Referéndum en la Complutense

Hoy, 16 de abril, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se está celebrando una consulta pública organizada por la Plataforma UCM por la Pública. Se pregunta a la comunidad universitaria si está dispuesta a suspender de inmediato el llamado Plan Económico y Financiero (PEF). Este es el eufemismo con el que se denomina al plan de ajuste al que se ha plegado el Rectorado ç ante la motosierra del Gobierno de la Comunidad de Madrid (CM). Un recorte salvaje que dirige sus dentelladas contra las universidades públicas en medio de la bonanza económica de la región.

El Rectorado, en un giro de guion que deja todavía más clara la naturaleza del pasado acuerdo de la Conferencia de Rectores/as de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA) con Isabel Díaz Ayuso, ha tratado de obstaculizar la consulta enviando directrices a los centros para que no autoricen el uso de instalaciones, mobiliario o urnas de la institución. Alegan que con el referéndum se ignora la jerarquía institucional y se intenta subvertir las decisiones ejecutivas de la UCM.

Sin embargo, la consulta lo que propone es una deliberación colectiva a futuro sobre una posible acción a realizar, la suspensión del PEF. Por otra parte, resulta evidente que con ella no se busca obtener un resultado jurídicamente válido, y en ningún momento se ha anunciado así, sino que estamos ante una consulta simbólica en el marco de las acciones contra los recortes. Se busca destacar tanto la falta de escucha a la comunidad universitaria, como la amplia oposición al plan. Y se enmarca en una serie de acciones que culminarán el 19 de abril en la manifestación convocada desde todos los niveles educativos de la región.

La posición de los rectorados esté ahora ya claramente alineada al otro lado, con quienes atacan a la universidad pública

Sorprende que hace no tanto la CRUMA estaba echando en cara al Gobierno de Ayuso varios aspectos de la malograda ley madrileña de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC). Considerada inconstitucional desde la comunidad universitaria, entre otras sanciones contemplaba en sus primeros borradores hasta un millón de euros por la organización de un “referéndum ilegal”, cifra que en los últimos textos se rebajaba a 300.000 euros. “La ley no nos satisface”, llegó a declarar en diciembre Joaquín Goyache, el rector, incluyendo entre los aspectos que no compartía precisamente el de “las sanciones”.

Una de las cuestiones que más preocupan a la Plataforma es que, tras el acuerdo rubricado en marzo con Ayuso, la posición de los rectorados esté ahora ya claramente alineada al otro lado, con quienes atacan a la universidad pública.

Las buenas noticias vienen de que no todos los decanatos han cedido a las presiones frente a la consulta. Y sobre todo, hay toda una organización de base amplia y diversa movilizada que, a partir de un trabajo en equipo y participativo admirable, lleva semanas preparándola. Desde la elaboración de cartelería original o de guiones para vídeos y textos, pasando por soluciones informáticas que garanticen de manera online que nadie vota doble, hasta la recopilación de urnas y papeletas, la defensa legal del derecho a la libre expresión pacífica o la comunicación de la consulta, diversos saberes emanados de nuestros propios centros han sido puestos al servicio de una respuesta democrática acorde al reto planteado.

Porque el PEF se aprobó en un Consejo de Gobierno que arrastra un legado autoritario tan propio de las universidades. Cuenta con hasta 15 miembros escogidos por el rector. Hay dos representantes del colonizado Consejo Social, un ex presidente del Corte Inglés y un ex director general de Repsol. Y entre los representantes escogidos por el Claustro hay 11 miembros permanentes del profesorado, por dos temporales, cinco estudiantes y dos miembros del personal técnico de gestión y servicios (PTGAS). A ello se suman 10 decanos/as, dos directores/as de departamento y una de un instituto universitario. Se trata, por tanto, de un órgano solo en parte fruto de la representación. Y esta surge además de una ponderación estamental a la que en cualquier aula universitaria difícilmente podríamos denominar de democrática.

Mientras en su reunión del 17 de febrero este Consejo aprobaba el PEF, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología se organizaron diversos talleres para debatir el plan. Pasaron unos 300 estudiantes y 30 ponentes para hablar de la Universidad que soñamos a lo que suponen 40 años de neoliberalismo. Entre las propuestas planteadas estuvo la elaboración de una carta abierta al rector para que denuncie judicialmente a la CM por la infrafinanciación y que suscribieron más de 1.000 personas, cuatro sindicatos y cerca de 30 grupos de investigación. Allí también se planteó este referéndum, una propuesta que fue desarrollada por el movimiento universitario hasta construir la consulta de hoy.

El acuerdo que vendieron como histórico los rectores y Ayuso en realidad era más de lo mismo. Preocupó ya de primeras comprobar que la posverdad propia del ayusismo tenía cómplices en nuestros propios rectorados. El plan que vendían como un hito suponía en realidad pasar del 0,4% del PIB de financiación pública al 0,45%, sabiendo que la LOSU está exigiendo llegar a un mínimo del 1% para 2030. Además de no resolver los graves problemas de nuestras infraestructuras y proseguir los recortes en investigación y becas, en la UCM enseguida se anunció la congelación de nuevas plazas de profesorado, lo que abocaba a los centros a eliminar decenas de grupos en varios grados para el curso siguiente, amenazando de cierre a varios másteres.

La consulta se enmarca así también en una respuesta concreta a este último ataque. Y realmente ha sorprendido que se trate de censurarla. Parece que no quieren conocer lo que se opina del PEF a pie de campus, o que les molesta el ejemplo de auto organización comunitaria, universitaria y democrática en defensa de lo público. El contraste con el proceso llevado a cabo para aprobar los recortes seguramente chirría demasiado.

Sabemos bien que los recortes siempre cabalgan segando bajo su paso la democracia

Quizá lo más preocupante esté siendo la diseminación del miedo por los campus. En una carrera académica tan precaria, con un estudiantado con toda una vida por delante, leer las comunicaciones del rectorado en los términos que hemos visto estos días no es de recibo. Lo que se pretende con la consulta es una acción cívica y democráticamente impecable, incluso diría que formativa. Desde sus inicios la ciencia y la democracia se han basado en la crítica honesta y sincera, sin temor de ningún tipo. Y así hemos de protegerlas desde las instituciones, siempre con respeto a los derechos fundamentales.

Sabemos bien que los recortes siempre cabalgan segando bajo su paso la democracia. No se quiere escuchar a quien sufre sus embates. Tristemente fugitiva en la mayoría de las ocasiones, la democracia en todo caso tiene a la vez un potencial y una resiliencia inesperada. Esta consulta saldrá por tanto adelante.

Esperemos que el proceso y los propios resultados hagan reflexionar a las distintas autoridades de la UCM sobre la necesidad de realinearse de nuevo con su comunidad universitaria en defensa de lo público y de los valores que nos vertebran. Si prosiguen aplicándonos unos recortes funcionales al proyecto oligárquico, de clase y reaccionario de Ayuso, sin plantear la más mínima batalla política ni judicial, estarán demostrando que no nos representan en ninguno de los sentidos. Y más vale entonces que vuelvan a sus clases.