El Supremo imputa a Cerdán y pide a la UCO que investigue su patrimonio

El Tribunal Supremo ya investiga oficialmente al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El magistrado Leopoldo Puente, que instruye la causa abierta por la supuesta trama corrupta que tuvo su epicentro en el ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos, ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a investigar el patrimonio de Cerdán y ha requerido al PSOE para que facilite a los agentes la entrada en sus instalaciones para copiar el contenido de la cuenta de correo electrónico corporativa de la que Cerdán disponía en el partido. Agentes de la UCO han entrado ya este mediodía en la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para llevarse una copia del correo electrónico del que hasta lunes era su secretario de Organización. El juez ha pedido igualmente acceder a la cuenta de correo que tuvo Ábalos en el Ministerio de Transportes, donde los agentes han entrado también este viernes para cumplir la orden judicial.

El juez Puente ha dado este paso tras la renuncia de Cerdán, el pasado lunes, al acta de diputado, que implica que deja de estar aforado y el instructor ya puede investigarle formalmente y rastrear su patrimonio y sus comunicaciones. La causa se mantendrá no obstante en el Supremo porque Ábalos no ha dejado su acta en el Grupo Mixto del Congreso. El instructor había citado a Cerdán el próximo 25 de junio para que declarara de forma voluntaria antes de decidir si reclamaba al Congreso el permiso necesario para actuar contra un diputado. Ahora, al no estar ya aforado, la declaración del exdirigente socialista no será voluntaria, advierte el juez, sino “preceptiva y en calidad de investigado”. En el auto dictado este viernes, el instructor ha retrasado la cita al día 30 a petición del abogado de Cerdán, quien reclamó más tiempo dado “el volumen y la complejidad” de la causa.

Tras imputar formalmente al exdirigente socialista, el instructor ha acordado una batería de actuaciones, en su mayoría para acceder a peticiones que le había planteado la UCO. Entre ellas, Puente ha autorizado a la Guardia Civil a copiar la cuenta corporativa del ex secretario de Organización del PSOE, para lo que los agentes han entrado este mismo viernes en la sede del partido, en la calle Ferraz de Madrid. El instructor justifica esta medida en que el informe que le entregó la Guardia Civil el 5 de junio recoge que Cerdán facilitó ese correo a Koldo García para que le enviara información que el magistrado considera relevante para la causa.

El PP había reclamado al juez que dictara una orden de entrada y registro en casa de Cerdán y en el despacho que ocupó hasta la semana pasada en Ferraz, pero el instructor ha rechazado esta opción al considerar que esa medida, “limitativa de derechos”, no es “útil” en este momento. Los populares reclamaban que se llevara a cabo el registro porque existe riesgo de destrucción de pruebas, pero Puente advierte de que ese peligro “no se conjuraría” haciendo ahora el registro, ya que esta medida sería en este momento muy “previsible” para Cerdán, que ha tenido ya varios días para eliminar pruebas desde que supo que se le iba a investigar.

A lo que sí ha accedido el magistrado es a que la UCO rastree las cuentas en las que Cerdán figure como titular o autorizado (algunas ya cerradas), excluyendo las vinculadas al PSOE y a la Fundación Pablo Iglesias. Puente reclama, además, conocer los bienes inmuebles y los vehículos del exdirigente socialista y su información tributaria entre 2014 y 2024.

La investigación de cuentas bancarias, tal como solicitó la Guardia Civil, se extiende a cinco empresarios, que además son citados para que declaren como investigados entre el 4 y el 7 de julio. Se trata de Antonio y Daniel Fernández Menéndez (dueños de OPR), Fernando Agustín Merino Vera (ex cargo de Acciona), José Ruz Martínez (de LIC) y Joseba Antxon Alonso Egurrola (de Servinabar). En total, el número de cuentas bancarias que se van a investigar en esta fase son cerca de 500.

La UCO registró la semana pasada los domicilios de estos empresarios y las sedes de sus compañías al considerar que participaron en las supuestas operaciones de adjudicación ilegal de obras a cambio de comisiones. El instructor había rechazado hasta ahora investigar en el Supremo a empresarios supuestamente vinculados con la trama corrupta, excepto a Aldama, considerado uno de los cabecillas de la red. Pero Puente cree que, en el caso de estos cinco, su conducta sería indisoluble de la de Ábalos, por lo que opta por incorporarlos a la causa del alto tribunal.

La Guardia civil ha acudido también por orden del juez al Ministerio de Transportes para clonar la cuenta corporativa que tuvo Ábalos cuando estuvo al frente de ese departamento; así como a las sedes de ADIF y de la Dirección General de Carreteras, donde la Guardia Civil ha entregado un requerimiento judicial que insta a estos organismos a enviar al Supremo, en un plazo máximo de 15 días, los expedientes de adjudicación de diversas obras. En concreto, solicita toda la documentación relativa a la licitación de cinco obras a ADIF (San Feliú de Llobregat, El Mayor, Murcia, Monforte y Asturias) y seis a la Dirección General de Carreteras (Logroño, Sevilla, Asturias, Úbeda, Teruel, Camino de Santiago).