Sánchez busca cohesionar a la mayoría del Congreso con un plan anticorrupción “potente”
El Gobierno ha incorporado muchas exigencias de los socios para salvar un pleno durísimo
Como casi siempre, hasta el final y con complejas conversaciones a muchas bandas, el Gobierno intentaba en las horas previas al decisivo pleno en el Congreso de este miércoles cerrar unas medidas del plan anticorrupción que presentará Pedro Sánchez en las que, según fuentes del Ejecutivo, ha incorporado la mayoría de las reclamaciones de sus socios para poder contentarlos. El Gobierno asegura que ha diseñado un “paquete potente” de medidas que pondrán a España en la vanguardia de la lucha anticorrupción para dar una respuesta contundente al escándalo del caso Santos Cerdán, el último secretario de organización del PSOE, en la cárcel desde hace 10 días, y especialmente para satisfacer las exigencias de los socios y evitar que se rompa o empiece a tener grietas insalvables la mayoría.
Sánchez atraviesa la mayor crisis política desde que es presidente y necesita evitar a toda costa que la fotografía de un pleno que se prevé durísimo por los ataques de la oposición no incluya también la sensación de que ha perdido la mayoría. El argumento principal del presidente para no presentar una cuestión de confianza es que no la necesita, porque no ha perdido la mayoría, y por eso, aunque este miércoles no se vota nada, es importante para el Gobierno intentar satisfacer a los socios con las medidas y evitar que ninguno pida elecciones, algo que sería un síntoma de ruptura de la mayoría.
Algunos, como Compromís o Coalición Canaria, sí están planteando la posibilidad de reclamar una cuestión de confianza si el presidente no les convence, pero en La Moncloa creen que lo que rompería la fotografía final sería que algún grupo pidiera elecciones. Ni siquiera Podemos, el más duro en sus palabras, lo ha hecho de momento. Y si nadie en la mayoría quiere elecciones, insisten en el Ejecutivo, es porque es posible recomponerla y seguir sacando adelante votaciones. Ione Belarra dijo que no esperan nada de la comparecencia. “Podemos esperar las típicas medidas cosméticas del PSOE. Sánchez está preocupado en apagar el escándalo mediático”, aseguró. Pero de nuevo, no pidió elecciones.

Esta vez el aliado más complicado para el PSOE ha sido su socio de coalición, Sumar, especialmente duro estas semanas, en las que ha presionado mucho para que las medidas sean muy fuertes. Este grupo presentó un decálogo que tenía algunas medidas estrella, como una agencia anticorrupción, que Sánchez podría incluir este miércoles con algún matiz o un nombre diferente. También reclamaba, entre otras cosas, que las empresas que son corruptoras y quedan implicadas en los escándalos, como sucede con Acciona en el caso Cerdán, no puedan tener contratos públicos durante 20 años. Otros grupos como ERC también incidieron mucho en las empresas, y todo indica que el Gobierno incorporará estas ideas en las medidas que anuncie Sánchez.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aseguró que se van a incorporar la mayoría y se mostró convencida de que los socios quedarán satisfechos, pero hasta que empiece el pleno no se podrá ver si contenta o no a los socios. El equipo más directo del presidente lleva semanas preparando medidas, hablando con los socios, redactando el discurso y también elaborando un análisis detallado de los siete años de Gobierno porque el presidente, frente a los ataques de la oposición y las dudas que plantean algunos socios, no solo quiere anunciar el paquete anticorrupción, sino también reivindicar su gestión al frente del Gobierno, los datos económicos positivos y las reformas realizadas, y convencer a sus socios de que vale la pena seguir adelante en los dos años de legislatura que quedan. También tiene preparada una respuesta al PP, comparando la reacción del PSOE ante sus escándalos con la que tienen los populares con los suyos.

En el PSOE ha causado cierta inquietud que sea la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, la que intervenga en el pleno, algo nada habitual, porque normalmente es Sánchez quien habla por todo el Gobierno. La titular de Trabajo no respondía a Sánchez en un pleno desde el debate de investidura, una función que habitualmente recae en la portavoz parlamentaria, Verónica Barbero. En el entorno de Díaz asegura que quiere hacerlo ella ante la gravedad del momento político y para dejar clara la posición de su partido, que es muy exigente con el PSOE y a la vez tiene una lista de medidas concretas que ha hecho públicas. Aun así, nadie ve en riesgo la coalición en este momento y Díaz no parece tener ninguna intención de romperla.
Hasta el último día, Sumar ha mantenido distancias con el PSOE y consciente de lo complicado de su posición —ser críticos, pero a la vez justificar su permanencia en el Gobierno— ha elevado el tono contra el propio Sánchez por la “tibieza” de su respuesta, además de marcar una hoja de ruta clara al pedir un giro social de la legislatura y medidas anticorrupción.
Con matices, y sin desvelar nada de las conversaciones con el PSOE, la presión de los distintos partidos que componen Sumar no ha cedido en las últimas horas. En los Comunes, Gerardo Pisarello, diputado y secretario primero de la Mesa del Congreso, volvió a recuperar este martes la idea de una cuestión de confianza. El planteamiento en sí mismo es ya una advertencia al presidente. “Este miércoles la ciudadanía sabrá si puede confiar o no en la capacidad de Pedro Sánchez para lidiar con la crisis. Puede ser la antesala de una cuestión de confianza formal”, afirmó. “Lo que no podemos permitirnos es ir languideciendo poco a poco mientras la hipocresía de la derecha radicalizada se consolida”, ha añadido. “Si el PSOE no quiere asumir esto, nosotros no vamos a aceptar durar simplemente aferrados a los escaños. Hay que estar preparados para cualquier escenario”, añadió.
También la diputada de Compromís, Àgueda Micó, que en medio de toda esta crisis abandonó hace dos semanas Sumar, apuntó en la misma dirección. “Si queremos saber que hay una reconstrucción de la confianza no nos cerramos a la posibilidad de que pudiera darse con una cuestión de confianza del presidente”, aseguró. Mucho más conciliador, Alberto Ibáñez, el otro diputado de Compromís (que decidió continuar en Sumar) se mostraba convencido de que el presidente recogerá parte de las medidas planteadas por el grupo en la reunión celebrada con el PSOE la semana pasada. “No tengo ninguna duda de que expondrá un plan integral de lucha contra la corrupción y a favor de la democratización del Estado para poder sostener esa mayoría. Solo depende de él”, afirmó.

Las conversaciones se han sucedido estos días y fuentes de Sumar hablaban este martes de que “estaban encarriladas” para lograr que el presidente refleje en su intervención que ha incorporado algunas de las iniciativas “exigidas” por ellos, según palabras de Barbero. Está previsto que la portavoz se reparta los tiempos de la segunda intervención con Ibáñez y el diputado de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, que también ha amagado con abandonar el grupo y pasarse al mixto, aunque de momento, pospone esa decisión a septiembre.
El Gobierno, además de las medidas, entre las que se incluirán peticiones de otros grupos muy importantes para la mayoría como el PNV, Bildu, ERC, Junts o el BNG, también tiene otras negociaciones abiertas no sobre corrupción pero sí para consolidar la mayoría y poder seguir adelante con la legislatura. La próxima semana tiene dos hitos en este sentido, que no son casualidad. El lunes hay una reunión de la bilateral Estado-Generalitat para hablar de la financiación singular catalana, el tema estrella de ERC, que se está negociando intensamente, y el 18 se votará de nuevo en Bruselas la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego, un asunto central para Junts, también con muchas conversaciones discretas detrás. El Ejecutivo sigue así moviéndose de forma discreta para mantener la mayoría, aunque la aparición de nuevos escándalos o las noticias que llegan de los tribunales perjudican mucho su estabilidad.
Después, Sánchez vuelve a su agenda internacional, con un viaje la semana que viene a Mauritania, para centrarse en el combate contra la inmigración irregular, y la siguiente hará otro más largo a Chile, Paraguay y Uruguay, con un contenido más político en un continente que el presidente ha trabajado intensamente para mantener la influencia de España en un lugar con el que comparte idioma, lazos históricos y muchos intereses económicos de las multinacionales españolas. Sánchez evita Argentina, donde gobierna Javier Milei, con el que mantiene una larga disputa política, pero visita a casi todos sus vecinos, tres países en tres días. Desde allí seguirá las posibles noticias del avance de la investigación sobre el caso Cerdán y después cerrará el curso con el último Consejo de Ministros el 29 de julio, y probablemente hará su habitual comparecencia de balance del 28. A partir de ahí, el Ejecutivo se irá de vacaciones hasta finales de agosto, cuando suele volver la actividad, aunque todo seguirá pendiente de las novedades de un escándalo que ha puesto al Gobierno contra las cuerdas.
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