El Congreso tumba el rechazo del PP y Vox a actualizar el acceso a la carrera judicial en pleno ‘caso Cerdán’

El Congreso ha rechazado este jueves con una mayoría de 177 votos frente a 170 las enmiendas de totalidad presentadas y defendidas por PP y Vox contra la llamada ley Bolaños, la norma que pretende modificar en muchos aspectos el acceso a la carrera judicial de jueces y fiscales. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, que se ha volcado muy personalmente en este proyecto, explicó que la reforma persigue adaptar, modernizar y democratizar un tipo de oposiciones, temarios y métodos de entrada en esos cuerpos judiciales acordes al siglo XXI, porque llevan sin ser tocados desde 1869. PP y Vox no le creyeron y el contexto político, mediático y judicial actual, ahora en pleno apogeo del caso que afecta a Santos Cerdán, el secretario de Organización del PSOE, tampoco ayudó nada. Los populares y el partido ultra coincidieron en acusar a Bolaños y al Gobierno de intentar así colonizar la Justicia porque no la controlan.

La propia entrada en el hemiciclo del Congreso unos minutos antes de comenzar el debate de esas enmiendas de totalidad del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ya marcó el tono, el contenido y el clima de nuevo muy tenso y encrespado de la sesión. Los diputados del PP le recibieron a coro con el grito de “dimisión, dimisión y dimisión” y casi cuatro horas y media más tarde, cuando se votó, acabaron de la misma manera.

Los portavoces de PP y Vox que defendieron en la tribuna sus enmiendas de rechazo total de la ley, Cayetana Álvarez de Toledo y Pepa Millán, apenas hablaron de los cambios bastante notables que se contemplan en la norma y se concentraron sin contemplaciones y con ideas casi idénticas en arremeter con todo contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Así, descalificaron al Ejecutivo como “la banda del Peugeot”, y ahí metieron a los tres componentes (José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García) que acompañaron en 2017 al entonces aspirante a la Secretaría General del PSOE a hacer campaña en su coche privado para recuperar el poder en el partido y que ahora están inmersos en investigaciones judiciales.

Al ministro le costó un mundo mantener un debate “sereno” sobre su proyecto, como imploró y del que se mostró tan “orgulloso y satisfecho”. Insistió en el mensaje de que la reforma es “la mayor transformación de la judicatura en décadas”, también “imprescindible”, y reseñó ahí su objetivo de que con la misma intenta “adaptar la Justicia a las necesidades de los ciudadanos del siglo XXI” para que sea “más ágil, cercana y digital” con algunas “reivindicaciones históricas de la carrera judicial”. La ley orgánica del Poder Judicial, base del cambio actual, se selló en 1985, pero la que regula las oposiciones a juez y fiscal procede de 1869.

Bolaños argumentó que ni la sociedad ni los conflictos ni tampoco los pleitos son ahora similares a los de entonces y por esa línea justificó que a las vigentes pruebas orales y memorísticas, y al temario que no se toca, se pueda incorporar en las futuras convocatorias de oposiciones para esos cuerpos una prueba escrita “para ver cómo se expresan y razonan” los aspirantes que luego tendrán que redactar muchos autos, sentencias y resoluciones. Unas pruebas que se grabarán. También se blindarán por ley las becas de hasta 12.000 euros al año (salario mínimo) durante cuatro años a los que quieran opositar para que no suceda como con las becas que se aprobaron durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que luego suspendió el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El ministro explicó otras mejoras, como facilitar espacios físicos y públicos por provincias en un Centro de Estudios Jurídicos más descentralizado para acabar con las clases de los preparadores privados y la confección de un listado abierto de esos monitores. También justificó la obligatoriedad de poner en marcha una regularización y estabilización extraordinaria de plazas para los jueces de cuarto turno en consonancia con lo fijado en la ley (25% frente al 8% actual). El plan es sacar hasta 1.500 puestos hasta 2027, 360 para los de turno libre y 120 por concurso-oposición al año, y formalizar la situación de los 1.300 magistrados y fiscales suplentes (80% mujeres) que ya están firmando sentencias, pero en un panorama de mayor precariedad que sus colegas titulares.

Todas esas razones se escucharon en la Cámara como lágrimas que se perdieron en una charca que solo estaba encaminada para que los oradores se arrojasen cubos de corrupción y escándalos, tras darse a conocer durante el debate el informe de la UCO que revela mordidas y pagos que podrían haber beneficiado a una trama en la que estarían cargos del PSOE tan relevantes como los dos últimos secretarios de Organización del partido en el Gobierno.

Pepa Millán, la primera en hablar, comenzó así: “Ya están pringados todos los de la banda del Peugeot, ya solo queda Sánchez”. Luego desmontó que la reforma pretendiese otra cosa que “secuestrar la Justicia y la separación de poderes” y “colonizar las instituciones para blindar el régimen sanchista”.

Cayetana Álvarez de Toledo no se podía quedar atrás y no lo hizo. Retomó la escena del Peugeot pero para apuntar hacia el “número 1” el presidente, al que llamó “hipócrita y cobarde”. La diputada del PP englobó el proyecto del “bulócrata” Bolaños en un plan general de construir “una democracia fallida” para “poner fin a la España constitucional” y lo despreció como “impune de origen y de presente desde la ley de amnistía y la investidura hasta las actuales cloacas de corrupción”.

Los portavoces de los partidos que sustentan al Ejecutivo, sin embargo, se desmarcaron claramente de las enmiendas de PP y Vox, pero en un ambiente ya de desconcierto e inquietud ante las revelaciones conocidas. El representante del BNG, Néstor Rego, fue el primero que reprochó al PSOE que haya tardado tanto en darse cuenta de que hay algunos jueces que practican el lawfare o persecución judicial a partidos de la izquierda o independentistas. Una denuncia sobre la carencia de grandes reformas estructurales en la Justicia o pactos bilaterales del PSOE con el PP para el Consejo General del Poder Judicial que luego remacharon la diputada de Podemos, Martina Velarde, el de EH Bildu, Jon Iñarritu, el del PNV, Mikel Legarda, el de Junts, Josep Pagés, la de ERC, Pilar Vallugera, o Enrique de Santiago, de Sumar e IU.