García Ortiz, el fiscal que no tuvo ni un minuto de tregua

“Complicidad y colaboración con ETA”. El diputado del PP Luis Santamaría no se quedó corto en sus acusaciones a Álvaro García Ortiz, que aquella calurosa mañana del 28 de julio de 2022 había acudido al Congreso a pasar el preceptivo examen antes de tomar posesión como fiscal general del Estado. Medios conservadores estaban publicando que el hasta entonces número dos de la Fiscalía había ordenado declarar prescrito el asesinato de Miguel Ángel Blanco. El fiscal del caso en la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, de la conservadora Asociación de Fiscales (AF), ya había publicado una nota negando haber recibido “ningún tipo de directrices”. Pero las grandes cabeceras de la derecha madrileña seguían martilleando. Y el diputado Santamaría estaba allí para repartir leña: el nuevo fiscal del Estado colaboraba con ETA.

Varios bulos de este calibre, alentados por la derecha en sus diferentes avatares —judicial, político y mediático— circularon aquel verano de 2022 para desacreditar a García Ortiz antes incluso de prometer el cargo. Durante casi tres años, el máximo representante del ministerio público no ha disfrutado de apenas un minuto de tregua hasta acabar encausado y procesado por el Supremo. El alto tribunal le había propinado antes otros dos revolcones para frenar sus intentos de otorgar un puesto a su antecesora en el cargo, Dolores Delgado. Ya fuese por esas decisiones anuladas o por nuevas fabulaciones sobre conjuras nunca probadas —con ETA o el independentismo catalán como argumentos recurrentes—, el bombardeo contra el jefe de los fiscales ha sido incesante. Otra pieza más del brutal combate político-mediático instalado en Madrid.

El pecado original de García Ortiz era su condición de número dos de Delgado, que aterrizó en la Fiscalía del Estado en febrero de 2020 tras haber sido ministra de Justicia y comparecer a unas elecciones en las listas del PSOE. La trayectoria del nuevo jefe del ministerio público, en cambio, presentaba un perfil exclusivamente profesional. Había sido el más votado entre sus compañeros de toda España en unas elecciones al Consejo Fiscal en 2018, pese a concurrir por la minoritaria Unión Progresista (UPF), de la que fue presidente y donde trabó amistad con Delgado antes de que esta lo llamara a Madrid. Nacido en Lumbrales (Salamanca) hace 57 años, su carrera, iniciada en 1998, transcurrió en su mayor parte en Galicia como fiscal jefe de medio ambiente, sin verse enredado en controversias políticas. Fue más bien la izquierda quien lo criticó cuando en el juicio por el desastre del Prestige declinó acusar a ningún representante del Gobierno del PP que lo había gestionado.

Hasta que en 2018 llevó la contraria a Alberto Núñez Feijóo. El entonces presidente gallego había atribuido a la acción del “terrorismo incendiario” una terrible oleada de fuegos forestales que puso en apuros a la Xunta. García Ortiz llevaba años rechazando las teorías sobre fantasmales organizaciones dedicadas a quemar el monte. Y lo reiteró tras concluir las investigaciones practicadas ese año. A la Xunta del PP le desagradó profundamente. Meses después, lo denunció ante sus superiores por apoyar una huelga de funcionarios de Justicia.

Escándalo por una mesa de expertos de 2019

Cuando el Gobierno eligió a García Ortiz para relevar a Delgado tras la dimisión de esta por razones de salud, volvió a chocar con el equipo de Feijóo, ahora al frente del PP en Madrid. La primera reacción de los populares fue denunciar con gran escándalo que el fiscal había participado en diciembre de 2019 en lo que era descrito como un “acto electoral” del PSOE gallego. Ese acto, celebrado siete meses antes de las elecciones autonómicas, había consistido en una mesa redonda de expertos independientes sobre incendios, dentro de unas jornadas organizadas por el PSdeG.

El fiscal había acudido como especialista en medio ambiente en representación de la UPF tras pedir permiso a la Fiscalía del Estado. Dirigentes del PP y medios afines lo convirtieron en un “mitin electoral socialista”. Hasta acabar nutriendo uno de los argumentos centrales de los ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para cuestionar la imparcialidad de García Ortiz e imponer, meses después, una declaración negando el aval a su nombramiento. Como ahora con el procesamiento del Supremo, era la primera vez que sucedía en la historia democrática. Hasta entonces, el CGPJ se había limitado a seguir la letra de la norma: simplemente certificar que el candidato cumplía los requisitos de ser un jurista de “reconocido prestigio” con 15 años de trayectoria profesional.

La campaña de aquel verano de 2022 se deslizó sobre un hervidero de bulos. La gran estrella de las mañanas de la Cope, Carlos Herrera, en una asombrosa tergiversación de la realidad, clamó ante su audiencia: “Este nuevo fiscal es exactamente igual de sectario que la señora Delgado. Fue el tío que, cuando se hundió el Prestige, quiso empurar a todo el PP (...). Esto suena a cabeza de caballo en la cama de Alberto Núñez Feijóo”. Abc dedicó casi toda su portada a revelar que García Ortiz se había reunido en secreto en un hotel de Madrid con un banquero andorrano que acusaba al Gobierno de Mariano Rajoy de chantajearlo para que le suministrase informaciones contra independentistas catalanes. Los dos implicados, que ni se conocían, lo desmintieron rotundamente. El diario se negó a publicar la rectificación de García Ortiz, que emprendió acciones judiciales. Dos sentencias, de un juzgado y de la Audiencia de Madrid, acreditaron que la información era “absolutamente falsa”.

Antes del caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, García Ortiz sufrió dos reveses judiciales que involucraron también a Delgado. El Supremo anuló dos intentos de ascenso de su antecesora promovidos por él, uno a la Sala Militar y otro a la de Memoria Democrática del alto tribunal. En el primero de los casos lo acusó de haber incurrido en “desviación de poder” y de saltarse el “criterio del mérito”. A raíz de ese fallo, el PP se querelló contra él por prevaricación, pero esta vez el Supremo lo archivó. Los populares sí lograron que lo reprobase el Senado. Otro hito sin precedentes.

Uno de los más persistentes arietes contra García Ortiz ha sido la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), cuya cabeza visible es un fiscal del Supremo, Salvador Viada, y que, pese a su muy escasa representación, goza de gran eco en algunos medios de la capital. La APIF presentó una demanda contra su nombramiento que el Supremo desestimó el pasado 28 de enero, justo el día antes de que García Ortiz compareciese como imputado ante el juez del alto tribunal que instruye la causa de la filtración, Ángel Hurtado. La APIF se personó como acusación particular en este caso e intentó ampliar los delitos atribuidos al fiscal general. El propio Viada declaró ante Hurtado para denunciar como un hecho delictivo que durante el registro del despacho de García Ortiz lo vio “revisando” un teléfono móvil junto a la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde.

Las fantásticas historias periodísticas sobre turbias maquinaciones del fiscal nunca cesaron. Y con el PP haciendo el coro. Su acatamiento a la ley de amnistía elevó la bronca unos cuantos grados. Lo han acusado de ordenar a la Fiscalía Anticorrupción que retrasase la querella por el caso Koldo hasta después de las elecciones generales (el jefe de esa rama del ministerio público, Alejandro Luzón, lo desmintió: “Es totalmente falso”); de imponer a un fiscal del Supremo un informe contrario a acusar de terrorismo a Carles Puigdemont (el interesado, Álvaro Redondo, de la conservadora AF, lo negó reiteradamente); de haber maniobrado para no implicar al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en un secuestro de ETA (nunca se produjo tal cosa)... Columnistas de prensa y dirigentes de la derecha le han adjudicado el mote de Alvarone.

La campaña de Miguel Ángel Rodríguez

Y la primavera de 2024, García Ortiz se topó con Miguel Ángel Rodríguez. Tras publicar eldiario.es el fraude fiscal del novio de Ayuso, el hombre para todo de la presidenta madrileña puso en marcha una de sus bien conocidas campañas de intoxicación. La noche del 13 de marzo, envió a varios periodistas un mensaje en el que aseguraba que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, si este reconocía haber cometido dos delitos, pero que el pacto se había frustrado “por órdenes de arriba”. “Todo sucio”, concluía. Poco después, lo divulgaba urbi et orbi en la red social X. El Mundo se apresuró a publicar la supuesta oferta, incluyendo uno de los correos entre la Fiscalía y el abogado de González Amador. Detrás fueron Libertad Digital, Vozpópuli y El Debate, quienes asumieron la tesis de que todo se había parado “por órdenes de arriba”.

La realidad era justamente al revés: fue el novio de Ayuso quien admitió los delitos y solicitó el acuerdo. García Ortiz dio órdenes de que así se hiciese saber para defender la actuación de la Fiscalía. A partir de entonces, Ayuso y Rodríguez se lanzaron a por él. Tras la primera denuncia contra el fiscal por revelación de secretos, el jefe de gabinete de Ayuso dejó el 23 de abril en X un mensaje de aire amenazante: “Tengo la sensación de que el Fiscal General del Estado terminará en la cárcel”. El 7 de mayo siguiente, un ansioso Rodríguez se anticipaba a anunciar la imputación de García Ortiz: “Va p’alante”. Él y su jefa pudieron cantar victoria días después con ese mismo grito de guerra: “¡P’alante!”.

Un año más tarde, el procesamiento del fiscal también ha sido anticipado con trompetería derechista. Esta vez lo anunció el miércoles 21 en El Toro TV Miguel Bernad, cabeza visible de Manos Limpias, que ha actuado como una de las acusaciones particulares contra el fiscal. Bernad es uno de los firmantes del reciente manifiesto de españoles que se declaran “agradecidos con Francisco Franco”.