El juez Hurtado interroga al novio de Ayuso, cuyo entorno filtró el bulo contra el fiscal general

El empresario Alberto González Amador, imputado por dos delitos fiscales, uno de corrupción en los negocios y otro de administración desleal, declara este viernes como testigo en la causa abierta en el Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El magistrado Ángel Hurtado, instructor de la causa, se negó a esta diligencia cuando la pidió la Abogacía del Estado, pero la sala de apelaciones le ha obligado a citar a González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

La causa contra el fiscal general del Estado se abrió a raíz de una querella presentada por González Amador contra García Ortiz por informar a través de una nota enviada a todos los medios que el empresario había admitido los delitos fiscales —dejó de pagar 350.000 euros con facturas falsas por casi dos millones durante dos ejercicios consecutivos― y estaba dispuesto a pagar una multa a cambio de ver rebajada su pena de cárcel. El juez instructor lleva ocho meses investigando si el fiscal general del Estado filtró a escondidas un correo con información confidencial que el interesado, la pareja de Ayuso, no deseaba que fuera revelado.

Sin embargo, la investigación ha acreditado que antes de que el fiscal general del Estado reclamara esa documentación reservada, González Amador había facilitado otro correo electrónico del procedimiento al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien a su vez lo filtró a los medios de comunicación con una versión contraria a los hechos.

El primer medio que publicó la filtración interesada de Miguel Ángel Rodríguez, el diario El Mundo, con una versión falsa de lo ocurrido dio, sin embargo, detalles sobre la admisión de los delitos por parte de González Amador y del pago de la multa para la rebaja de penas. Justamente la información secreta cuya revelación atribuye el juez Hurtado al fiscal general del Estado.

El Mundo publicó su información el 13 de marzo a las 21.00 horas mientras que García Ortiz solo recibió el correo que acreditaba la confesión de culpa de la pareja de Ayuso a las 22.00 de aquel día.

La Abogacía del Estado pretende preguntar a González Amador por esta circunstancia, que dejaría sin base la causa contra el fiscal general del Estado. Varios periodistas ya han declarado ante el juez Hurtado que el secreto cuya revelación investiga lo conocieron antes de que pudiera tenerlo el fiscal general del Estado.

Pero el instructor ha escrito de diferentes maneras que no concede ninguna credibilidad a estos testimonios, dado que los periodistas se amparan en el derecho constitucional al secreto de sus fuentes y no han identificado a las personas que les dieron la información. El juez se ha negado a citar a los periodistas de EL PAÍS que conocieron los hechos un día antes de que el fiscal general reclamara la información y lo han acreditado ante notario poniendo a su disposición los mensajes de WhatsApp que se cruzaron entre sí y los que enviaron al abogado de González Amador.

En el interrogatorio al periodista de El Mundo celebrado en el Tribunal Supremo, la Abogacía del Estado logró una respuesta que probaría que el medio que antes publicó información sobre los correos entre el fiscal y González Amador tenía detalles de la confesión de culpa de la pareja de Ayuso.

—Abogado del Estado (Defensor del Fiscal General): “Usted pone en su artículo “pena, sin entrada en prisión, la propuesta del acusador público consiste en la admisión por parte de González Amador de la comisión de 2 delitos contra la Hacienda Pública. ¿Dónde en el correo del 12 de marzo se indica que la propuesta del señor fiscal Julián Salto consiste en la admisión de 2 delitos concretos, delitos contra la Hacienda pública y otro de falsedad documental a cambio de una multa y una pena de prisión que no implique su cumplimiento efectivo?”.

—Periodista de El Mundo: “Eso es, sí, eso es un dato que no figura en el correo electrónico, pero es un dato que fuentes directas intervinientes en las negociaciones nos contaron que se había producido, es decir, que las conversaciones iban en esos términos”.

La única fuente directa que pudo informar a El Mundo pertenece al entorno de González Amador, porque la otra parte en la negociación, el fiscal encargado del caso, Julián Salto, ha negado que hablara con periodistas sobre sus conversaciones con el abogado de la pareja de Ayuso.

El juez Hurtado pretende concluir su investigación con el interrogatorio a González Amador. A partir de ese momento deberá resolver si lleva a juicio al fiscal general del Estado, algo insólito en la reciente historia de España, o archiva el procedimiento ante la falta de pruebas o ante la existencia de indicios que desmienten la revelación de secretos.