Claves | De Begoña Gómez a Félix Bolaños: así trata de escalar el juez Peinado hasta el Gobierno de Sánchez

Tras más de un año de investigación contra Begoña Gómez, el magistrado instructor Juan Carlos Peinado quiere escalar ya hasta el Gobierno de Pedro Sánchez. El juez ha enviado este lunes una exposición razonada al Tribunal Supremo para solicitar la imputación de Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Peinado le atribuye un delito de malversación por la contratación de la asesora de la esposa del presidente del Ejecutivo; y otro de falso testimonio por, según él, mentir durante su declaración como testigo ante el propio instructor. Este es el último episodio de una causa llena de bandazos, restringida en múltiples ocasiones por la Audiencia Provincial de Madrid ante los excesos del juez.

Principal encausada. Las pesquisas de Juan Carlos Peinado se centran en Begoña Gómez, principal investigada, a la que ha imputado cuatro delitos. El sumario se abrió por tráfico de influencias y corrupción en los negocios por las supuestas relaciones de la esposa del presidente con el empresario Juan Carlos Barrabés (al que también ha acabado imputando tras tomarle declaración como testigo) y con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde ella dirigió una cátedra. Pero después se amplió el caso contra Gómez por los delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional por el desarrollo de un software en el seno de esa cátedra.

Otros investigados. Además de a Gómez y Barrabés, Peinado mantiene imputada actualmente a Cristina Álvarez, asesora de la esposa de Sánchez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El juez, que decidió dirigir la investigación contra ella solo 19 días después de rechazarlo, insiste en que colaboró con la mujer del presidente en sus “actividades privadas”. De hecho, por esta parte, el instructor abrió este marzo otra línea de investigación para indagar en un supuesto delito de malversación (costear con los presupuestos públicos el salario de la ayudante). Precisamente, el magistrado pide ahora que se impute a Bolaños por esa contratación de Álvarez en 2018, cuando él era secretario general de la Presidencia. Antes ya imputó por ello a Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en Madrid y sustituto del actual ministro en ese cargo en 2021 (pese a que él no participó en el fichaje laboral y no llegó al cargo hasta tres años después de la designación de Cristina Álvarez).

El falso testimonio. El enfrentamiento entre Peinado y Bolaños se ha hecho evidente desde que el juez decidiera tomarle declaración como testigo en plena Semana Santa. El magistrado quería interrogarlo en la sede del Ministerio de Justicia, en el centro de la capital, pero el representante del Ejecutivo reclamó que la cita se celebrase en La Moncloa, donde tiene su despacho habitual de Presidencia. Bolaños alegó, además, razones de seguridad: debido a que, al fijarse la comparecencia en plenas vacaciones escolares, el dispositivo policial que se debía desplegar iba a dificultar el tránsito de los ciudadanos en esa zona.

Ese movimiento le sentó fatal a Peinado, que aceptó a regañadientes y con un escrito lleno de críticas al Ejecutivo. En ese documento, no solo dudaba de la veracidad del informe que advertía de los problemas de seguridad, sino que se quejaba del trato que le dieron al acudir el pasado verano a La Moncloa a interrogar a Pedro Sánchez. Según dijo, los servicios de seguridad hicieron esperar a su vehículo en el acceso un “tiempo superior al necesario”. Ante ello, Bolaños le ofreció un coche del propio parque móvil del Ministerio para asegurarse una entrada rápida al complejo presidencial, como así se hizo.

Ese episodio fue solo el prólogo. El interrogatorio de Peinado a Bolaños fue muy tenso. El magistrado lo acusó de soltar “evasivas” y de entrar en contradicción con otros testigos (pese a que el ministro lo negaba), y llegó a reprocharle incluso que, en un momento determinado, “esbozase una sonrisa” ante sus preguntas. Ahora, más de dos meses después, el juez ha elevado una exposición razonada al Supremo para que se le impute por falso testimonio en dicha declaración (además de por malversación). Fuentes del Ejecutivo insisten en que Peinado ha tergiversado las palabras del dirigente del PSOE para intentar sostener esa acusación.

Dos imputaciones anuladas. En este tiempo, Peinado ha dirigido la causa contra otras dos personas: Joaquín Goyache, rector de la Complutense, y Juan José Güemes, alto cargo del Instituto de Empresa (IE) y consejero autonómico durante los Gobiernos madrileños de Esperanza Aguirre (PP). Pero la Audiencia anuló ambas imputaciones al considerar que “carecían de fundamento”.

Tras la exposición razonada contra Bolaños, precisamente, varias fuentes recuerdan cómo se intentó sustentar la imputación de Güemes. Para actuar contra él, Peinado concluyó que el directivo del Instituto de Empresa había contradicho a la directora de Recursos Humanos del IE al rechazar que se hubiese contratado a Gómez por ser la mujer del presidente. Pero las actas de ambas comparecencias demostraban que no dieron versiones distintas. Y la Audiencia lo rectificó.

La obsesión con Air Europa. El mayor empeño de Peinado ha sido tratar de indagar en la supuesta relación de Begoña Gómez con el rescate de Air Europa durante la pandemia de covid. La Audiencia le ha tenido que decir hasta en tres ocasiones que parase esa línea de investigación por falta de indicios. E incluso, la última vez que el tribunal provincial le advirtió de que se estaba excediendo en sus atribuciones, le comunicó que, en el caso de que él apreciase irregularidades, debía “deducir testimonio” para que esa parte se enviase a reparto entre todos los Juzgados de instrucción de Madrid, conforme a lo previsto por la ley.

Registros injustificados. La Fiscalía y las defensas han denunciado reiteradamente la “deriva procesal” de Peinado, la falta de argumentación de sus decisiones y sus extralimitaciones (como ignorar durante meses los recursos que le presentan). La Audiencia de Madrid ha tenido que anular los registros que ordenó en la casa y empresas de Juan Carlos Barrabés cuando estaba ingresado en el hospital por una enfermedad grave, al que también le intervino el teléfono y sus dispositivos electrónicos. El tribunal provincial no solo le reprochó que no existía una “urgencia” para una medida de tal calibre, sino que además la adoptó “sin justificar los motivos”, con referencias “genéricas” e “imprecisas”, y sin aportar dato alguno que respaldara esa injerencia.

Imputaciones de testigos. El ministerio público ha denunciado igualmente una práctica habitual de Peinado: imputar a personas a las que ha llamado previamente a declarar como testigos (es decir, sin la asistencia de un abogado y con la obligación de decir verdad). Así lo hizo con Joaquín Goyache, Cristina Álvarez, Juan José Güemes y Juan Carlos Barrabés.

Críticas al fiscal y multas a los abogados. La relación de Peinado con el ministerio público y con los letrados tampoco ha sido buena. El magistrado ha vertido múltiple reproches contra la Fiscalía (la acusó de hacer la “técnica del avestruz” por indicarle que no podía investigar el rescate de Air Europa, como le había marcado la Audiencia) e, incluso, ordenó elaborar un informe sobre las “frecuentes e inusuales visitas” a su juzgado del ministerio público (que acudía allí para tratar de enterarse de las decisiones del magistrado porque, según se quejaba, no se las notificaba hasta después de publicadas en la prensa).

A los abogados también les ha amenazado con sanciones si hablan con la prensa. De hecho, en una causa plagada de filtraciones a los medios, Peinado ha multado con el pago de 5.000 euros a Antonio Camacho, abogado defensor de Begoña Gómez, por comparecer ante los periodistas después de que la esposa de Sánchez declarase por primera vez ante el magistrado —en las citaciones anteriores, ella se había acogido a su derecho a no responder a las preguntas—. También ha castigado por lo mismo, pero solo por un importe de 500 euros, a Marta Castro y Javier María Pérez-Roldán, que representan respectivamente al partido Vox y al grupo ultracatólico Hazte Oír, personados como acusación popular.

A Camacho, exministro del PSOE, le ha dedicado numerosas críticas. Le ha acusado de “menosprecio”, de “clara indiferencia”, de “total desinterés”, de estar “huérfano de argumentos” y de “confiar en que sea el Ministerio Fiscal quien, de una manera más intensa e incluso más brillante desde el punto de vista técnico jurídico, efectúe una defensa de los intereses” de su clienta.