El presidente del Parlament balear de Vox, a juicio por delito de odio

La Audiencia Provincial de Baleares ha decidido sentar en el banquillo al presidente del Parlamento de las islas, el diputado de Vox Gabriel Le Senne, por un presunto delito de odio al romper una fotografía en la que aparecían varias víctimas del franquismo durante un pleno de la Cámara en junio del año pasado. La sección segunda de la Audiencia ha rechazado el recurso presentado por el diputado ultra contra la apertura de juicio oral dictada por un juzgado de instrucción de la capital. Al recurso presentado por Le Senne también se había adherido la Fiscalía, que pidió el archivo de la causa al considerar que no los hechos no eran constitutivos de un delito de odio.

El tribunal ha desestimado todos los motivos alegados por la defensa del diputado de Vox porque considera que la suficiencia de los indicios del episodio investigado se tienen que resolver en la fase de juicio oral. Los jueces señalan que no es posible “en este momento procesal” archivar la causa porque las cuestiones fácticas planteadas por Le Senne “son propias de una vista pública” al existir indicios sobre la posibilidad de que los hechos investigados hayan sucedido de la manera en la que lo relata el juez instructor. La defensa del investigado, dicen los jueces, no ha solicitado ante el tribunal que se realice una valoración sobre si los hechos pueden ser considerados, por sí mismos, constitutivos de delito. El recurso no incide en la relevancia penal de los hechos investigados, sino en cuestiones relativas a la intencionalidad del investigado. Para los jueces, los argumentos de la parte apelante no guardan relación con la invocación de un supuesto de sobreseimiento libre, sino en la del sobreseimiento provisional.

La sala también descarta en su auto que se haya vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del presidente de la cámara por una pérdida de imparcialidad o de objetividad del juez instructor cuando dictó la resolución impugnada y también rechazan que el magistrado dictase la resolución valorando hechos nuevos. Sobre la inviolabilidad parlamentaria esgrimida por Le Senne, recuerdan en su resolución que esta no le protege de cualquier acto que realicen dentro del ámbito parlamentario, sino de los que sean un “reflejo o consecuencia” del ejercicio de sus funciones y de la expresión libre de “ideas, pensamiento o del ejercicio de su derecho a voto dentro de este ámbito”. “La inviolabilidad parlamentaria de la que goza el investigado no le ampara para cometer actos que supongan una extralimitación de sus funciones” señalan.

Las acusaciones populares y particulares decidieron seguir con el proceso después de que la fiscalía reclamase su archivo, al considerar que Le Senne no había incurrido en un delito de odio. Las acusaciones, que representan a distintas asociaciones en defensa de las víctimas del franquismo, piden desde 16 meses de cárcel hasta cuatro años para el diputado ultra, así como multas por valor de 201.900 euros e indemnizaciones que suman más de 150.000 euros. También solicitan inhabilitaciones de varios años para ejercer cargos públicos.

Le Senne se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial por los hechos ocurridos el 18 de junio del año pasado durante el pleno que debatía los trámites para derogar la ley de Memoria. El presidente de la cámara terminó arrancando una fotografía de las llamadas Roges del Molinar, mujeres víctimas de la represión, que la diputada socialista y vicepresidenta segunda de la cámara, Mercedes Garrido, había colocado en la tapa de su ordenador portátil en la mesa de la cámara. Le Senne terminó expulsando del pleno a Garrido y a su compañera de mesa, la diputada socialista Pilar Costa. De forma paralela, el Tribunal Constitucional ha admitido un recurso de amparo presentado por ambas diputadas contra la decisión del presidente de expulsarlas de la cámara.

A través de un comunicado, Le Senne ha subrayado que sigue amparado por la presunción de inocencia y que actuó convencido en el “pleno ejercicio” de sus funciones. Un argumento que también esgrime el PP, que defiende que el puesto de Le Senne no se trató en las negociaciones para sacar adelante los presupuestos. El presidente del Parlamento no dimitirá de momento, una renuncia que sí ha pedido el portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, que ha dicho que el diputado ultra ya tendría que haber dejado el puesto. “El PP es el responsable de que siga Le Senne, si no, ya habría votado por expulsarlo” ha señalado Negueruela. La formación ecosoberanista Més per Mallorca ha apelado a la aplicación del artículo 9 del reglamento de Parlamento que contempla que los diputados deben quedar suspendidos en sus derechos y deberes una vez se dicta un auto firme de procesamiento o de apertura de juicio oral.