La Complutense diseña un plan de choque en tres años: limpia de profesores, menor oferta de materias y de titulaciones

En el Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense se ha presentado este martes un Plan Económico Financiero, para 2025-2028, en el que el Rectorado ha trabajado durante siete meses y con el que pretendía cumplir los deseos de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y su consejero de Educación. Sin embargo, el azar ha querido que Emilio Viciana fuese cesado la víspera, por lo que no opinará sobre un plan sumiso con la Comunidad de Madrid, a quien la institución académica tiene que devolver un crédito de 34,5 millones más 4,1 millones en intereses. La destitución de Viciana se ha retrasado, según fuentes de la Consejería, para que no se interpretase como un triunfo de la huelga contra la infrafinanciación universitaria en la comunidad más rica de España que se celebró con mucho éxito en noviembre, en especial en la Complutense.

Las 57 páginas del plan, con un tono de mea culpa, son un mazazo para la comunidad universitaria presencial más grande del país: limpia de profesorado, menos materias optativas, más horas impartidas y recorte de titulaciones. El documento se va a elevar al Consejo Social, responsable de su aprobación.

Desde 2007, las transferencias corrientes de la Comunidad de Madrid han crecido un 5% y la inflación, un 44%. La asfixia es inevitable, aunque el documento pone de manifiesto que la UCM ha cometido fallos. “No es un proyecto de recorte, sino un ajuste progresivo”, ha defendido la vicerrectora de Economía, María Begoña García Greciano.

“El sentimiento de todos los decanos es demoledor. Lo que le espera a la universidad con un recorte del 35% es difícil de entender, porque supone que reconocemos que hemos estado sobrefinanciados los últimos años, cuando todos sabemos que la realidad es muy distinta. En realidad, la medicina que se está aplicando a la Computense es un estado de coma inducido”, ha resumido la situación el decano de Derecho, José Manuel Almudí.

La UCM reconoce que ha estado inscribiendo menos alumnos de los que esperaba ―la red de universidades privadas está absorbiendo la demanda que se queda sin plaza en la pública―, por lo que las cuentas no casan, aunque subraya que “no es la causa principal del déficit”. En los últimos cinco años ha perdido 4.600 estudiantes de grado, pero han subido 600 los de máster y doctorado. Y admite también que no ha calibrado bien sus gastos no previstos, “con unas estimaciones no realistas”.

La UCM gasta desde 2019 más en sueldos de lo que ingresa y no tiene colchón para hacer frente a las subidas salariales para los empleados públicos, para los nuevos complementos de producción o ante sentencias judiciales. Hasta el punto de que en 2024 se produjo un descubierto de 38,4 millones de euros, un 8,7% más de lo previsto.

Desde la institución relatan que hasta 2024 no se ha hecho un seguimiento contable que sacara a la luz el desfase entre los ingresos y los gastos en financiación afectada. Hecho que “ha ocultado los déficits en ejercicios anteriores”. A pesar de ello, más allá de una mala gestión, hay también un ahogamiento económico por parte de la Comunidad de Madrid, que no se contempla en el texto para agradar al Ejecutivo de Ayuso.

Aún menos asignaturas optativas y titulaciones

La UCM admite que ha quitado materias optativas y reasignado grupos de forma que las horas de clase impartidas el pasado curso bajaron un 5,7%. Hasta 62.164 menos. El “propósito” es seguir menguando la oferta. El rectorado informa de que “se realizará un estudio de los grados y titulaciones para analizar la viabilidad de aquellos que tengan una baja demanda de estudiantes y no se consideren estratégicos o imprescindibles”. Sin embargo, de facto desde hace año y medio se están cerrando estudios. En la última hornada, la comisión de viabilidad ha estudiado una veintena de titulaciones y va a cerrar al menos dos másteres. Cada facultad estudia por su lado aumentar el número de alumnos por aula.

Las jubilaciones no se reponen

La UCM apenas va a convocar plazas para subir de categoría, a profesor titular o catedrático, pese a que cientos de profesores tengan suficientes méritos acreditados ante la agencia de evaluación Aneca. De esta forma, además de crear una gran bolsa de investigadores frustrados, se va a producir un gran ahorro. La convocatoria de una plaza puede demorarse actualmente cinco años, mientras que en otras universidades españolas solo se tarda seis meses. En la partida de nuevo empleo público apenas van a invertir unos 2,5 millones cada año.

Cada año se jubilan 40 docentes de media antes de los 70 años y otros 20 piden una excedencia. Según sus cálculos, estos retiros van a recortar el gasto en 21,3 millones. Se han suspendido también los premios de jubilación y la subida salarial de 2026 va a tardar en cobrarse.

El personal de administración y servicios (bibliotecarios, auxiliares de laboratorio, administrativos o informáticos) tampoco se salva de la quema. Apenas habrá reposición de los jubilados y se ahorrará, según las estimaciones de los dirigentes de la Complutense, 11,81 millones. Los relevos serán en “escalas inferiores”. El caos y la sangría económica son tales que la oferta de empleo público de 2021 se convocó en 2024 y se va a resolver “a final de 2026″, según el documento.

Durante años la UCM, como casi todas las instituciones públicas, llenó sus campus de falsos profesores asociados que cubrían muchas de las horas de clase. Pero la nueva ley de universidades (LOSU, 2023) no permite que impartan más de 120 horas (tienen que tener un oficio principal). Parte de esa carga docente la han asumido los nuevos profesores ayudantes doctor, 231, cuyos sueldos van a sufragar a medias la Comunidad de Madrid (que se resistió hasta el final) y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y que quedan fuera del presupuesto.

“El plan ataca justo a lo que nos hace Complutense y diferentes al resto de universidades. Ataca a la masa crítica [profesorado y PTGAS, personal técnico de gestión, administración y servicios], a las titulaciones especializadas y de calidad y a la investigación puntera que hemos llevado adelante”, ha lamentado la decana de Geografía e Historia, María Cruz Cardete. Cree que se va al “modelo de universidad privada: sin apenas investigación, en la que hay que pagar y no vinculada al servicio público”.

Otros tijeretazos

La lista de tijeretazos que incluye el informe es enorme. “Se han suspendido las ayudas a los grupos de investigación del programa propio de investigación UCM” o los proyectos de calidad docente, cuentan. El rector ha asegurado que esos proyectos se van a volver a convocar próximamente “porque son muy importantes”.

También se ha reducido el presupuesto para becas de formación práctica, para colaborar con departamentos o de excelencia en máster, o las ayudas a las asociaciones. La podadora ha llegado a las licencias de software, las suscripciones a revistas, las convocatorias de movilidad, el gasto en sus museos, el voluntariado, los cursos de formación permanente... Por no hablar de que en la partida de gastos de los decanatos y departamentos, que ya menguó en julio de 2024, se mantiene un recorte del 35%. El gasto final en calefacción o luz a finales de 2025 ha terminado desbaratando, sin embargo, las cuentas previstas. Son muchos en la comunidad universitaria quienes piensan que el plan no se va a aplicar en su totalidad, porque dejará solo escombros.

El año presupuestario de 2021 se ha cerrado con un déficit de 21 millones para el que no hay remanente para cubrir, y seguirá habiendo números rojos. Por eso, el decano de Filosofía, Juan José García Norro, se ha preguntado en alto si habrá que pedir un nuevo crédito. El rector Joaquín Goyache ha asegurado que “se prevé” que haya presupuestos en 2026 y más financiación.

La decana de Ciencias Políticas y Sociología, Esther del Campo, argumenta que la universidad “tiene que asumir que no es un problema técnico, sino político”. Y pone como prueba que se ha “caído el entramado” de toda la Consejería de Educación con la salida del ya exconsejero Viciana, además de varios directores generales (algunos aún por confirmar). “Los veo muy optimistas con los nuevos tiempos [en referencia al nombramiento de Mercedes Zarzalejos como nueva responsable de Educación de Ayuso] y ya les digo yo que no, porque esto es una cuestión política”, ha añadido Del Campo, que ha animado al rector a acudir a los tribunales “para defender los derechos de esta universidad”.

La indignación de la comunidad universitaria no amaina y otra huelga, también por la Ley de educación superior madrileña (LESUC), está sobrevolando entre las críticas al plan de recortes. En la facultad de Sociología de la UCM se están celebrando siete talleres para debatir sobre la defensa de la educación pública. La Plataforma por la Universidad Pública considera que este plan es “un chantaje” porque el “desequilibrio presupuestario” se explica por la falta de inversión de la Comunidad de Madrid.

En la jornada se han propuesto tres propuestas: una carta abierta al rector para que active una demanda judicial, un referéndum para la retirada del plan económico y para quitar el título de alumna ilustre a Ayuso.