Cuando la verdad no importa

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado quiere sentar en el banquillo de los acusados al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Nunca ha ocurrido nada parecido en la reciente etapa democrática y el motivo real del procesamiento parece una broma pesada. Atribuye Hurtado al fiscal general una supuesta revelación de secretos al filtrar a alguien, el juez no sabe exactamente ni a quién ni cómo lo hizo, un correo electrónico con el objetivo de responder con información veraz al gigantesco bulo difundido por la pareja de un presunto delincuente a medios de comunicación poco interesados en contrastar las noticias.

Ese documento supuestamente revelado quedaba fuera del procedimiento judicial y acreditaba que el comisionista Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, admitía haber cometido dos delitos fiscales —declaró durante dos ejercicios consecutivos (2021 y 2022) unos gastos inexistentes de 1,7 millones de euros con una decena de facturas falsas para ahorrarse el pago de 350.000 euros en impuestos—. De esta manera, el comisionista podía evitar una pena de cárcel superior a dos años.

La investigación del juez Hurtado, abierta a raíz de una querella presentada por el defraudador confeso contra la Fiscalía, comenzó con un registro del despacho del fiscal general para requisar y husmear en el contenido de ocho meses (luego rectificó y lo dejó en ocho días) de los teléfonos móviles, tabletas y ordenadores de García Ortiz. Una medida extrema para investigar un delito castigado con penas menores y que al juez no le sirvió para acreditar nada porque el fiscal general del Estado borró previamente la información contenida en sus dispositivos.

El delito de revelación de secretos que investiga el juez Hurtado tiene dos protagonistas principales, el encargado de vigilar esa información confidencial que permite que otros la conozcan, y quien difunde esa información.

Para investigar los hechos, el juez Hurtado registró el despacho del fiscal general y, sólo después, citó a una decena de periodistas (elDiario.es, Cadena SER, El Mundo, El Plural, Vozpópuli, la Sexta, EL PAÍS) que habían informado sobre el supuesto secreto. Pero el instructor, a juzgar por el auto que ha firmado, no creyó en la palabra de ninguno de ellos porque de hacerlo se habría quedado sin causa y sin fiscal general procesado. Hurtado, y los tres magistrados que integran la sala de apelaciones, creen que los periodistas se escudan en su derecho constitucional para no revelar sus fuentes de información y, por tanto, no pueden acreditar que conocieran el secreto antes de que el fiscal general se pusiera a buscarlo.

Hasta el periodista de El Mundo, primer medio que difundió el bulo —“El fiscal ofrece un acuerdo a la pareja de Ayuso para que admita dos delitos”— confesó ante el juez Hurtado que los negociadores le contaron mucho antes de que el fiscal general conociera el secreto que la propuesta de conformidad consistía en la admisión de los delitos.

Pero al juez Hurtado le ha dado igual esa confesión. Tampoco ha tenido en cuenta las pruebas aportadas por cuatro periodistas de EL PAÍS, que acreditaron mediante sus comunicaciones internas por WhatsApp que estaban al tanto del secreto un día antes de que el fiscal general pidiese la documentación y han situado el origen de la información muy lejos de Álvaro García Ortiz.

Para investigar un delito de revelación de secretos difundidos por numerosos medios de comunicación, el Tribunal Supremo —Hurtado y la sala de apelaciones, de momento— ha decidido que el testimonio de los periodistas no sirve. La verdad no importa.

Como los autores de la revelación del secreto no van a confesar y la investigación no ha conseguido pruebas sólidas del supuesto delito cometido —el instructor ha conseguido arrinconar en la causa numerosos indicios de lo contrario— las atrevidas inferencias del juez Hurtado pueden acabar protagonizando un juicio. Tan atrevidas como afirmar, en un texto con el sello del Tribunal Supremo, que García Ortiz seguía “indicaciones” de Presidencia del Gobierno.

De momento, Ángel Hurtado, magistrado del Tribunal Supremo, ha logrado arruinar con sus afirmaciones sin pruebas la imagen del fiscal general del Estado. Y no es opinión, es información.