La Sala de Gobierno del Supremo muestra su “inquietud” por la reforma legal del acceso a la carrera judicial

La cúpula del Tribunal Supremo ha mostrado este martes su “inquietud” por la reforma legal que impulsa el Gobierno sobre la forma de acceso a las carreras judicial. En un acuerdo adoptado por unanimidad por la Sala de Gobierno (integrada por la presidenta del Supremo, los presidentes de las cinco salas y cinco magistrados elegidos por sus compañeros), reprocha al Ejecutivo que, en vez de solucionar la falta de medios que asegura que sufre, impulse una reforma del acceso a la carrera que prevé cambios en las oposiciones y un proceso extraordinario para estabilizar a jueces sustitutos. “El acceso a la judicatura no precisa de reformas especiales sino de medidas de apoyo, como las becas, para preparar el proceso selectivo”, señala el texto del acuerdo.

El pronunciamiento de la Sala de Gobierno llega a menos de 24 horas del paro de 10 minutos convocado para este martes por todas las asociaciones de jueces y fiscales, menos las progresistas, contra las dos reformas vinculadas a la justicia anunciadas por el Gobierno: la de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que contempla cambios en la forma de acceso a ambas carreras y la que prepara al Ministerio Fiscal para la ley que deja en manos de los fiscales la instrucción de las causas penales.

La cúpula del Supremo se alinea con las palabras que pronunció la presidenta del órgano, Isabel Perelló, en enero pasado en el acto de entrega de despachos a la última promoción de jueces. “El vigente modelo de acceso a la carrera judicial garantiza la objetividad y la transparencia en la acreditación de la idoneidad y suficiencia profesional para el ejercicio de la función jurisdiccional”, señala el acuerdo suscrito por toda la sala, que asume la “preocupación” mostrada en sectores de la carrera judicial por esa reforma legal: “No puede ser ajena al Tribunal Supremo la extendida inquietud que han creado pues tiene que ver con las condiciones de ejercicio de la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado sobre la que está llamado a pronunciarse en último término”.

El texto firmado por los 11 integrantes de la sala se remitirá al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la petición de que sea enviado desde allí al Gobierno y a las Cortes. La cúpula del alto tribunal coincide con el Ejecutivo en la necesidad de incrementar la plantilla de jueces, pero discrepa de la fórmula elegida. “La imprescindible creación sostenida de plazas para lograrlo no puede prescindir del rigor en la selección de los que vayan a cubrirlas [...] Esto es, que se resuelvan únicamente con arreglo a criterios de mérito y capacidad en condiciones de igualdad, como los ya existentes, acreditados por una larga experiencia”.

El Supremo reprocha también al Gobierno que no haya atendido a sus reiteradas demandas para “la mejora retributiva de sus letrados” y otras “actuaciones eficientes, que permitan superar las graves carencias y deficiencias” que padece, “desde las más elementales, incluida la conservación de su sede, hasta las relativas a la dotación de medios, avanzados y eficaces, en el plano tecnológico”. “Estas cuestiones, numerosas veces señaladas, vuelven a ignorarse en este contexto de innovación en el que la única previsión es la creación de un servicio común de tramitación, a atender, precisamente, con puestos de trabajo peor retribuidos que los de juzgados, audiencias y tribunales superiores de justicia que mantienen las Comunidades Autónomas”, señala el texto.