El equipo de Igualdad de la Complutense avisa de que la “drástica reducción” de horas de trabajo dificulta aplicar el protocolo contra el acoso

El equipo al completo que trabaja en la Delegación del Rector para Igualdad en la Universidad Complutense de Madrid ha hecho pública esta semana una nota en la página web de esa unidad para advertir del deterioro. Con el tiempo, la UCM ha reducido las horas que permite dedicar a ese trabajo al personal docente e investigador, llegando a rebajarlas a la mitad en algunos casos, lo que dificulta aplicar, entre otras cosas, el protocolo contra el acoso. Y fue también esta causa lo que hizo que el pasado 17 de febrero dimitiera al completo la Delegación del Rector para las Políticas Sociales, que atiende sobre todo a personas con discapacidad.

El recorte en horas se enmarca dentro de un enorme tijeretazo en los presupuestos de la UCM, que arrastra desde julio de 2024, para devolver desde noviembre un crédito de 34,5 millones a la Comunidad de Madrid que tuvieron que pedir para pagar los sueldos por la asfixia financiera. En el correo electrónico que enviaron, el equipo de Políticas Sociales explicaban que la decisión no respondía “a cuestiones personales ni a discrepancias individuales, sino a un conjunto de circunstancias que, de manera acumulativa, han configurado un escenario de no reconocimiento institucional estructural del trabajo” que hacen desde ese equipo sosteniendo “la diversidad y la inclusión como eje universitario”.

Al teléfono, la ya exdelegada de Políticas Sociales, María José Barahona, afirma la mañana de este domingo que hay “dos formas” de afrontar estas cuestiones, “la ética y la estética”, y que su equipo dimitió por razones “éticas, por falta de reconocimiento, de valoración del trabajo y de no compromiso con las políticas sociales sustentadas en el respeto a los derechos humanos”, que es, añade, de lo que se ocupa esa delegación: “De cumplir con los derechos humanos en cuestión de discriminación por cualquiera de las razones que marca la ley, entre ellas nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual o expresión de género, entre otras”.

Isabel Tajahuerce, la delegada de Igualdad, también al teléfono, afirma que la dimisión fue algo en lo que pensaron en su equipo, aunque no lo harán por el momento; e incide en que con el tiempo con el que cuentan “es prácticamente imposible” cumplir con todo, y que este pasado viernes, cuando habló con el rector, Joaquín Goyache, por los últimos cambios, su respuesta fue un: “Es lo que hay”.

“Ante ‘Esto es lo que hay’, lo que no podemos hacer es quedarnos en silencio, porque esto supone un desgaste continuo de algo que debería ser prioritario para la Complutense”, añade Tajahuerce. Ambas delegaciones están compuestas por tres personas. En el caso de Igualdad, además de Tajahuerce, están la directora de la Unidad de Igualdad, la socióloga Beatriz Ranea; y el coordinador del Observatorio de Igualdad, Lorenzo Escot. Y en el caso de Políticas Sociales, la componían la delegada Barahona, además de una persona en la dirección de la Unidad de Diversidad e Inclusión y otra en la subdirección.

Tanto uno como otro equipo son personal de la UCM, que debe hacer el trabajo educativo además del que corresponde a esos grupos y es en los órganos de la Complutense donde se decide cuánto tiempo se da para una y otra cosa. El último Plan de Dedicación Académica rebajó las horas. Las delegadas pasaron de 150 horas a 120 de exención académica, lo que supone ocho horas semanales; las direcciones de 120 a 90, que son seis horas semanales; y de 90 a 45, tres horas semanales, la subdirección de Políticas Sociales y el coordinador del Observatorio en el caso de Igualdad.

“Nulo reconocimiento”

Ni a Tajahuerce ni a Barahona les preocupa el mayor esfuerzo que deben hacer para dar clase a la vez que se atienden esas unidades. La cuestión, dicen ambas, “es el nulo reconocimiento” de la importancia de la tarea que llevan a cabo y lo que eso implica ya no solo para los equipos, sino para las personas a las que atienden.

“En cuestiones tan importantes y tan complejas como la igualdad, el acoso o las distintas violencias que pueden darse en una universidad del tamaño de esta, lo óptimo para hacer un buen trabajo es tener dedicación completa porque las tareas son inabarcables de otra forma. Pero ya no es que no haya dedicación completa, es que cada vez hay menos tiempo”, afirma Tajahuerce.

Para Barahona, hay “un silencio cómplice de la comunidad de la Complutense” porque “no es una sola persona, no es el rector”, es la Comisión Académica y el Consejo de Gobierno quienes aprueban qué horas requiere cada cuestión: “Y ahí todo el mundo se ha callado. O no les interesa o no les importa, pero la universidad no deja de ser una representación de lo que es la sociedad”, alega. “Nosotros hacíamos más de lo que estaba estipulado por el compromiso social y con la defensa de los derechos de las personas, pero no puede ser que todo sea por voluntad e ilusión”.

Un deterioro progresivo

En el comunicado de Igualdad, se expone que la “reducción drástica” de horas “imposibilita una correcta atención a las competencias en el área de Igualdad, de prevención y de intervención en violencias de género”; y que no tener dedicación a tiempo completo supone un “inconveniente” para implementar el plan de igualdad, el protocolo contra el acoso, o cualquiera de las otras “políticas de igualdad imprescindibles en una universidad de excelencia en el siglo XXI”. Afirman que la situación de precariedad y de falta de recursos viene dándose desde hace años.

El comunicado termina alegando que “en una universidad con una población que supera la de muchas ciudades”, la igualdad “exige dedicación a tiempo completo, no unas pocas horas”, algo que llevan reclamando mucho tiempo, según Tajahuerce.

Escot envía algunos datos del observatorio: “La comunidad de la Complutense está integrada por 82.000 personas, la mayoría mujeres, un 61%. Hay alrededor de 70.000 estudiantes (43.000 mujeres, 26.000 hombres y 626 personas no binarias); 3.500 personas entre el personal técnico, de Gestión y de Administración y Servicios, 48% hombres y 52% mujeres. Y entre las 9.000 personas que hay en el PDI (personal docente e investigador), el 50% son mujeres”. Tajahuece insiste en que los recursos son muy insuficientes: “Y cada vez va a peor”.

Respecto a la delegación de Políticas Sociales, desde la Complutense, en el momento de la dimisión del equipo, afirmaron que la universidad “está gestionando esta transición conforme a sus procedimientos internos habituales, garantizando en todo momento la estabilidad institucional y la plena continuidad de la actividad” y que agradecían “expresamente la dedicación, el compromiso y el trabajo realizado por el equipo saliente, así como su contribución al desarrollo y consolidación del área”.

Barahona, la ya exdelegada, explica que “no se ha dejado a nadie en el abismo” tras la marcha del grupo: “Protocolizamos tanto todos los procedimientos internos de atención que en el día a día se pueden llevar sin problema. ¿Qué es lo que se detiene? La innovación, el progreso. Lo que ya está establecido está en manos de personas que lo van a seguir haciendo, pero la incertidumbre es el futuro".

La Comunidad está a punto de cerrar un acuerdo de financiación con las universidades que quizás mejore la situación de estas unidades.