El vía crucis político de ser víctima de una gran tragedia

Rosa Álvarez, vecina de Catarroja, cuyo padre falleció el pasado 29 de octubre, y Rut Moyano, que aún lucha por recuperar parte de lo perdido cuando el agua arrasó Benetússer, acudieron este domingo a un acto de “exigencia de justicia para las víctimas”. Pero no, no para las víctimas de la dana, la tragedia que las golpeó. El homenaje, en Madrid y no en Valencia, fue en memoria de los fallecidos en residencias de mayores durante la fase más dura de la pandemia mientras se aplicaban unos protocolos que impedían la derivación a los hospitales. ¿Pero qué tienen que ver las víctimas de dos tragedias tan dispares? Al escucharlas con atención, más de lo que parece.

Las principales plataformas de víctimas de una y otra catástrofe han establecido contacto. La iniciativa partió de las de la covid. De ahí salió primero una invitación a afectados de la dana para acudir a la proyección en Gandía (Valencia) de un documental sobre las residencias, titulado 7.291 (en referencia al número de fallecidos en las residencias de mayores de Madrid), y ahora otra para asistir al homenaje de este domingo. “Les ofrecemos apoyo. Sabemos que lo necesitan”, cuenta María Jesús Valero, de 70 años, presidenta de la Asociación 7.291. “Hubo feeling desde el principio", apunta Rosa Álvarez, de 54, de Catarroja. Moyano, de 52, de Benetússer, razona el porqué de la sintonía. “Lo de este domingo ha sido emocionante. Solo con mirarnos, nos entendíamos. Compartimos la rabia y la indignación porque hemos hemos sufrido lo mismo: administraciones negligentes, irresponsables y superalejadas del ciudadano, que nos ven como un estorbo en su intento de ocultar las deficiencias de su gestión”, afirma, señalando a los Gobiernos de Carlos Mazón e Isabel Díaz Ayuso.

Beatriz Garrote (Torrent, Valencia, 53 años) entiende que hagan buenas migas. Hermana de una de las 43 víctimas del accidente del metro de Valencia de 2006, en su día trabó relación con familiares de fallecidos en los siniestros del Yak-42 (2003) y el Alvia (2013). Desde hace meses, experimenta un déjà vu al ver a sus paisanos golpeados por la dana exigiendo explicaciones, responsabilidades, justicia. “Les están dando —repasa, mientras hace memoria— el mismo trato que a nosotros. Primero, dicen que las víctimas no representan el sentir general, las silencian, evitan reunirse con ellas o buscan hacerlo individualmente. Luego, desvían la atención al factor humano. Recuerdo que mientras eludía toda responsabilidad, Francisco Camps dijo que nos llevaba ‘en el corazón’. Fue como una puñalada".

Dana: hacerse oír

Seguir los empeños, frustraciones y logros de las víctimas organizadas de grandes tragedias en España es ver versiones distintas de la misma película. Cada caso es diferente, pero coincide lo esencial: el vía crucis. Lo resume Granada Ripollés (Tetuán, 67 años), exdirectiva de la asociación de familiares del Yak-42: “Ante una desgracia que se podría haber evitado, a las víctimas se les da la espalda”.

Mazón aún no ha recibido a al menos tres de las principales asociaciones de damnificados por una tragedia con 228 muertos. El PP las ha acusado de estar vinculadas a la oposición. Vox ha generalizado que las entidades no están integradas por “verdaderos afectados”. Ambos partidos llegaron a excluir a las asociaciones de la comisión de investigación, si bien ahora —cuando varias se han reunido con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con Pedro Sánchez— han rectificado.

“Nos maltratan porque somos un espejo de su negligencia”, afirma Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales 29-O. Aunque subraya que lo que busca en un político son “soluciones” y no “consuelo”, admite que es paradójico haber encontrado antes “cercanía” en Von der Leyen que en su president, quien —asegura— solo la llamó después de su reunión de Sánchez: “Y se equivocó. Llamó a la vicepresidenta. Y eso que mi teléfono lo tiene todo el mundo”.

Residencias: cinco años esperando

“Cuando veo a las víctimas de la dana, la empatía es total. Aquí llevamos cinco años sufriendo desprecio y mentiras”, afirma María Jesús Valero, que en marzo de 2020 perdió a su padre en una residencia del barrio de Usera, cuando funcionaban unos protocolos —llamados “de la vergüenza” por asociaciones críticas con Ayuso— que impedían derivar a los hospitales.

Presidenta de la Asociación 7.291, Valero da su visión sobre lo que siente Ayuso ante las víctimas organizadas: “Molestamos”. En la Asamblea, el PP ha vetado al menos ocho veces investigar la gestión de las residencias. Cuando la voz de los familiares se ha oído, ha habido conflicto. Hace un año, el presidente de la Comisión de Asuntos Sociales, del PP, instó a una portavoz de Marea de Residencias a cambiar de tema cuando esta dijo que 7.291 personas “murieron abandonadas”.

Las principales plataformas nunca se han reunido con Ayuso. En marzo, la presidenta se ha abierto repentinamente a la posibilidad. “Estoy esperando a que vengan a verme”, ha dicho. “Después de todas las barbaridades oídas, una propuesta así es otra falta de respeto”, afirma Valero.

En 2022, el entonces vicepresidente Enrique Ossorio afirmó que las familias ya habían “superado” sus pérdidas. “¿Y él qué sabe, si ni siquiera nos han dado apoyo psicológico?”, protesta Valero. En febrero de este año, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, negó en falso la condición de víctima a una persona que sí lo era y había contado su historia en televisión.

Ayuso ha afirmado —sin precisar a quién se refería— que en la “marea” de asociaciones hay “rebotados” del PSOE y Más Madrid.

Metro: comisión exprés

Al igual que las plataformas de víctimas de la dana, las de familiares de fallecidos en las residencias fían sus esperanzas a la justicia. “Es una rendija para buscar la verdad”, afirma Valero sobre la imputación de ex altos cargos de Ayuso. Escarmentada por lustros de lucha, Beatriz Garrote, expresidenta de la Asociación de Víctimas del Accidente del Metro de Valencia 3J, aconseja paciencia. La sentencia que condenó a un año y diez meses de cárcel a cuatro exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat llegó más de 13 años después del accidente que se llevó a su hermana y a otras 42 personas. Hubo medio centenar de heridos. Nadie entró en la cárcel.

En el terreno político, el PP dio un carpetazo rápido al tema: una comisión de investigación en pleno verano de 2006 cargó la culpa al maquinista, fallecido en el accidente. Años después, en 2012, un pleito afloró que hubo comparecientes aleccionados para no salirse del guion oficial. Camps siempre ha negado haber dado ninguna “consigna”. “Nadie dimitió, nadie asumió responsabilidades, nadie nos escuchó”, denuncia Garrote, que recuerda que no fue recibida por Camps como representante de las víctimas.

Silenciados en Canal 9, los familiares mantuvieron vivo durante años el recuerdo de su causa con concentraciones semanales. “Es perverso que las víctimas, en pleno duelo, se vean forzadas a organizarse y luchar. ¡Las asociaciones de víctimas no deberían ni existir, porque sus derechos deberían estar garantizados!”, lamenta.

Cuando el interés público languidecía, un Salvados lo reavivó en 2013. En el programa aparecía Juan Cotino, que había sido consejero de Agricultura, negándose a responder a las acusaciones de ofrecer trabajo a una víctima a cambio de no denunciar. Dos años después, la salida del poder del PP permitió abrir una comisión de investigación. ¿Resultado? 13 responsables, entre ellos Camps, que hoy intenta regresar a la primera línea.

Alvia: sin autocrítica

“Las tragedias evitables no se traducen en responsabilidades políticas porque no hay suficiente presión social. Así que el político prefiere aguantar y esperar a que la gente se canse, consciente de que la sentencia tardará años y años”, resume Jesús Domínguez (Madrid, 53 años), presidente de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, que sobrevivió al accidente de 2013 en Santiago de Compostela. Hubo 79 muertos y unos 150 heridos. Su caso ha sido comparado con el de Valencia: un maquinista señalado como culpable, cero dimisiones... Domínguez precisa: “No solo se parecen el metro y el nuestro. El patrón es el mismo una y otra vez: negar responsabilidad, ignorar a las víctimas y esperar a que la opinión pública se olvide”.

En el caso del Alvia, añade, la dificultad es aún mayor porque las víctimas apuntaban a responsabilidades de Gobiernos del PSOE y del PP. Así que, analiza, ambos partidos pusieron sordina al caso. “Les ha salido bien”, lamenta Domínguez, que ve “escandaloso” que la sentencia de 2024, que condena al maquinista pero también a un cargo de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, entidad pública dependiente del Ministerio de Transporte) por fallos de seguridad, “no haya motivado ninguna reacción”. “Ni una autocrítica, nada. ¡Estamos hablando de Adif, donde viajamos todos!”, se asombra Domínguez, atento a la resolución final de un caso que sigue judicialmente vivo.

Yak-42: “razón” sin “justicia”

“Tenemos razón, pero no hemos tenido justicia”, sentencia lapidariamente Granada Ripollés, hermana de uno de los 62 militares muertos en 2003 en el accidente del avión Yak-42 en Turquía. La “razón” se la dio, afirma, el dictamen del Consejo de Estado de 2017 que declaró responsable al Ministerio de Defensa, tras el cual dimitió como embajador en Londres el que era ministro cuando ocurrió la tragedia, Federico Trillo, que siempre ha negado toda responsabilidad.

En cuanto a la “justicia”, Ripollés afirma que sigue pendiente porque no han quedado aclaradas judicialmente todas las irregularidades en la contratación de un avión sin garantías de seguridad ni en el enterramiento de los cadáveres sin la debida identificación.

“No hicieron más que mentirnos”, añade Ripollés, que se siente orgullosa de no haber cumplido el que —asegura— era el guion que el Gobierno de José María Aznar tenía para los familiares. “Querían que nos fuéramos a casa a llorar la pena con nuestro dolor y nuestra bandera. Sin preguntar. Pero nos organizamos”, señala Ripollés, que fue secretaria de la asociación de familiares.

La Audiencia Nacional condenó a penas de entre un año y medio y tres años de prisión a tres mandos por las irregularidades en las identificaciones, en una sentencia confirmada por el Supremo. Tras fallecer el único general condenado, los dos comandantes fueron parcialmente indultados en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy para evitar su expulsión de las Fuerzas Armadas. “No hubo responsabilidades políticas. Y judicialmente hubo culpables, sí, pero como si no los hubiera habido”, cierra Ripollés.