La universidad madrileña ultima con el ala dura del PP su financiación tras la salida de ‘los pocholos’

En el PP madrileño no salen de su asombro: la educación de la región ha estado desde junio de 2023 en manos de un excéntrico dramaturgo, Antonio Castillo Algarra, que teledirigía a la consejería desde los Teatros del Canal y sin tino por su absoluta falta de experiencia. Él y su órbita, conocidos como los pocholos, salieron del Gobierno la semana pasada: el consejero Emilio Viciana, dos directores generales y tres diputados. Y esta semana, su sucesora, Mercedes Cantalejo, está a punto de cerrar un modelo de financiación con los seis rectores. Ella forma parte del ala más dura del grupo parlamentario del PP. Lo demostró en la comisión de investigación a Begoña Gómez y fue premiada el pasado octubre con el cargo de viceconsejera de Universidades.

En ese escenario el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, ha mediado entre Viciana y los rectores para intentar poner orden en el caos. García Martín participó en otro plan de financiación universitaria en época de Cristina Cifuentes como viceconsejero de Hacienda, aunque o llegó a firmarse. Ello le convierte en un actor de gran valía.

Quien resulta un escollo desde el principio es la consejera de Economía y Hacienda, Rocío Albert, vinculada a la red privada de universidades desde hace años. En su caso ha sido el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, el que ha intervenido para forzarla a destinar más fondos a las públicas. Madrid es la comunidad que menos invierte por alumno, pese a ser la más rica.

El ingeniero Pablo Posse, sin pasado político hasta que ingresó en las listas del PP dentro del grupo de los pocholos, dejó la portavocía de Educación en la Asamblea por obediencia a Algarra hace una semana y su puesto lo va a ocupar el periodista Rafael Núñez Huesca. Él es el creador del nombre de Vox e integrante del núcleo de Santiago Abascal que impulsó el partido a partido en 2014. Nueve años después, siendo ya asesor de la Comunidad, Ayuso le encomendó coordinar el comité de estrategia del PP autonómico. Es decir, asciende alguien del ala dura.

Tras una ronda de consultas esta semana con los rectores (Complutense, Autónoma de Madrid, Politécnica, Alcalá, Rey Juan Carlos y Carlos III), previsiblemente se va a cerrar un modelo de financiación plurianual y los seis se verán con la consejera el lunes. El jueves 5 de marzo Ayuso comparece para explicar el cambio de consejero, el primero en siete años de mandato, y el objetivo es compartir buenas noticias que opaquen a los pocholos. Madrid es una de las pocas autonomías que no dispone una planificación a medio plazo, que permita a las universidades saber con qué dinero cuenta para emprender o no iniciativas. Mientras tanto, la oposición en la Asamblea reclama un plan de emergencia a las universidades.

El modelo se divide en una financiación fija para cubrir los gastos esenciales, otra unida a las condiciones especiales de cada universidad y otra será por objetivos cumplidos, lo que fuerza a las universidades a competir por los fondos. Ese sistema funciona a través de contratos-programa con éxito desde 1997 en Cataluña, donde concentran muchas de las mejores universidades de España.

Una universidad “podrida”

La opinión del dramaturo y profesor de Algarra sobre la Academia es demoledora. Sostiene en sus mensajes en la red social X que la universidad es “un chiste”, está “podrida” y la mayoría de las publicaciones y los investigadores son “falsos”. Pese a esta concepción de la institución la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, puso en sus manos el proyecto de ley de educación superior (Lesuc) ―que ha caído con los pocholos― y la enseñanza de 600.000 escolares y 250.000 universitarios.

Pero, más allá del modelo, las universidades públicas encuentran un escollo en la todopoderosa Albert. La consejera de Hacienda, profesora en excedencia de la Complutense, estaba abiertamente enfrentada a Viciana, según fuentes políticas de izquierda y derecha. El exconsejero trataba de rascar en los presupuestos una cantidad mayor para los campus públicos, pero se encontraba con la negativa de Albert, que le había declarado su enemigo.

La doctora en economía hizo, sin éxito, una ronda de visitas junto a los expresidentes regionales Alberto Ruiz Gallardón y Joaquín Leguina, estando fuera de la consejería, para vender las bondades de la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT) al Gobierno socialista y a los rectores. Pero Ciudadanos se negó a autorizarla con informes internos contrarios. Al salir el partido de la coalición en 2019 y volver Albert a la consejería, las tornas cambiaron y el campus se aprobó. Albert, patrona de FAES, llegó a acudir a una gala de graduación de ESNE (la matriz de UDIT) como vicepresidenta académica con toga y birrete, cuando acababa de ser nombrada viceconsejera de Educación.

Tres meses después de llegar a consejero, en septiembre de 2023, Viciana, llevado por su alma de administrador civil del Estado, pidió un informe a Intervención General de la Comunidad de Madrid por el troceamiento de contratos en obras en centros de FP y finalmente el caso ha terminado este enero en manos de la Fiscalía. Ese hecho encolerizó a Albert, que teme tener que acudir a declarar el juicio, porque la petición de testimonios y diligencias escala poco a poco en el escalafón de la consejería y ella fue viceconsejera de Educación hasta mediados de 2023. Albert frustró un acuerdo sobre horas lectivas entre Viciana y los sindicatos para las etapas no universitarias.

También podría ser llamado a declarar Enrique Ossorio, antecesor de Viciana en el puesto, y hoy presidente de la Asamblea. Albert y Ossorio forman parte del ala más conservadora del PP, que no entendió la entrada de los pocholos en una lista renovada para las elecciones autonómicas de 2023. A Zarzalejo, la nueva consejera, se la considera también “más ayusista que Ayuso”.

La plataforma por la universidad pública celebró la cascada de ceses o dimisiones de los pocholos, pero muy conscientes de que cada día que pasan son más pobres y que las celebraciones no podrían durar más de un día y el calendario de movilizaciones no se detiene. La Complutense sigue abriendo cada día porque la Comunidad, la administración que le ahoga financieramente, le ha concedido un crédito de 34,5 millones más 4,4 de intereses a devolver en tres años.

El rector, Joaquín Goyache, recibe cada vez más presiones internas para que recurra en los tribunales el crédito por incumplir la Comunidad sus deberes financieros. Se lo ha pedido por escrito la Plataforma UCM por la Pública, y en algún consejo de gobierno ―antes de que se aprobase su draconiano plan de ajuste― se puso sobre la mesa la opción del recurso, sin que Goyache lo descartase.

El artículo 54 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU, 2023) dice: “Las universidades tendrán autonomía económica y financiera en los términos establecidos en esta ley orgánica y en las normas de las comunidades autónomas”. Y es evidente que en Madrid está lejos de cumplirse. Y el 55 ahonda en esa idea: “Las Administraciones Públicas dotarán a las universidades de los recursos económicos necesarios para garantizar la suficiencia financiera (...)”.

En la mente de todos esta la victoria de la UCM en el Tribunal Supremo tras incumplir la presidenta Esperanza Aguirre sus dos planes para financiar infraestructuras. El resto de campus se sumaron y ganaron un colchón de 280 millones de euros más intereses, que les han permitido sobrevivir hasta 2024 que se agotó. Porque la asfixia no empieza con Ayuso, hay que remontarse a Aguirre (2003-2012).