El PP se desmarca de la regulación de los ‘lobbies’ en el Congreso porque el PSOE “no está legitimado”

El Congreso de los Diputados ha entrado en una fase singular: Gobierno y oposición votan diferente incluso cuando están de acuerdo. Los socialistas propusieron este martes al pleno abrir el proceso para abordar una reforma del Reglamento de la Cámara a fin de transparentar las relaciones entre los diputados y los grupos de interés. “Sobre esto hay un amplio consenso en la Cámara”, anticipó Mikel Legarda, del PNV. Y efectivamente así pareció cuando subió a la tribuna la popular Carmen Navarro y admitió que este asunto “se debe abordar en pro de la democracia”. La impresión se disipó en apenas unos segundos. Si alguien pensaba que el PP podría apoyarlo, Navarro corrió a desmentirlo. Su partido no puede respaldar la propuesta porque el PSOE “no cumple las mínimas reglas éticas y morales”. “No está legitimado para traer algo así”, sentenció. Y se abstuvo en la votación.

El PSOE ya había llevado una propuesta muy semejante en la anterior legislatura que no llegó a fructificar. También el Gobierno envió al Congreso en marzo pasado una ley para regular las relaciones entre los lobbies y la Administración que de momento está paralizada en el periodo de presentación de enmiendas. Varios grupos reprocharon a los socialistas que presentasen la iniciativa circunscrita a la Cámara baja sin antes haber activado ese proyecto de ley.

La propuesta pretende obligar a que las entidades que traten de influir sobre los diputados se inscriban en un registro de lobbies. Cada ley aprobada tendría que incluir una “huella” en la que se daría cuenta de todas las aportaciones exteriores incorporadas. Por primera vez se establecería un régimen de sanciones para los parlamentarios que no cumplan con la obligación —ya vigente, pero sin capacidad coercitiva para imponerla— de divulgar cualquier contacto con representantes de grupos de interés o que oculten datos en sus declaraciones de patrimonio.

La iniciativa fue defendida por la socialista María Adrio, que acabó apelando a todo el hemiciclo: “Señorías, demos ejemplo, que podamos ir con la cabeza alta y representemos a la ciudadanía como exige una sociedad democrática”. Los habituales aliados del Gobierno se mostraron de acuerdo en que es necesaria la regulación porque, como expresó Pilar Vallugera, de ERC, en el proceso de elaboración de las leyes “a veces pasan cosas milagrosas, súbitos cambios de opinión que no te explicas”. Pero ninguno mostró excesivo entusiasmo con el texto propuesto. Solo Sumar, por boca de Francisco Sierra, se adhirió sin plantear objeciones.

Oskar Matute, de EH Bildu, lo tachó de “tibio” y discrepó de la amplia definición de grupo de interés que propone el texto, una objeción expresada también por Néstor Rego, del BNG, con estas palabras: “No se puede considerar igual a Repsol que a una plataforma vecinal”. El peneuvista Legarda advirtió de que será necesaria una “reflexión profunda para intentar lograr el mayor consenso posible”. Josep Maria Cervera, de Junts, anticipó que su grupo propondrá precisar “conceptos ambiguos” y corregir un exceso de trámites que “podrían ralentizar la actividad legislativa”.

PP y Vox ni entraron a abordar el texto. Lo liquidaron casi con idénticas palabras por considerarlo “un perfume” —según la popular Navarro— o un “maquillaje” —según Ignacio Gil Lázaro, de Vox— para tapar el “hedor insoportable” del Gobierno.

Los populares lograron infligir otra derrota al Gobierno, de escasas consecuencias, al tomar el pleno en consideración una propuesta de reforma de la ley de costas para retirar del dominio público núcleos de población tradicionales junto al mar. La apoyaron Junts y PNV.