Marlaska solo admite “desajustes o errores puntuales” en la polémica compra de munición israelí

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este miércoles en el Congreso la actuación de su departamento en la polémica adquisición de 15 millones de balas para la Guardia Civil a una empresa israelí en plena guerra en la Franja de Gaza por 6,8 millones de euros. Grande-Marlaska ha insistido en que en la decisión de su ministerio ―desautorizada el pasado 24 de abril por el presidente Pedro Sánchez― solo hubo “desajustes o errores puntuales”. No obstante, ha reconocido que la compra “ha generado un problema” al Ejecutivo de coalición, donde Sumar ha mostrado abiertamente un malestar que también han manifestado otros partidos de la mayoría de investidura. De hecho, su comparecencia para dar explicaciones por esta adquisición se ha producido a petición de tres de estos: EH Bildu, ERC y BNG. Uno a uno, los grupos que respaldan habitualmente al Gobierno en la Cámara baja se han mostrado muy críticos con el Ejecutivo, le han pedido “coherencia” y le han acusado de “actuar de espaldas” al Congreso en los contratos con Israel.

El ministro ha asegurado en su primera intervención en el pleno que la situación está en vías de resolverse “con la implicación del conjunto del Gobierno de una manera coordinada y eficaz” sin entrar en más detalles. Mientras se desarrollaba el debate, en la Plataforma de Contratación de Sector Público aún aparecía el expediente que desembocó en la polémica adjudicación a la empresa israelí IMI Systems Ltd, representada en España por la firma Guardian Homeland Security, sin ninguna referencia formal a su rescision. Tampoco figuraba otra licitación para el suministro de esta munición que lo sustituya.

El máximo responsable de Interior ―que ha insistido en dos ocasiones que comparte “el compromiso del Gobierno de España con la causa palestina”― ha asegurado que su departamento conoció el pasado 29 de octubre que la empresa adjudicataria de dos de los tres lotes de balas de aquel expediente de compra era israelí y que entonces ordenó “de manera inmediata parar la tramitación del expediente y estudiar la mejor vía para su rescisión”.

Grande-Marlaska ha detallado que “durante seis meses” su departamento exploró “todas las vías legales posibles para anular la adjudicación”, pero que no se encontró “ninguna que no implicase un perjuicio patrimonial para el Estado”. “En este proceso, consultamos a la Abogacía General del Estado, cuya recomendación fue formalizar el contrato adjudicado”, ha añadido. Así se hizo el pasado 18 de qabril, en plena Semana Santa. El máximo responsable de Interior ha asegurado que decidió seguir entonces para evitar “un perjuicio patrimonial para el Estado”.

El ministro ha admitido que finalmente “ha sido necesario” que el Gobierno articule “una solución mediante un mecanismo que implica a otros departamentos” para una rescisión que, en estos momentos, “está en proceso”. Grande-Marlaska ha afirmado que su departamento está analizando lo sucedido para “tomar las medidas para evitar que algo así pueda volver a producirse”. En este sentido, en su segunda intervención ha añadido que finalmente la rescisión del contrato “no va a ser tan gravosa como primero se podía pensar”, aunque ha seguido sin concretar el mecanismo que se iba a utilizar y coste final. Grande-Marlaska también ha recalcado que “el suministro de equipamiento y munición para Policía Nacional y Guardia Civil está garantizado”.

Malestar de los socios

A pesar de que Izquierda Unida fue la formación más dura dentro de Sumar cuando se abrió la crisis y llegó incluso a amagar con dejar el Gobierno, su portavoz parlamentario, Enrique Santiago, ha evitado este miércoles cuestionar directamente la gestión del ministro, al que sí ha pedido que aclare si va a dejar sin efecto cualquier contrato de compraventa de material de defensa con Israel y si el Ejecutivo tomará medidas para que los suministros que el ejercitó israelí está utilizando en Gaza no vuelvan a tocar puertos y aeropuertos españoles. En su intervención, Santiago ―como casi todos los grupos de la Cámara― ha aludido al informe del Centro Delàs, que cifra en 46 los contratos adjudicados a empresas israelíes desde octubre de 2023, cuando estalló el conflicto, por valor de más de 1.000 millones. El diputado ha aprovechado su intervención para lanzar dardos a PP y Vox al pedir “a la derecha y extrema derecha” que “dejen de usar a la Guardia Civil para justificar su apoyo al holocausto del pueblo palestino”.

“No estamos haciendo suficiente. A la luz de los crímenes que estamos viendo, colgarse medallas se me hace ridículo”, ha expuesto muy crítica tras la intervención de Sumar la diputada de ERC Teresa Jordà. La política republicana ha pedido al Gobierno que “exija” a la UE que impulse un alto el fuego en Gaza y se adopten en las cumbres internacionales medidas contra Israel, incluyendo la suspensión del acuerdo de asociación, el embargo de armas y las sanciones a sectores estratégicos.

La diputada de Podemos, Ione Belarra, ha empleado de nuevo el tono más duro contra el Gobierno. “¿Cómo pueden subir a esta tribuna y mentir tan descaradamente sin despeinarse?”, ha reprochado la líder del partido. “Me da auténtico asco que se esté usando el esfuerzo de la gente trabajadora, que es solidaria con Palestina, para financiar un genocidio”, ha incidido. “Embargo de armas, ya. Y si no lo hacen es porque su relación con Israel es estable, estratégica y profunda”, ha retado Belarra un día después de que el Congreso haya aprobado la tramitación de una ley que permitiría la prohibición de la compraventa de material armamentístico al Gobierno de Benjamin Netanyahu.

“No tenemos la pretensión de dibujar un Gobierno en crisis, hemos mostrado nuestra voluntad de que no gobiernen PP y Vox”, ha declarado con otro talante el diputado de EH Bildu Oskar Matute. “Lo que no queremos es apoyar a un Gobierno que carezca de credibilidad. No se puede decir una cosa y hacer otra de espaldas a este hemiciclo”, ha advertido antes de recordar al Ejecutivo que “está gobernando porque tiene, entre otros”, los votos parlamentarios de su partido.

“No entendemos la falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace”, ha reprochado también Mikel Legarda, del PNV, que ha afeado al titular del Interior el que hubiera afirmado que todas las compras de armamento con empresas israelíes se habían suspendido y ahora “se cuenten excepciones al criterio general”. “Reclamamos a su Gobierno coherencia, exigimos que se implique y pueda entrar ayuda [humanitaria en Gaza]. Insistimos en la ruptura total de relaciones con Israel”, ha solicitado igualmente Néstor Rego, el único diputado del BNG. Para la representante de Coalición Canaria, Cristina Valido, toda la comparecencia ha sido una “oda a la doble moral”, mientras que la parlamentaria del PP Sofía Acedo ha querido dejar constancia de la división entre socios: “A la vez que desvían la atención con el contrato de las balas, ustedes cuelan 10.000 millones de gasto en defensa y toda la izquierda se lo traga sin rechistar”.

Aunque como en cualquier otra sesión, en el debate se han colado todo tipo de asuntos ajenos al motivo de la comparecencia (la conversión de la comisaría de Via Laietana en un centro para la memoria, los presuntos casos de corrupción que afectan a miembros del PSOE, los intentos fallidos de reformar la llamada ley mordaza o los casos conocidos de policías infiltrados en movimientos sociales), tanto la intervención del PP como la de Vox se han centrado en el otro tema que había llevado a Marlaska al hemiciclo: la propuesta de reglamento para el retorno de migrantes irregulares presentada por la Comisión Europea. La diputada del PP ha achacado al Gobierno el que la inmigración se haya convertido en el principal problema de los españoles, mientras Ignacio Gil Lázaro, de Vox, ha desplegado el tradicional discurso radical de su partido en materia migratoria, relacionando población extranjera y delincuencia. Menos de 30 segundos ha dedicado este parlamentario al otro asunto de la comparecencia y solo para ahondar en la división al recordar que todos los socios habían pedido la dimisión del ministro.