El ex número dos de Interior con Rajoy pide su excarcelación: “Todo es un relato artificial”

El abogado de Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad durante los gobiernos de Mariano Rajoy (PP), ha pedido este martes su excarcelación. La defensa del ex número dos del Ministerio del Interior, que ingresó en prisión provisional el pasado jueves por su vinculación con una supuesta red de blanqueo y compraventa de datos robados, ha presentado un recurso para intentar que quede en libertad. El letrado de Martínez alega que las imputaciones contra su cliente no “superan el universo de la especulación y de la sospecha”; y, además, niega que exista un riesgo de destrucción de pruebas, como argumentó la magistrada María Tardón al decretar su reclusión. “Todo son generalidades y un relato tan pomposo como artificial”, añade.

Martínez fue detenido el pasado martes en el marco de la Operación Borraska, durante la que también se arrestó al pirata informático José Luis Huertas, alias Alcasec; al youtuber Álvaro Martín (capturado en Andorra); y a un supuesto socio, Adrián Molina. Dos días después, la jueza Tardón, instructora de la Audiencia Nacional, ordenó el ingreso en prisión provisional de los tres detenidos en España por conformar parte de una supuesta “organización criminal” dedicada al robo de datos confidenciales mediante complejos ciberataques, para la posterior venta de la información sensible en el mercado negro y el blanqueo de los beneficios a través de una estructura societaria creada ad hoc.

En su dictamen, la magistrada otorga al exdiputado del PP un “rol central en la consolidación y sostenibilidad de la organización criminal”. Martínez ejerce como abogado desde que saliera de la política en 2019, al convertirse en un apestado por su imputación en el caso Kitchen, la trama de espionaje urdida en Interior para robar papeles comprometedores al extesorero popular Luis Bárcenas —por lo que la Audiencia Nacional prevé juzgarlo en 2026—. En la Operación Borraska, los investigadores sostienen que el exparlamentario se encargó del “diseño y la operación” de “blindaje legal, patrimonial e institucional” para que el resto de miembros del grupo, especialmente Alcasec, pudieran “operar con continuidad, anonimato y una legitimidad aparente”.

La defensa de Martínez, ejercida por el abogado Pedro Colina, se lanza contra la argumentación expuesta por la jueza al enviarlo a prisión. Afirma que, en la resolución para encarcelarlo, no se le atribuye “ni una sola acción en la que se le describa construyendo, cual paciente y avezado arquitecto jurídico, ese armazón legal sin el cual José Luis Huertas no habría podido llevar a cabo la actividad que se le imputa y que se califica de ‘red compleja’ con ‘un alto nivel de sofisticación tecnológica y operativa”. “¿Cuál es la contribución concreta y específica de Francisco Martínez a esa compleja y sofisticada red tecnológica de sustracción y comercialización de datos?”, se pregunta su abogado.

El escrito de defensa sigue así: “¿Dónde está ese blindaje legal y patrimonial? ¿Cuál es el nexo causal entre el asesoramiento legal y fiscal y el conocimiento en profundidad del rol operativo y técnico de los otros dos investigados dentro del entramado criminal? ¿Qué participación ha tenido en los pagos en criptoactivos, en la canalización de ingresos ilícitos, en la facturación simulada o en la apariencia de actividad lícita? ¿Qué papel ha desempeñado en la obtención, almacenamiento, cifrado y compartimentación de la información? ¿No será que la imputación de Francisco Martínez es necesaria para completar el trío que permita hablar de organización criminal?”.

Destrucción de pruebas

Las pesquisas dirigidas por Tardón, que se encuentran declaradas secretas, apuntan contra Martínez por varias razones. En primer lugar, según admiten fuentes de su entorno, la Policía analiza su participación en la creación de empresas para Alcasec; quien presuntamente las utilizó posteriormente para esconder el dinero que obtenía con sus actividades delictivas. Además, se le atribuye un “blanqueamiento de imagen” de José Luis Huertas “mediante iniciativas tendentes a introducirle en entornos académicos y profesionales legítimos, a través de acuerdos con instituciones educativas”. A su vez, los agentes indagan si asesoró a la madre del hacker para destruir pruebas; y si tuvo acceso a sabiendas a información confidencial a través de una de las supuestas herramientas delictivas ideadas por el pirata informático: “Donde efectuó un total de 21 consultas a lo largo de ocho meses”.

Martínez proclama su inocencia e insiste en que todo responde a un malentendido. Su tesis de defensa es que creó dos empresas para Alcasec, pero que no sabe qué uso le dio él después (aunque llevó la contabilidad de una de ellas, según los investigadores). “Son actos neutros propios de todo despacho de abogados mercantilista”, apunta su letrado. Este añade que el ex secretario de Estado, desde que defendiera como abogado al hacker cuando fue detenido por primera vez siendo menor de edad, ha mantenido contacto con él para ayudar a “reinsertarle en la sociedad”, “reconduciéndole desde el cibercrimen hasta la ciberseguridad”.

El antiguo número dos de Interior niega que vaya a destruir pruebas si queda en libertad porque, según dice, no tiene “capacidad” para acceder a las supuestas “fuentes de prueba de este caso”. “No hay más indicio para afirmar que Francisco Martínez, bien directamente, bien a través de la madre o de los amigos [de Alcasec], tiene la llave para apretar el botón remoto de autodestrucción de las evidencias digitales del servidor suizo [usado por la trama]”, apunta el escrito enviado a la Audiencia Nacional para pedir su excarcelación.