La Fiscalía abre la vía para aclarar si cargos del Gobierno de Ayuso dieron indicaciones para contratar las obras investigadas del ‘caso FP’

La Fiscalía Anticorrupción ha logrado que se convoque a siete directivos de otros tantos centros educativos de Madrid para aclarar quién ordenó las obras de reforma de sus instalaciones en las que se centra el caso FP. El juzgado número 39 de plaza de Castilla investiga la comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa entre 2021 y 2023, pues los trabajos, presuntamente, se hicieron sin el preceptivo concurso público, y a través, supuestamente, del método de fraccionar facturas para elegir a dedo a la empresa que los ejecutaría. En ese contexto, la Fiscalía registró el 12 de diciembre un escrito, al que accedió EL PAÍS, para solicitar la convocatoria como testigos de los siete directores y depurar si en sus centros se actuó por cuenta propia o se recibieron indicaciones para contratar con el grupo Virelec, que es quien realizó las obras investigadas. Como consecuencia, la jueza ha convocado a los interesados para el 11 de marzo.

“Según consta en los informes definitivos de control financiero, en todos los centros citados se realizaron obras de reforma en las que intervinieron empresas del grupo Virelec, obras que, según los referidos informes de control financiero, pudieran presentar ciertas irregularidades en su tramitación por cuanto implicaban un fraccionamiento indebido, o porque los presupuestos que se presentaban se correspondían con empresas del mismo grupo empresarial”, se lee en el escrito de la Fiscalía. “Resulta necesario conocer las circunstancias en las que los responsables de los centros educativos entraron en contacto con las empresas del grupo Virelec, las personas que dentro del centro tomaron la decisión de contratar a esas empresas o, en su caso, recibieron indicaciones en ese sentido”.

En la causa constan como investigados el exsubdirector de FP, que negó haber dado instrucciones para realizar las obras sin los preceptivos concursos públicos; el empresario al frente de Virelec, que le conocía desde sus tiempos de estudiante; el exdirector general de Secundaria y FP, que negó conocer lo que ocurría, pese a que un subordinado declaró haberle advertido; o dos directores de centros educativos, que señalan hacia la consejería. “Esto venía dado desde arriba”, dijeron en el juzgado.

Ahora declararán como testigos quienes en la época investigada (2021-2023) eran directores de la Escuela de Arte Alberto Corazón, IES Antonio Machado, Conservatorio Profesional de Música de Alcalá de Henares, IES Príncipe Felipe, IES Virgen de la Paloma, IES Ciudad de los Poetas e IES Tetúan de las Victorias, que se unen así al centro de San Fernando. Además, también se ha convocado como testigo a la que en esa época era directora del IES San Fernando.

“(Hay que aclarar) las partidas con cargo a las cuáles se pagaron dichos gastos, y en el caso de partidas extraordinarias, si se presentó algún tipo de solicitud o memoria para justificar necesidad o, en otro caso, las circunstancias en las que dichas partidas extraordinarias llegaron al centro en cuestión”, pide la Fiscalía.

3,9 millones de euros

Todo empieza así. En septiembre de 2023, dos centros educativos de FP de la Comunidad de Madrid, los IES Hotel Escuela y Ciudad Escolar, reciben sendos burofaxes de la empresa Virelec en los que se les reclaman 1,4 millones de euros por cantidades impagadas de obras. En la Dirección General de Infraestructuras dicen no saber nada de ellas, pese a su envergadura. Y saltan todas las alarmas. El gobierno regional solicita un informe de auditoría a la Intervención General, que acaba detectando “provisionalmente” hasta 3,9 millones en pagos solo a esta empresa. La Comunidad de Madrid denuncia por ello en abril de 2024 a quien había sido el subdirector regional de FP, y a los dos directores de centros educativos a los que la constructora reclamaba pagos pendientes.

La instrucción judicial se centra en esclarecer si los directivos de los centros actuaron por iniciativa propia (lo que ellos niegan), o siguiendo instrucciones de cargos de la Consejería de Educación (como se desprende de los informes de Inspección, y de la Intervención). Estas son las posibles irregularidades contempladas en la ley de contratos del sector público que comunica la Administración: la posible contratación verbal (artículos 37 y 132), y la ausencia de un documento que plasme las condiciones de licitación (artículo 153) o fraccionamiento de la cuantía de los contratos para poder usar el contrato menor.

Durante su investigación, desarrollada a lo largo de 2024, la Fiscalía ya vio “una actuación administrativa claramente irregular y presuntamente delictiva” en la “grosera y palmaria omisión del procedimiento” aplicada por el Gobierno regional.

La jueza, por su parte, ya advirtió en noviembre de 2024 “la posible existencia de una infracción penal [prevaricación administrativa]”.

Finalmente, las auditorías enviadas al juzgado por la propia administración, a petición de la Fiscalía, coinciden en señalar la responsabilidad de la Consejería de Educación.

“Se han detectado gastos tramitados como contratos menores que superan la cuantía del contrato menor”, se lee en ellas. “Asimismo, se ha observado fraccionamiento del objeto del contrato (...) a fin de no superar los límites establecidos para el contrato menor (...) y eludir el procedimiento de contratación con licitación aplicable”, se añade. “Teniendo en cuenta el objeto e importe de dichos gastos hubiera procedido la tramitación de expediente de contratación por órgano competente de la consejería”.