El alcalde de Cáceres denuncia a una mujer que fue en las listas de Vox por retirar las banderas LGTBIQ+ de las escalinatas del Ayuntamiento

Una mujer ha sido denunciada ante la Policía Local por parte del alcalde de Cáceres (PP), Rafael Mateos, después de que decidiese, este pasado domingo 22 de junio, retirar las banderas LGTBI que presiden las escalinatas del Ayuntamiento en la Plaza Mayor, enseñas que pocos días antes había izado el consistorio cacereño de cara a la celebración del orgullo que se celebra el domingo 29 de junio.

La retirada de estas banderas se ha producido durante la procesión del Corpus Christi en Cáceres, una de las paradas estaba en ese lugar del Ayuntamiento y esta persona decidió que no era lugar para que las banderas estuvieran allí, por lo que quiso acabar con ellas. Una acción que lleva a cabo con la presencia de muchas personas, entre ellos agentes de la Policía Local los cuales identificaron a la mujer in situ.

Mateos pedía en redes sociales a la Policía que identifique a la persona que por su cuenta y riesgo bajó las banderas LGBTI durante el Corpus. “Lamento y condeno lo ocurrido. El respeto a los Derechos Humanos está por encima de cualquier ideología”, decía el primer edil que considera que el Ayuntamiento es la “casa de todos”.

Sobre lo ocurrido se ha pronunciado también la concejala popular de Servicios Sociales, Mujer, Igualdad y LGTBI, Encarna Solís, quien ha indicado que “las banderas del Orgullo ya están subidas como este Ayuntamiento ha querido que estén, en cuanto hemos tenido conocimiento de los lamentables hechos producidos, hemos solicitado a la Policía Local la identificación de la persona responsable y tomaremos las medidas que sean oportunas”, ha incidido la concejal.

Por su parte, desde el colectivo LGTBI de Cáceres han señalado que la mujer identificada fue la número 5 en las listas de Vox al consistorio en las pasadas elecciones municipales de 2023. Isabel González, como se llama esta candidata a las municipales, es activista del movimiento Salvemos la Cruz de los Caídos contra la retirada del monumento de la Plaza de América.

La mujer denunciada había pedido al Ayuntamiento que para el día del Corpus Christi “cuando llegue Dios, el Señor vivo al Ayuntamiento para celebrar el Corpus, esos trapos no estén colgando”, trasladaba en las redes sociales, además amenazaba: “Aviso. Si se le falta el respeto, las retiro yo misma”.

Fundación Triángulo Extremadura ha admitido que están estudiando la posibilidad de personarse como acusación particular en la denuncia que se ha interpuesto contra esta mujer: “Estamos hartas de que las banderas de la diversidad se sigan ninguneando y sigan siendo tachadas por parte de la ultraderecha como problema, cuando en realidad el verdadero problema son los malditos delitos de odio”, dice la presidenta de la organización en Extremadura, Silvia Tostado.

Unos hechos a lo que se ha referido la secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez, “tolerancia cero frente a los intolerantes, frente a todas aquellas personas que utilizan la violencia o tratan de imponer por la fuerza sus ideas. Creo que nuestra tierra es lo suficientemente abierta, donde todos cabemos y podemos desarrollar nuestro proyecto de vida familiar”, decía.

Desde Vox Cáceres han explicado a EL PAÍS que no se va a valorar lo ocurrido, ya que los hechos no tienen nada que ver con esta formación política. “Es cierto que la señora que arrió las banderas fue en las últimas listas a las municipales, pero nada más. Ni pertenece al Comité Ejecutivo Provincial, ni a ningún otro colectivo de la organización del partido. Lo que hizo, lo hizo a título particular”, dicen desde esta formación.

Sí inciden que desde Vox han exigido la retirada de las banderas, ya que representan a colectivos minoritarios y que no se pueden ubicar en edificios públicos, es más, dicen que siempre estarán en contra de los “chiringuitos” nacidos alrededor de los movimientos LGTBIQ+.

Mientras, desde el PSOE de la ciudad de Cáceres, el concejal David Holguín considera, que “los discursos de odio en las tribunas tienen sus ejecutores, bien sea tomándose su justicia moral en las calles, bien sean agresiones o insultos a otras personas. Esto es consecuencia directa de pactar con la extrema derecha y otorgarle la categoría de poder formar gobiernos o influir en políticas como socios preferentes” traslada este concejal que pide al Partido Popular que se posiciona claramente en todos los niveles institucionales contra los pactos con la extrema derecha cuyos discursos y valores “atentan contra los derechos humanos y las libertades públicas”.

Desde el PSOE cacereño recuerdan que, en julio de 2022, tres particulares presentaron un recurso contencioso contra el Ayuntamiento de Cáceres (entonces gobernado por el PSOE) por izar las banderas LGTBIQ+ el 22 de junio de 2022. El 13 de abril de 2023 el juzgado contencioso-administrativo número 1 de Cáceres falló a favor del Consistorio. “Agradecemos al Ayuntamiento de Cáceres que actuara rápidamente y restableciera las banderas. Sin embargo, cuando se le da pábulo a la extrema derecha lo mínimo que hace es quitar unas banderas arcoíris en la fachada del Ayuntamiento, mientras siguen señalando en las calles y en las tribunas a personas LGTBI, a las personas migrantes o aquellas que consideran que no son buenos españoles”, cuenta Holguín.

El Ayuntamiento de Cáceres ha informado de que Policía Local va a tramitar una propuesta de sanción para esta persona, por perturbar el orden público en actos o concentraciones, ya que lo ocurrido tuvo lugar durante un evento multitudinario con los niños y niñas que han tomado su primera Comunión este año como protagonistas.

Desde el consistorio trasladan que estas banderas ondeaban con normalidad al inicio de la misa que se ofició en Santa María e incluso en la procesión. Es cuando el desfile vuelve a la Plaza Mayor cuando las banderas ya se encuentran abajo, toda vez que una persona las arrió a la vista de todos los presentes, sin tener ninguna autorización para ello.

Además, se propone dar traslado de los hechos al Ministerio Fiscal por si se encontrasen indicios suficientes que fueran susceptibles de valorarse como posible delito de odio, tipificado en el Código Penal. También se está estudiando si la autora actuó a título individual o si lo hizo como grupo político u organización, tal y como ha señalado el concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Muriel.