Una tasa en apuros

La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, acaba de recordar que España está dispuesta a aprobar una tasa sobre los ingresos de los servicios digitales de las grandes tecnológicas, conocida para abreviar como tasa Google, en caso de que la Unión Europea no acuerde su implantación. La advertencia, más bien recordatorio, de Calviño coincide con la aprobación de una tasa GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple) en Francia que ha desatado la irritación pública de Washington. La administración Trump, que tiene pocos escrúpulos en utilizar instrumentos de retorsión estatal en el exterior en beneficio de sus compañías estratégicas, ha amenazado con imponer aranceles a aquellos países que apliquen cargas fiscales sobre sus compañías.

La tasa Google está en una situación de impasse político que los Estados europeos no aciertan a desbloquear. Lo ideal sería, por supuesto, que la Unión aprobase un modelo impositivo para la eurozona, pero algunos países como Irlanda, Suecia, Finlandia o Dinamarca se niegan en redondo. No hay argumentos de fondo en contra de una fiscalidad unificada sobre las tecnológicas. La ministra Calviño tiene razón cuando esgrime que, en el caso de las tecnológicas, el valor añadido no está en el lugar de origen de la inversión, sino en el sitio de procedencia de los datos, que es donde se generan los ingresos. Por añadidura, existe un amplio repertorio de informes y estadísticas que demuestran las prácticas de evasión fiscal de las empresas digitales. La lógica de un impuesto cae por su propio peso. No es justo que los Estados se vean privados de ingresos fiscales a los que tienen derecho.

La tasa hoy está encerrada en un laberinto. Sería deseable aplicarla de forma coordinada en toda Europa, pero hoy su aprobación requiere unanimidad. Será más racional aplicar una aprobación por mayoría, lo cual exigiría cambios normativos. La OCDE prepara su aplicación en todos los países de su ámbito, pero los trámites son largos. Desde el exterior, EE UU presiona para cerrar las puertas y ventanas al gravamen, de forma que las expectativas de aprobarla e imponerla en las condiciones idóneas son más bien raquíticas.

Lo ideal choca con lo urgente. El único resquicio es imponerla de forma provisional Estado a Estado, como ha hecho Francia. En España se da el agravante opresivo de que la falta de Gobierno impide que se puedan aprobar nuevos ingresos que aumenten la recaudación, sea para las cuentas de 2019 o de 2020. De ahí que los 1.200 millones anuales que puede rendir un impuesto sobre los ingresos de las tecnológicas sean imprescindibles para equilibrar las cuentas públicas. Por eso el recordatorio de Nadia Calviño es oportuno y no debería caer en saco roto en la discusión fiscal para los próximos ejercicios.