Todo por Rita Barberá

Los excesos cometidos con la institución del fuero judicial para altos cargos han alcanzado una de sus cotas más elevadas con el caso Rita Barberá. La exalcaldesa valenciana fue convertida en senadora cuando ya estaban abiertas las investigaciones por presunta corrupción en Valencia; y ahora el PP refuerza ese privilegio designándola para la Diputación Permanente del Senado, lo cual le permitirá ser aforada más allá de la disolución de las Cortes, en el supuesto de que se repitan las elecciones.

Pronto empieza el PP a incumplir su promesa de “reducir los aforamientos” y “limitar” la competencia de los tribunales superiores para juzgar a cargos públicos. Contrasta el interés por Barberá con la imputación por el juez de 9 de los 10 concejales del PP en el Ayuntamiento valenciano, junto con una veintena de sus asesores, en un asunto de blanqueo de capitales. Pero el instructor de las diligencias abiertas en Valencia tiene que dejar a Barberá al margen, al menos de momento, dado que la hoy senadora está aforada en el Tribunal Supremo.

Mariano Rajoy ha perdido una buena ocasión de demostrar que pretendía cambiar algo cuando aseguraba que en su partido “ya no se pasa ni una”. Lo cierto es que el asunto de la presunta corrupción valenciana está recibiendo el mismo tratamiento que otros casos anteriores: negarlo todo —eso es lo que hace Barberá a través de comunicados— y utilizar los recovecos legales posibles para dilatar todas las explicaciones.

El líder del PP, preso de su anterior compromiso público con Rita Barberá, no hace nada para cambiar el curso de los acontecimientos. De poco sirve reconocer que la corrupción ha pasado una enorme factura a su partido, castigado en todas las convocatorias electorales celebradas en España desde 2014 —destacadamente en Valencia— y persistir en el apoyo a los símbolos de esa etapa funesta.