El juez imputa a otro policía en la causa sobre la guerra sucia contra Podemos

Santiago Pedraz, magistrado instructor de la Audiencia Nacional, ha imputado este miércoles a otro policía en la investigación abierta sobre la guerra sucia urdida contra Podemos en época del Gobierno de Mariano Rajoy (PP). El juez ha llamado a declarar a un agente que consultó en 2016 datos de Pablo Iglesias, entonces secretario general de la formación de izquierdas. La Fiscalía había propuesto que se le citase en calidad de “investigado” (es decir, asistido por abogado) para “garantizar sus derechos”, después de que el propio funcionario explicase que había buscado datos del exlíder político por formar parte del mismo partido que el exeurodiputado Miguel Urbán, sobre el que indagaba en una pesquisas de narcotráfico —calificadas de montaje y “disparate” por el afectado—.

Con el avance de la instrucción judicial sobre la guerra sucia contra Podemos se ha sabido que la Policía Nacional abrió en 2016 una investigación secreta que bautizó como Operación Cardenal, tutelada por la Fiscalía Antidroga. En un informe enviado a Pedraz, el agente ahora imputado —que tiene la categoría de inspector— subrayó que estuvieron indagando sobre “un grupo organizado asentado en las provincias de Madrid y de Toledo, que presuntamente traficaba con grandes cantidades de droga”. Seguían la pista de un tal “Miguel”, al que la Fiscalía Antidroga “identificó plenamente” como Miguel Urbán, según su versión. Entonces, “con la finalidad de avanzar en la investigación, se realizaron diversas consultas a las bases de datos policiales sobre las personas de su entorno”: “Debido a que en ese momento se trataba de un significado miembro de Podemos, entre las consultas efectuadas se incluyó el nombre de Pablo Iglesias”, se justificó.

La Policía cerró esa investigación tras “no encontrar indicios racionales de criminalidad”. Pero Podemos la enmarca dentro de la guerra sucia urdida contra la formación. En esa época se impulsaron varias maniobras para perjudicar al partido: como la confección y publicación del llamado informe PISA (acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima), un falso documento policial que afirmaba sin pruebas que Irán había financiado al partido y que se usó para atacar a Pablo Iglesias; o el contacto con exmandatarios venezolanos para que declarasen contra la fuerza política —varios agentes viajaron incluso a EE UU (a costa de las arcas públicas) para tratar de convencer a uno de ellos, el exministro Rafael Isea, con la promesa de que le darían protección y una nueva vida en España—. Como publicó EL PAÍS, al menos ocho testigos atribuyen esos tejemanejes a la policía patriótica, un grupo de agentes que operó contra adversarios políticos del PP cuando el ministro Jorge Fernández Díaz estaba al frente de Interior.

“[La investigación contra mí] es algo disparatado, lo que demuestra la impunidad con la que actuaba la cúpula policial y las cloacas del Estado contra todo aquel que pudiera poner en peligro un poco sus privilegios”, denunció Urbán hace unas semanas, tras enterarse por la prensa de que la Policía lo había investigado en secreto.

Podemos pidió que, para ahondar en esta trama, se incorporase la documentación de la Operación Cardenal a la investigación de Pedraz. Sin embargo, la Fiscalía y el magistrado lo consideran innecesario. Eso sí, ambos consideran adecuado escuchar al agente. “Se trata de valorar si está no justificado pedir información de un responsable político de dicho partido (el señor Iglesias) por el hecho de que otra persona del mismo partido estuviera investigada por una presunta transacción de sustancia estupefaciente”, apunta el ministerio público en un escrito, donde muestra sus sospechas de que fue un movimiento “improcedente”.