Cuando el empleo no basta para promover la igualdad de oportunidades

Recientemente, el Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, que incluye entre sus metas la creación de una prestación universal por crianza de 200 euros mensuales por cada descendiente menor de 18 años. El objetivo declarado es que esta nueva prestación llegue a todas las familias con niños y niñas a su cargo y contribuya a erradicar las formas más severas de pobreza infantil en 2030.

España registra una de las tasas más altas de pobreza infantil de la Unión Europea. Casi el 30% de los menores se encuentra en riesgo de pobreza, diez puntos por encima del conjunto de la población. Esta brecha, además, se ha ampliado y cronificado, en contraste con el vigor del crecimiento económico. En anteriores fases expansivas, el aumento del empleo actuó como mecanismo de arrastre para estos hogares, constituyendo su principal fuente de seguridad económica. Que este proceso no se esté reproduciendo en la actual fase expansiva pone de manifiesto las insuficiencias de nuestro modelo de protección social.

La mayor vulnerabilidad de la infancia se confirma también con otros indicadores. Uno de cada seis menores vive en hogares que sufren retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda, como la hipoteca o el alquiler, los suministros energéticos o las cuotas de comunidad. Este indicador ha aumentado un 50% desde 2019. A corto plazo, la combinación de un menor crecimiento de sus rentas y un mercado de la vivienda cada vez más inaccesible los sitúa en una posición de especial riesgo ante posibles desaceleraciones de la economía.

A largo plazo, haber sufrido la pobreza en esta etapa tiene graves consecuencias sobre las oportunidades educativas, laborales y de salud, lo que contribuye a reforzar su transmisión intergeneracional. Esto no solo reduce las oportunidades de acceso a empleos cualificados, salarios dignos y otras dimensiones básicas del bienestar, sino que también debilita el tejido social y productivo del país. Combatir esta situación es, por tanto, una cuestión tanto de justicia social como de eficiencia económica.

Nuestras estimaciones de 2023 para el Alto Comisionado para la Lucha Contra la Pobreza Infantil mostraban que mantener niveles tan altos de pobreza infantil tiene un coste elevado. En una valoración muy conservadora, la pobreza infantil costaba a la sociedad española más de 63.000 millones de euros anuales en pérdidas de productividad y costes asociados a problemas de salud, lo que equivale al 5,1% del PIB, una cifra sensiblemente superior a la tasa media de crecimiento anual de la economía. En este contexto, resulta fundamental analizar qué políticas pueden ser más efectivas para cambiar de rumbo.

Las políticas de protección a la infancia vigentes en España se caracterizan por un nivel de gasto muy bajo en comparación con otros países europeos, lo que limita su impacto. Por otra parte, las prestaciones focalizadas introducidas en los últimos años, como el complemento de ayuda para la infancia (CAPI) del Ingreso Mínimo Vital (IMV), se enfrentan a importantes dificultades para llegar a los hogares potencialmente beneficiarios.

En la Unión Europea, la política más extendida es la prestación universal por crianza. En España, en cambio, el principal instrumento de apoyo a las familias sigue siendo el mínimo por descendientes del IRPF, una deducción en cuota no reembolsable que beneficia fundamentalmente a los hogares con ingresos medios y altos, y que excluye a los más vulnerables. Según el Libro Blanco para la reforma fiscal, cerca de tres millones de declarantes con descendientes menores de 18 años no pueden beneficiarse de este mínimo debido a la insuficiencia de su base liquidable.

Su conversión en una desgravación reembolsable sería un primer paso en la buena dirección. No obstante, hay otras reformas más ambiciosas y potencialmente más efectivas, como duplicar la cuantía del CAPI y cambiar su distribución por edad, o complementar el sistema existente con una prestación universal de 200 euros como la recientemente anunciada. Esto nos acercaría al modelo ya implantado en diecinueve países europeos.

La reforma del CAPI podría reducir significativamente la pobreza si llegara efectivamente a los cuatro millones de niños y niñas potencialmente beneficiarios, con reducciones de hasta el 22% en su incidencia y del 36% en su intensidad. Tanto la prestación universal como la conversión del mínimo por descendientes en una deducción reembolsable tendrían una cobertura mucha mayor, llegando a 8 y 5,6 millones de niños y niñas, respectivamente. La conversión del mínimo tendría un coste bajo, pero también un impacto limitado, con reducciones del 3,6% en la incidencia y del 7,3% en la intensidad de la pobreza.

Una prestación universal que se reciba por defecto y se sitúe en el entorno de los 200 euros mensuales sería la medida con mayor impacto, con una disminución potencial del 21,5% de la incidencia de la pobreza infantil y del 45% de su intensidad. Si se considerara un ingreso tributable, tendría un coste aproximado de 11.000 millones de euros adicionales (0,65% del PIB) respecto al sistema actual, frente a los 6.300 millones (0,37% del PIB) que supondría reformar el CAPI. Aunque implica un mayor esfuerzo presupuestario, su principal ventaja es que eliminaría las barreras de acceso para los hogares más vulnerables, reduciría la burocracia asociada a la comprobación de recursos y disminuiría el riesgo de fraude.

A su mayor simplicidad administrativa y los menores costes de gestión se suma la mayor legitimidad social de las políticas universales. Se trata del reconocimiento del derecho de todos los niños y niñas a recibir una protección suficiente que promueva la igualdad de oportunidades. En los sistemas universales, todas las personas acceden a los derechos, mientras que el esfuerzo que implica su financiación se distribuye mediante una tributación progresiva.

Es urgente, por tanto, dedicar más recursos públicos a la lucha contra la pobreza infantil para promover la igualdad de oportunidades. La inversión propuesta supone menos de la sexta parte del coste económico y social que implica no llevarla a la práctica.