PSOE y PP usan diez comisiones de investigación para amenazarse mutuamente en el Congreso y el Senado

La mayoría de los partidos políticos creen que las comisiones de investigación en las Cortes son útiles, pero no está muy claro para qué. La Constitución apenas les fija límites, porque se pueden crear para indagar sobre cualquier asunto. En el Congreso hay dos en vigor, dos disueltas sin apenas explicaciones y otras dos en ciernes, a la espera de lo que haga el PP y el Senado. En la Cámara alta están abiertas tres y hay otra recién registrada, pendiente de lo que hagan el Gobierno y el Congreso. Los asuntos a investigar se repiten: la dana, el gran apagón o el caso Koldo, pero los objetivos a batir no. En el Congreso se investiga lo que les interesa a los socios del Ejecutivo o contra gestiones pasadas del PP. En el Senado, donde el PP disfruta de mayoría absoluta, solo contra Pedro Sánchez.

El artículo 76 de la Constitución apenas pone barreras teóricas y oficiales para esos trabajos: “El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas”. En su segundo punto se precisa que acudir es obligatorio y lo contrario sancionable, como especifica luego el Código Penal. El artículo 52 del Reglamento del Congreso precisa sus reglas y funcionamiento. Lo mismo hacen los artículo 59 y 60 de esas normas en el Senado.

En los últimos días, con motivo del gran apagón del 28 de abril, PP y PSOE han anunciado su intención de promover sendas comisiones de investigación, en el Senado y el Congreso, sobre lo ocurrido. El PP la llevará a la Cámara alta, como amenazó su líder, Alberto Núñez Feijóo, al presidente Sánchez en el debate del miércoles, para evidenciar su incapacidad para gestionar esa crisis y porque entiende que el Gobierno la querrá evitar en el Congreso. El PSOE la sacará adelante en la Cámara baja con sus socios para averiguar donde pueden estar los culpables, pero en todos los ámbitos, incluso los de las empresas privadas implicadas.

El apagón no es el único caso de esa duplicidad. En el Senado ya funciona una sobre la dana y otra del llamado caso Koldo, que el PP impulsó para contrarrestar la del caso Mascarillas (oficialmente sobre las enseñanzas y carencias evidenciadas en la covid-19), que el PSOE dejó morir en el Congreso sin apenas trascendencia alguna. El desarrollo y disolución de esa comisión es muy ilustrativo.

Cuando aparecieron algunos pelotazos por operaciones comerciales sobre material médico durante la pandemia, y muy particularmente en el entorno personal de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el PSOE promovió esa comisión para escrutar esos millonarios contratos. Se aprobó el 16 de abril de 2024, se fijó un calendario de trabajo de seis meses y se detallaron 134 comparecencias. El 1 de octubre pasado la comisión se cerró por la vía de la extinción, quedaron pendientes 110 comparecientes, no hubo más convocatorias, ni conclusiones y a los diputados tampoco se les dieron más razones. PP, Vox y Coalición Canaria, simplemente, no apoyaron su ampliación y el PSOE se calló, a la espera de retomarla en un futuro inconcreto sobre la familia de Feijóo en su etapa en la Xunta de Galicia, miembros de su equipo, barones autonómicos populares y la propia Ayuso.

Mientras tanto, el PP activó una comisión al respecto en el Senado por la que han pasado ministros, José Luis Ábalos, su exasesor Koldo y una secuencia de exparejas del ex número dos del PSOE. El PP, en el Senado, se muestra orgulloso de sus logros: “Se ha dado a conocer un posible fraude fiscal con las mascarillas de más de 160 millones que el secretario de Estado de Hacienda decía desconocer; se han producido dimisiones e imputaciones en Transportes; supimos que fue Salvador Illa el que pidió a su jefe de gabinete que recibiera a Koldo; se han desvelado las mentiras y contradicciones del Gobierno en muchos aspectos de la trama, por ejemplo que Óscar Puente dijo que en la contratación de Jésica no había indicios de irregularidades; destapamos que Jésica estaba adscrita a presidencia de Adif, y que en Tragsatex se la conocía como la sobrina del ministro”.

El PP acusa al Gobierno de boicotear sus peticiones en el Senado al negar documentación o no ayudar a localizar comparecientes y al PSOE, sus aliados y la presidenta del Congreso de intentar montar “comisiones de distracción o de ocultación” al servicio de Sánchez para tapar sus escándalos.

La secretaria general del PSOE en el Congreso, Montse Mínguez, da la bienvenida a ese tipo de sesiones “ante estos momentos y circunstancias excepcionales y nada normales que estamos viviendo” y para que los ciudadanos vean que hay transparencia y no se esconde nada, pero le molesta el “abuso” y la pretensión del PP de transformar las del Senado “en un plató de Sálvame”. Mínguez señala como ejemplo lo que ocurre en la del caso Koldo: “¿Hace falta llamar tres veces a los ministros Ángel Víctor Torres y Óscar Puente? ¿Se pretende recabar información o sólo quieren la foto, el escándalo y el uso partidista?“.

Los partidos grandes tienen diputados para casi todo. Para los pequeños son una labor extra. Jon Iñarritu, de EH Bildu y miembro de varias, argumenta que el instrumento en sí “no es malo si se hacen bien y a tiempo y si no se utilizan de manera torticera” como apunta contra el PP en el Senado.

El diputado de ERC, Francesc-Marc Álvaro, que ya forma parte de una decena de comisiones normales, está en otras dos de investigación. “Es muy discrecional, unas se justifican y otras no. Si un Parlamento no sustancia la búsqueda de responsabilidades políticas en el caso de la dana, que debería ser básico, obligado y necesario por transparencia y calidad democrática, es que vamos muy mal”, resume. La comisión de la dana en el Congreso fue una promesa que está congelada, para gran malestar de partidos como Compromís. El PSOE argumenta ahí que debe avanzar más la vía judicial y la del Parlament valenciano, controlado por el PP y Vox. La del Senado sí está en marcha, pero por otros derroteros.

La incompatibilidad de esas comisiones políticas con las que mantienen un proceso judicial abierto, un argumento y queja de muchos expertos jurídicos, vale según la ocasión. El PSOE, en la anterior legislatura, no veía sentido a montar una comisión sobre los espionajes ilegales de Pegasus (entre otros al expresidente de la Generalitat, Pere Aragonès) por esas razones, pero tras las elecciones de 2023, cuando los votos de ERC y Junts resultaron imprescindibles y la exigieron entre sus condiciones, se aprobaron. Y también otra sobre los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils de 2017, que apenas han servido para dar eco a teorías conspirativas de imanes y comisarios de las cloacas del Estado. La comisión Pegasus llegó un momento en que desapareció y se subsumió en la de la Operación Cataluña, pensada para determinar el papel de mandos del Ministerio del Interior del Gobierno Rajoy en actuaciones ilegales contra rivales políticos. Ahora se ha transformado en un frontón sobre quién fue más culpable de llevar al límite el fracaso del proceso independentista.