Ni elecciones ni cuestión de confianza

Las deliberaciones de Pedro Sánchez de este fin de semana, después de la imperiosa necesidad de dar respuesta política, ética y concreta al mazazo recibido por la presunta corrupción de quienes más confió en su partido, van en paralelo a las elucubraciones e hipótesis de decenas de dirigentes y cuadros del PSOE. La desolación es absoluta y ante tamaña crisis surge el grito desesperado de que “tome medidas”. Por su responsabilidad con el país y con su partido, va a adoptar decisiones muy meditadas, señalan en su entorno, sin aminorar un ápice su estado de consternación, aseguran. Sobre qué se debe hacer surgen las diferencias en las opiniones solicitadas.

Este lunes, en la reunión de la comisión ejecutiva federal, el secretario general expondrá sus primeras decisiones, ya adelantadas el pasado jueves desde la sede del PSOE: una auditoría interna y el necesario relevo del ya dimitido Santos Cerdán de la todopoderosa secretaría de Organización. La opinión más extendida no considera factible, aunque la versión oficial lo niegue, que la legislatura se complete hasta 2027. Pero tampoco que vayan a convocarse elecciones en otoño, como propugnan algunos dirigentes territoriales.

“Hay que dejar algo de margen para que el partido tome aire y se desenvuelva con cierta normalidad”, señalan interlocutores socialistas. “Nadie convoca elecciones tan anticipadas para perderlas y que gobiernen el PP y Vox”, señala Manuel de la Rocha, miembro del comité federal, adscrito a la corriente Izquierda Socialista y voz respetada en el PSOE. Sí apunta a que candidatos locales y autonómicos pueden aspirar a que haya elecciones generales cuanto antes para alejarlas de las municipales y regionales y que no les perjudique. Además, a modo de descripción, apunta a “críticos” que al pedir comicios buscan la salida de Sánchez para que sea sustituido. Y ese es su objetivo, al margen de resultados electorales.

De la reunión de la ejecutiva tienen que salir “cambios radicales”, medidas internas para el partido y para el Gobierno, en forma de propuestas de cambios legislativos que taponen las grietas de la corrupción en la Administración central, sugieren fuentes socialistas. En estas horas las peticiones, muy pocas públicas, de que el presidente se someta a una cuestión de confianza no tienen visos de prosperar. Sánchez dispone de la información suficiente para descartarla, una vez conocidas las opiniones de los partidos y grupos que le tienen que apoyar. Las máximas dificultades están en Junts y en Podemos. Las condiciones que ambos pondrían para darle la confianza llevarían a un desgaste imposible de asumir.

En ERC, BNG y EH Bildu —los dos primeros piden al presidente que comparezca y ofrezca explicaciones de lo que ha ocurrido, a diferencia del PP, que tiene el relato cerrado con la sentencia de que Sánchez “lo sabía todo”— le dan margen para escucharlo, siempre pendientes de que pudieran emerger más episodios contrarios a la ley y a la decencia democrática. “El escenario es muy volátil”, remachan estas formaciones, que sí pedirán medidas contundentes en los controles de la Administración. A la cabeza de esas exigencias estará el único socio de coalición, Sumar, como ha adelantado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

Esta misma mañana, cuando Sánchez se dirija a puerta cerrada a los miembros de la ejecutiva del PSOE, el coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, parte esencial de Sumar, expondrá en el Congreso un bloque de medidas de regeneración democrática y anticorrupción. “Hay que salir de los lamentos y convertir esta vergüenza en una acción política de audacia y radicalidad democrática”, señala Maíllo a este periódico.

Las tesis sobre si la Administración española tiene o no suficientes diques contra la corrupción difieren; para algunos dirigentes provinciales y regionales, los controles son enormes, hasta el punto de dificultar la toma de decisiones en ayuntamientos y ámbitos autonómicos. Esas cortapisas, sin embargo, conviven con los resquicios que hacen posible la adjudicación de obras y servicios a determinadas empresas a cambio de mordidas o pagos ilegales, fuera de todo control. Tal como ha sucedido desde hace décadas.

Eso es lo que hacían, según los informes de la UCO, José Luis Ábalos, su asesor, Koldo García, y Santos Cerdán. El primero tuvo el máximo apoyo y la confianza más estrecha del presidente del Gobierno durante años. Después la depositó en Cerdán, con la misma intensidad. La dedicación absoluta de Sánchez a la tarea del Gobierno propició que todos los asuntos de partido estuvieran en las manos de estos dos secretarios de Organización. A partir de ahora, los damnificados por las decisiones de partido adoptadas por Cerdán aflorarán, según revelan diferentes fuentes territoriales. Pero ese capítulo es diferente al de la corrupción.

El “aislamiento” en la toma de decisiones de Sánchez es otro de los epígrafes que sobresalen en las últimas horas, con diferenciación de las decisiones sectoriales de Gobierno de las de partido. En estas últimas, ya queda sentado de forma indubitada que dejó hacer a los secretarios de Organización; algo habitual cuando los partidos, al menos el PSOE y el PP, están en el Gobierno. Las decisiones que debe tomar Sánchez, en la peor de las situaciones desde su llegada al poder, no son solo sectoriales, aunque también, sino de honda definición política. Lo señalan interlocutores socialistas que se preguntan si alrededor del líder hay consejeros a esa altura.