Un alto cargo de Rajoy asesora a la empresa que quiere extraer uranio en Salamanca y que reclama 921 millones a España

El apagón masivo del 28 de abril ha tenido como uno de sus efectos colaterales el recrudecimiento del debate en España sobre la continuidad de la energía nuclear. Y una de las piezas clave es el uranio que emplean las cinco centrales atómicas que hay en el país, que debe importarse. Pero una empresa tenía intención de explotar un yacimiento en el municipio salmantino de Retortillo. En el fragor del debate sobre el apagón, el PP ha mostrado su apoyo a esta explotación. La empresa que quería hacerlo en ese yacimiento es la australiana Berkeley, que ha reclamado 921 millones de euros al Estado por el veto a la mina del Gobierno. De esa empresa es asesor Jaime García-Legaz, secretario de Estado de Comercio en el Ejecutivo de Mariano Rajoy entre 2011 y 2016 y presidente y consejero delegado de Aena los dos años siguientes, hasta el cambio de gobierno que propició la moción de censura con la que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa.

Un portavoz de la compañía subraya que el ex dirigente del PP no tiene ningún cargo ejecutivo en la firma y atribuye a un error que García-Legaz figurase este lunes en la dirección ejecutiva y la junta directiva de Berkeley Energía. Tras la llamada de EL PAÍS, la empresa ha modificado su página web y eliminado ese nombre este martes.

García-Legaz responde por su parte que forma parte del consejo asesor, que “no tiene ninguna función ejecutiva ni de decisión”, de la filial Berkeley Minera España. La compañía anunció en noviembre de 2022 el fichaje del ex secretario de Estado junto a Miguel Riaño y Rafael Miranda, “todos ellos destacados empresarios españoles con amplia experiencia y prestigio, y con amplias redes de contactos”. “La experiencia corporativa, comercial y operativa, además de sus extensas redes empresariales y gubernamentales, será de gran ayuda para la compañía en su esfuerzo por resolver la actual situación de permisos y, en última instancia, impulsar el Proyecto Salamanca”, añadía en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Un año y medio antes, en mayo de 2021, el Congreso de los Diputados había aprobado la Ley de Cambio Climático, con la abstención del PP, en la que figura un artículo que veta la explotación de minerales radiactivos. En julio de ese mismo año, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) también dio el que se consideró el varapalo definitivo al proyecto: rechazó que se concediera el permiso de construcción de la planta de procesado del mineral, vital para esta polémica explotación minera. El CSN sustentó el veto en que existen riesgos con el tratamiento y almacenamiento de los residuos radiactivos que se generarían durante el procesado del uranio y cuya gestión se dejará como herencia a las generaciones futuras. La intención de Berkeley era enterrar esos desechos en dos de las cortas —los grandes agujeros en la tierra que se abren en un yacimiento a cielo abierto para extraer el mineral—. En la práctica, esto supondría crear un almacén de residuos radiactivos en este pequeño municipio salmantino.

“El proyecto es una burbuja, no es viable económica y socialmente”, sostiene Juantxo López de Uralde, coordinador de Alianza Verde, y en 2021 diputado y presidente de la comisión del Congreso que se encargó de la redacción de la Ley de Cambio Climático. López de Uralde critica que “los partidos de las derechas”, en referencia a PP y Vox, al defender esta mina “están beneficiando a Berkeley en su demanda económica contra España”. Además, recuerda que el PP apoyó durante la tramitación de la Ley de Cambio Climático en el Congreso la enmienda en la que se vetaba la minería del uranio.

Pero el PP ha ido cambiando de postura en los últimos años y endureciendo el discurso en su competencia con Vox. En esa lucha, la defensa de la energía nuclear es una de las principales banderas energéticas de estas formaciones. “El Gobierno ahoga la energía nuclear imposibilitando la extracción de uranio, [cuando] en España existen en torno a 30.000 toneladas de uranio esperando a ser obtenidas, singularmente en la zona de Salamanca, y ahogando también vía fiscalidad. ¿Por qué no podemos abrir un debate serio, técnico y solvente? Pero no, el Gobierno se atrinchera y nos dice que es imposible, que los de la energía nuclear son malos y los otros buenos”, afirmó el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, el 8 de mayo en una entrevista en Antena 3. La víspera, Sánchez había esgrimido en su comparecencia en el Congreso para informar de la crisis por el cero eléctrico y del rearme del 2% en gasto militar para este año que los yacimientos de uranio que existen en España “dejaron de explotarse hace décadas porque eran absolutamente inviables desde el punto de vista económico y altamente contaminantes”.

Porque fue en el año 2000, durante el mandato del popular José María Aznar cuando se cerró la única mina que permanecía abierta. La gestionaba una empresa pública, Enusa, que también tenía los permisos del yacimiento de Retortillo, pero renunció a desarrollar esta minería al no considerar de entidad las reservas existentes como para garantizar la rentabilidad de esta actividad.

En España existió entre 1948 y 2000 una minería de uranio en yacimientos de Castilla y León, Extremadura y Andalucía. La Empresa Nacional de Uranio (Enusa) anunció en 1998 el cierre de la mina en Saelices el Chico (Salamanca), la última que seguía operativa, a finales del año 2000 tras considerar que ya no era rentable. La compañía justificó el cierre por el elevado coste de producción, “muy por encima de los precios del mercado internacional del uranio, lo que motiva que la empresa haya perdido durante los últimos ejercicios en torno a 1.500 millones de pesetas [6 millones de euros], situación que se repetirá este año”. La empresa estatal explicó también que, “en función del coste de explotación, en el año 2000, en la mina de Saelices, ya no quedará reserva minera [la rentable de explotar], aunque se mantenga la reserva geológica”. La demanda española de uranio era entonces de unas 1.400 toneladas de concentrados de uranio, de las que Enusa producía un 20% y el resto se tenía que importar.

Un informe de Enusa recoge que en 1997 “la caída” de los precios de los concentrados de uranio “y su previsible evolución negativa a medio y largo plazo, junto a la liberalización del mercado de materias primas y la necesidad de suministrar el combustible al precio más bajo posible”, lo que hizo que la empresa pública “se plantease el cierre ordenado de su actividad minera y, por consiguiente, de la producción de concentrados”. “Ciertamente, los stocks y bajos precios de los países del Este, así como la introducción en el mercado de las reservas de uranio altamente enriquecido procedentes de los arsenales nucleares y la explotación en el extranjero de minas de mucha mejor calidad que las ubicadas en suelo español, habían enfriado las expectativas de un posible aumento de precio de los concentrados de uranio", se reconocía en el documento 50 años de tecnología del uranio en España (1972-2022).

En ese contexto, en 1998 se autorizó el Plan de Parada de Actividades Mineras que preveía paralizar por completo la explotación minera de Ciudad Rodrigo (Salamanca) en 2001. A partir de ahí se planificó el cierre de instalaciones, hasta que Berkeley entró en escena y puso su interés en las reservas de uranio en la provincia del este de Castilla y León.

La empresa australiana ya contrató la década pasada a Manuel Lamela, otro ex alto cargo del PP, como lobbista en Bruselas. Berkeley registró el fichaje del exsubsecretario del Ministerio de Agricultura en diciembre de 2014. Lamela, que previamente fue consejero de Sanidad y de Transportes con Esperanza Aguirre en Madrid, inscribió su despacho personal, Acountax, en el registro de lobbies de la UE. El único cliente del asesor era la empresa minera y él el único lobista autorizado por la misma. Su ex jefe, el ministro popular Miguel Arias Cañete, fue nombrado comisario de Energía y Acción por el Cambio Climático un mes antes.

La compañía presentó en mayo del año pasado la reclamación de 921 millones de euros contra el Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). El 8 de mayo se celebró, sin acuerdo, la primera sesión entre las partes, según figura en el registro del CIADI, justo el día que Sémper animaba a explotar el uranio en España.