El Constitucional admite el recurso de dos diputadas socialistas expulsadas por el presidente del Parlamento balear

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por dos diputadas del PSIB-PSOE, Pilar Costa y Mercedes Garrido, contra la decisión del presidente del Parlamento de Baleares, Gabriel Le Senne (Vox), de expulsarlas del pleno de la Cámara autónoma por mostrar las imágenes de varias víctimas de la represión franquista. El tribunal admite el recurso de amparo al considerar que tiene “una especial trascendencia constitucional” porque plantea un problema y afecta a un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina del tribunal.

El episodio en cuestión se produjo el 18 de junio del año pasado durante el debate parlamentario sobre la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Baleares. La vicepresidenta segunda de la Cámara, Mercedes Garrido, había colocado en la tapa de su ordenador portátil una fotografía en la que aparecían varias represaliadas republicanas del franquismo. Le Senne le exigió que la quitara para garantizar la “neutralidad” del Parlamento, a lo que Garrido se negó. Le Senne terminó arrancando la foto de su asiento de un tirón y le expulsó junto a su compañera, la secretaria segunda de la mesa, la diputada socialista Pilar Costa.

Ambas diputadas presentaron el pasado mes de agosto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra su expulsión, la exigencia de retirar las fotografías y las negativas del presidente de la cámara de declarar lesionados los derechos fundamentales de las diputadas. En su recurso, las diputadas afirman que Le Senne “no supo mencionar” ni un solo artículo del reglamento ni ninguna otra norma que amparase su decisión y apelan a la “tradición” del Parlamento balear que permitía la exhibición de fotografías o símbolos en sus ordenadores sin que se exigiera su retirada. La petición de ambas diputadas, que presentaron queja por escrito ante la junta de portavoces del Parlamento balear, fue rechazada por el presidente en la mesa de la Cámara.

“Las diputadas recurrentes solicitan el amparo con la finalidad de alcanzar la igualdad plena reconocida en su función parlamentaria, mediante el reconocimiento de que las decisiones recurridas vulneraron sus derechos fundamentales, así como que se declare la nulidad de las decisiones impugnadas” sostienen en el recurso. La sala segunda admite el recurso y señala que el caso puede tener “unas consecuencias políticas generales”. Por ello, reclama al Parlamento que en menos de diez días remita una copia de la sesión plenaria del 18 de junio del año pasado, así como el acta de la mesa de la cámara y de la junta de portavoces en la que se desestimó la queja de las diputadas por su expulsión.

Proceso penal

El pasado mes de febrero el Juzgado de Instrucción Número 1 de Palma dictó la apertura de juicio oral contra Le Senne por un delito de odio y le reclamó una fianza de 40.000 euros para asegurar las responsabilidades que pudieran imponerse durante el procedimiento, que el ultra consignó en el juzgado. El juez argumentó que quedó suficientemente acreditado, mediante imágenes y testimonios de personas que estaban ese día en la Cámara, que Le Senne rompió parte del folio que contenía las imágenes y fragmentó en varios pedazos y tiró al suelo el trozo que se le había quedado en la mano. “Dichas acciones no solo menoscaban la memoria de dichas víctimas del franquismo, sino también de los familiares de las mismas” dijo el juez en un auto.

La fiscalía pidió el sobreseimiento de la causa al no apreciar delito. El caso avanza con las acusaciones populares y particulares. El Partido Comunista de los Pueblos de España es el que exige la mayor pena, de cuatro años de cárcel. Entre las cuatro acusaciones populares reclaman multas por valor de 201.900 euros e indemnizaciones que suman más de 150.000 euros. También solicitan inhabilitaciones de varios años para ejercer cargos públicos. La Audiencia Provincial de Baleares tiene pendiente resolver en los próximos días el recurso presentado por Le Senne contra el auto del juez de instrucción por el que se acordó continuar las diligencias previas del procedimiento.