravedad de los delitos de los que se les acusa ―dos de asesinato consumado y cuatro en grado de tentativa, entre otros― y “la evidente participación” de ambos en los hechos tras sus confesiones, los siete meses que llevaban en prisión desde su arresto habían aminorado el peligro de que intentaran escapar. “Cabe entender que la subsistencia del riesgo de fuga puede ser paliada mediante otras medidas menos gravosas para los derechos fundamentales”, añadía en su resolución.

El abogado también pidió la excarcelación de un tercer tripulante, Abdennour El Hichou, detenido en mayo. El letrado alegó de nuevo un supuesto arraigo del detenido, en este caso en Ceuta, que el juez tampoco consideró real. No obstante, el instructor argumentó su negativa a fijar, como a los otros dos detenidos, la prisión eludible bajo fianza en otros motivos. Entre ellos, que El Hichou entró en prisión “hace escasos dos meses” y que había permanecido “durante casi 15 meses” oculto en Marruecos, país “muy próximo” a la ciudad norteafricana donde aseguraba que iba a vivir si salía en libertad provisional. Por todo ello, concluía que excarcelarle aunque fuera con una fianza y medidas cautelares como la prohibición de salir de España “no impediría que pudiera burlar con relativa facilidad los controles fronterizos oportunos y regresar” a su país de origen.

También seguirá en prisión El Baqqaly, el primero que fue detenido, en septiembre. Este admitió entonces que pilotaba la narcolancha e intentó justificar ante el juez su actuación aquella noche en una supuesta situación de necesidad económica y familiar, con varios hijos a su cargo, y que la organización para la que trabajaba transportando alijos entre Marruecos y la Península le había obligado a trabajar pilotando narcolanchas. El autor confeso de la embestida mortal recalcó que en un primer momento pensó que solo había golpeado ligeramente la embarcación de las víctimas y que desde que se enteró por noticias que leyó en internet de que había dos fallecidos, le costaba conciliar el sueño. El Baqqaly dio los nombres de los otros tripulantes, aunque para entonces ya habían sido identificados por la Guardia Civil.

Las excarcelaciones de Laachiri y El Morabet se produce cuando el juez espera un informe pericial que debe determinar si la narcolancha embistió a los agentes de manera accidental, como han asegurado en sus declaraciones los cuatro detenidos, o fue una acción intencionada, como apunta la Guardia Civil en sus informes. El instructor pretende con este estudio determinar si mantiene contra ellos las acusaciones de asesinato o si las rebaja a homicidio.

En el primer caso, entendería que hubo intencionalidad por parte de los tripulantes de la narcolancha y la condena se podría elevar hasta los 25 años por cada uno de los fallecimientos e, incluso, a prisión permanente revisable si se concluye que estaban integrados cuando lo cometieron en una organización criminal, otro de los delitos de los que se los acusa. Por el contrario, si se concluye que la embestida fue accidental, sería homicidio, y la pena se situaría en la horquilla de entre 10 y 15 años, o menos, si los hechos se catalogan como homicidio por imprudencia grave, penado con un máximo de cuatro años.