El dueño de La Cubierta reclamará al Ayuntamiento 200.000 euros por daños y perjuicios

Julio Torres, el empresario que tiene la concesión de la plaza de toros de La Cubierta de Leganés, reclamará al Ayuntamiento de la localidad madrileña en los tribunales una indemnización de 200.000 euros por haber decretado el alcalde, Jesús Gómez, el cierre de las instalaciones por problemas de seguridad.

En un comunicado que ha hecho público este mediodía, Torres, gestor de Asuntos Taurinos y Espectáculos S.L., cuestiona la legalidad de la medida y argumenta que el PP, partido al que pertenece el alcalde Gómez, basa sus políticas en el apoyo a los empresarios, extremo que cree que no está cumpliendo en su conflicto. "Lo cierto es que el Ayuntamiento adeuda a esta empresa aproximadamente 400.000 euros a cuyo pago ha sido condenado por los daños y prejuicios al no cobrar las entradas por los encierros". Gómez ha sido el primer alcalde que le ha obligado a abrir las puertas de la plaza mediante un decreto de festejos, lo que propició toda esta polémica.

Acabadas las fiestas, el alcalde mandó una inspección a la plaza que encontró "deficiencias en materia de seguridad muy graves". Ayer se ordenó el cierre temporal de la plaza hasta que sean subsanadas. El empresario Julio Torres, a tenor de lo que argumenta en el comunicado, que esa medida se trata de una venganza del alcalde: "La inspección se realiza el 17 de agosto y ese mismo día se celebran toros, así como el 18 se celebraron encierros sin que, a pesar el Ayuntamiento de conocer las presuntas deficiencias alegadas para decretar la clausura cautelar de la actividad las consideraran de suficiente entidad o que supusieran riesgo alguno para los ciudadanos".

"Ayer sin embargo", continúa la nota, "la supuesta gravedad de las deficiencias aumenta hasta el punto de decretar su cierre, lo que ha supuesto a esta empresa cuantiosas pérdidas". Como medida cautelar, el Ayuntamiento decidió ayer clausurar el recinto por problemas de seguridad al haber detectado en una inspección deficiencias en la instalación eléctrica y baja presión en el agua de la red de bocas de incendio.

El informe, fechado el 17 de agosto, también detalla que existen anomalías en la puerta de arrastre y la sala de curas de la plaza. Por ello, el concejal de Comercio, José Javier de Diego, resolvió incoar un expediente sancionador por infracción muy grave a la empresa concesionaria del recinto, Asuntos Taurinos y Espectáculos, SA. "Se abrirá cuando se garantice el correcto funcionamiento de las instalaciones debido a los riesgos de seguridad", apuntó De Diego.

El alcalde, Jesús Gómez, negó esta mañana que lo suyo se trate de una vendetta: "Tomamos la decisión en aras de la seguridad de los ciudadanos porque en cualquier momento de cualquier evento podría ocurrir una desgracia". Añadió: "El contencioso que tiene la empresa con el Ayuntamiento se resolverá en los tribunales, no tiene nada que ver con este asunto. Teníamos que actuar porque las deficiencias son evidentes y los técnicos afirman que son invalidantes para la actividad del recinto".

El regidor, aunque no ha detallado a cuánto ascenderá la sanción porque aún no está terminado el expediente, sí ha explicado que, "de acuerdo con la Ley de Espectáculos de la Comunidad de Madrid", la cantidad podría oscilar entre los "30.000 y los 600.000 euros".