El fiscal general no dimitirá y el Gobierno le muestra “confianza plena”

Álvaro García Ortiz está dispuesto a enfrentar una situación insólita en casi 50 años de democracia: la de un fiscal general del Estado sentado en el banquillo. El máximo responsable del ministerio público no tiene intención de dimitir pese al auto del juez del Tribunal Surpemo Ángel Hurtado, conocido este lunes, que lo sitúa al borde de ser juzgado por supuesta revelación de secretos. Fuentes jurídicas del entorno del fiscal defienden su inocencia y justifican que no dará un paso atrás porque no cometió, según insisten, el delito que le atribuye el instructor.

La noticia de la decisión de Hurtado pilló a García Ortiz en un acto en la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde se entregaba el premio del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, junto a la presidenta de esa institución y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños. El fiscal abandonó el edificio sin hacer declaraciones ante los numerosos periodistas que ya se agolpaban allí. Quien sí ha hablado ha sido el ministro Bolaños para expresar la “confianza plena” del Ejecutivo en García Ortiz. Este, según las fuentes consultadas, tampoco piensa abandonar el cargo y considera que hacerlo crearía un grave precedente para la institución. Antes prevé agotar todas las vías para intentar evitar el juicio.

Bolaños ha recordado que el auto del Supremo “no es firme” y todavía cabe recurso. Ha negado, además, “rotundamente” que la Presidencia del Gobierno diera instrucciones al fiscal para filtrar la confesión de delitos contra la Hacienda pública por parte del novio de Isabel Díaz Ayuso, como afirma el juez Hurtado en su auto sin aportar ninguna evidencia al respecto. El ministro ha calificado a García Ortiz de “servidor ejemplar” y ha proclamado: “Entre los fiscales y los defraudadores confesos, [el Gobierno] está con los fiscales que persiguen el delito”,

Quien se ha lanzado en tromba a exigir el cese ha sido el PP, que ya lo venía pidiendo desde hace meses, en realidad, desde el mismo momento en que el fiscal tomó posesión. Solo habían pasado unos minutos de la divulgación del auto de Hurtado, cuando la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, una de las voces más beligerantes contra el máximo responsable del ministerio público, sentenciaba en su cuenta de X: “Debe dimitir hoy mismo”.

Poco después ha sido el propio Alberto Núñez Feijóo, quien, en la misma red social, ha aprovechado para sugerir un día más que debe ser también el presidente del Gobierno quien deje el cargo. “Es el momento de que se vaya el fiscal general del Estado y quien le daba las indicaciones”, ha escrito el líder de la oposición.

El portavoz del PP, Borja Sémper, en su comparecencia de todos los lunes en la sede del partido, ha reiterado que el fiscal debe renunciar “por dignidad”. “El procesamiento no tiene precedentes en la historia democrática española, es extraordinariamente grave”, ha argumentado Sémper. “Es de tal gravedad que no puede ser que el encargado de perseguir los delitos penales esté sometido a una investigación. Es insostenible”. Tampoco el PP de Madrid ha faltado a la cita. Su portavoz en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha apremiado a “una respuesta rápida y tajante” para que el proceso contra García Ortiz “no manche a la institución”.

La izquierda, en cambio, no solo ha defendido al fiscal, sino que ha reaccionado con duras descalificaciones al juez que ha llevado el caso y a las actuaciones de una parte del poder judicial. En un irónico mensaje en X, el ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, ha insinuado que Hurtado representa la “oposición real” y ha relacionado su decisión con lo que considera un fracaso de la manifestación del pasado domingo convocada por el PP bajo el lema “Mafia o democracia”. “La oposición real de este país tiene que salir todos los lunes a arreglar los desaguisados de Feijóo”, ha escrito Puente.

Muy duro se ha mostrado el líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, quien ha hablado directamente de una maniobra para derrocar al Gobierno de coalición. “Procesar al Fiscal General”, ha declarado en sus redes sociales, “informa de a qué nos estamos enfrentando, a qué está dispuesta la reacción para derribar al Gobierno y a qué estamos emplazados en la izquierda más allá de los discursos”. En un tono más comedido, la coordinadora del Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha puesto el acento en que la actuación por la que se quiere procesar al fiscal pretendía desmentir un bulo difundido por la Comunidad de Madrid. “Que el Supremo impute al fiscal general del Estado por defender esa institución de los bulos y las mentiras del entorno de Ayuso es algo que nos parece inquietante”, ha señalado Hernández. “Da un mensaje de impunidad a quien vive de mentir y degradar nuestras instituciones”.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha interpretado que lo sucedido prueba que en realidad “sigue mandando la derecha” y ha responsabilizado al PSOE por pactar la composición del CGPJ con el PP. Belarra ha agregado: “El fiscal se va a sentar en el banquillo por unas supuestas filtraciones cuando tenemos una presidenta en la Comunidad de Madrid corrupta, que vive en un piso pagado con dinero negro y que es consecuencia de las mordidas que se llevó su novio por contratos de mascarillas durante la pandemia”.