La clave está en lo que se pacta

Si bien los acuerdos políticos para alcanzar mayorías hace tiempo que dejaron de ser una novedad en ayuntamientos y comunidades autónomas, la necesidad de crear coaliciones para conformar el Gobierno de España, por un lado, y la aparición de nuevos partidos con discursos distintos a lo políticamente correcto, por otro, han reavivado la discusión sobre la legitimidad, conveniencia y oportunidad de tales pactos.

Urge, por tanto, analizar los diferentes elementos del acuerdo, fundamentalmente dos: con quién se pacta y qué se pacta. Desde el momento en que una organización política queda inscrita en el registro de partidos se le está reconociendo como actor legítimo del sistema. Se da por hecho que cumple con la ley de partidos y con el resto de preceptos que se exigen para tal fin, y por tanto tiene legitimidad no sólo para concurrir a las urnas, sino también para participar en el juego de entendimientos, pactos y/o alianzas necesarios para alcanzar las mayorías que cada decisión requiera. Esto, que es aplicable a los acuerdos que se están alcanzando estos días entre el PP y Vox para elegir alcaldías y ejecutivos autónomos, es perfectamente extensible a otros ámbitos: sea a la hora de constituir gobiernos, o bien, simplemente, de alcanzar apoyos puntuales para sacar adelante una iniciativa legislativa. Lo contrario sería contradictorio con nuestro sistema jurídico y nuestro modelo de democracia.

Aclarada, por tanto, la legitimidad de con quién se pacta, conviene poner el foco en lo que se pacta; es decir, en el contenido de cada uno de los acuerdos. Se puede acordar con alguien de las antípodas ideológicas haciéndolo dentro de la ley y del respeto a los valores y pautas de convivencia democrática, o, al contrario, con alguien muy cercano ideológicamente, pero cuestionando esos principios y consensos democráticos desde los que se ha configurado dicha convivencia. En el caso de los acuerdos PP-Vox que se están conociendo en los ayuntamientos y comunidades autónomas, lo cuestionable no es el acuerdo entre estos dos partidos, por mucho que uno de ellos se sitúe en la extrema derecha bordeando, si no traspasando, los mínimos democráticos, sino el contenido de los mismos.

Si se acuerda dejar de nombrar la violencia machista para hacerla desaparecer bajo el camuflaje de la “violencia intrafamiliar” se están escondiendo, y negando por tanto, las más de 1.200 mujeres asesinadas por esa violencia desde que hay registros; si se relaciona sistemáticamente a la inmigración con la delincuencia, se está criminalizando a los migrantes y difundiendo un discurso del odio; si se prometen regadíos haciendo caso omiso de la ciencia y la normativa al respecto, se está engañando a la ciudadanía, en especial a los agricultores, y si se acuerda eliminar los carriles bicis y las zonas de bajas emisiones, además de arriesgarse a una no desdeñable multa europea por incumplir la normativa comunitaria, se está atacando la salud de los vecinos y vecinas, como ha ocurrido en Elche. Es este, el contenido de los acuerdos, lo que puede y debe ser cuestionado.

En un sistema democrático, parlamentario y pluralista, todo actor que cumpla con los requisitos exigidos puede y debe formar parte del juego de acuerdos y alianzas. Lo que puede mermar, erosionar y amenazar la democracia no es con quién se pacta, sino qué se pacta.