La pareja de Ayuso reclama al Supremo que cierre la causa y procese ya al fiscal general

La investigación abierta contra el fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo se acerca a su fin y las acusaciones y las defensas van pidiendo al instructor, el magistrado Ángel Hurtado, que actúe. El empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal, ha reclamado al juez que procese ya al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por revelación de secretos. En el extremo opuesto, la defensa de la fiscal provincial reclama que se archive la causa porque no ha quedado acreditado que se filtrara ningún secreto.

El juez Hurtado ha resuelto este jueves los últimos recursos presentados por las acusaciones y las partes dan por hecho que la decisión final del instructor está próxima. La petición de González Amador para que se procese a García Ortiz y Rodríguez se suma a la de otras acusaciones personadas en la causa, que habían reclamado ya en las últimas semanas a Hurtado que dé por cerrada la investigación y proponga juzgar a los dos fiscales.

El abogado de la pareja de Ayuso sostiene que, a lo largo de la investigación, se han acumulado indicios suficientes para procesar a los dos fiscales por revelación de secretos e incluso por el tipo continuado de dicho delito, al considerar que “las revelaciones se extendieron entre el día 7 y el día 14 de marzo de 2024″. González Amador acusa a García Ortiz y Rodríguez de no tratarle como a un “ciudadano anónimo” sino como a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, lo que supuso que su expediente tributario, incluida la denuncia presentada contra él por la Fiscalía, y los correos intercambiados entre él y su abogado acabaran en manos de los medios de comunicación.

El empresario considera “completamente anormal” la dación de cuentas activada por la Fiscalía, un proceso regulado y habitual que supone que los fiscales que conozcan de casos de relevancia pública tienen que ponerlo en conocimiento de sus superiores. El reproche de González Amador a la Fiscalía por no tratarle como a un ciudadano “anónimo” choca con la conclusión a la que llegó recientemente la Sala Civil del Supremo al desestimar la denuncia presentada por la pareja de Ayuso contra la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por vulneración de derecho al honor. En el auto por el que notificaron su decisión, los magistrados advertían de que González Amador “no es un personaje público” como puede serlo un político, pero sí es “una persona con notoriedad pública” por ser pareja de la presidenta madrileña.

La defensa del empresario da por hecho que García Ortiz y Rodríguez son los responsables de filtrar toda la documentación sobre él, incluido el correo enviado por su abogado a la Fiscalía el 2 de febrero de 2024 en el que el letrado admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales y proponía un pacto para evitar que entrar en la cárcel. Ese mail, que es el centro de la investigación y se filtró la noche del 13 de marzo, desmentía la versión tergiversada que estaba dando el jefe de gabinete de Ayuso, según la cual era el ministerio público el que había buscado un acuerdo con la pareja de la presidenta.

El escrito presentado por la defensa de González Amador obvia algunos contraindicios que han ido surgiendo a lo largo de la instrucción, como que Neira envió el correo del 2 de febrero a una cuenta genérica de la fiscalía de delito económicos y se lo reenvió a la Abogacía del Estado, lo que abre la puerta a que haya más filtradores; o que el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, enviara a decenas periodistas un mensaje en el que informaba de la falsa propuesta de pacto de la Fiscalía a la pareja de Ayuso, una noticia que fue publicada por El Mundo a las 21.29 del 13 de marzo. La demanda de información de los medios de comunicación al ministerio público para que les confirmara esa información fue lo que llevó a la Fiscalía General a movilizarse para conocer cómo había sido la negociación y desmentir la versión del jefe de gabinete.

“No hay secreto”

La noticia publicada por El Mundo es clave en la petición de archivo que ha presentado ahora en el Supremo el abogado de la fiscal jefa provincial de Madrid, como también lo es la noticia lanzada por la Cadena SER dos horas más tarde, donde por primera vez se aludía a la existencia del correo del 2 de febrero enviado por el abogado. “La publicación de El Mundo ponía el foco en que la oferta habría surgido de la Fiscalía y la de la Cadena SER corregía ese enfoque para afirmar que previamente había habido una propuesta del letrado”, advierte el escrito registrado por el abogado Daniel Campos, para quien “la confidencialidad de las comunicaciones —que nunca debieron trascender— entre profesionales ya se había infringido con la primera publicación que ya recogía el contenido del correo del Ministerio Fiscal al letrado”.

“Para que algo sea considerado secreto debe ser confidencial, no accesible a los demás. Por tanto no puede considerarse secreto lo que ya ha sido divulgado, y una vez que se ha hecho público, la protección penal contra revelaciones indebidas debe decaer”, recalca la defensa de Rodríguez. No obstante, al margen de sostener que no hubo delito porque no se reveló nada secreto, el abogado reclama también el sobreseimiento para su cliente porque esta, asegura, se limitó a cumplir con las órdenes que le daba García Ortiz, que fue quien reclamó todos los correos intercambiados entre el ministerio púbico y el abogado de la pareja de Ayuso para poder elaborar una nota de prensa aclarando los hechos.

“Resulta inconcebible para cualquier Fiscal que ha sido requerido para informar sobre un asunto que pregunte al Fiscal General por qué o para qué se lo pide”, señala el letrado, quien recalca que la actuación de la fiscal provincial, “resulta una obligación estatutaria que de no hacerse puede derivar en sanciones”.