Cuando tengamos euros digitales, ¿qué pasará con Bizum?

El euro digital promete dar un salto tecnológico para Europa, pero también se ha convertido en un campo de batalla entre la industria bancaria y el Banco Central Europeo (BCE). El conflicto se concentra en dos frentes: los costes de implantar la nueva moneda digital y el posible solapamiento con soluciones privadas ya consolidadas, como Bizum. Mientras los bancos alertan de que se trata de un proyecto costoso, difícil de rentabilizar y que no aporta valor respecto a las soluciones que ya existen, el BCE defiende que el euro digital es un bien público necesario para adaptar el dinero a la realidad digital y lograr la soberanía europea en los pagos.

El primer punto de fricción está en la factura del proyecto. El BCE estima que la implantación del euro digital podría costar entre 4.000 y 5.800 millones de euros, parte de los cuales recaerán sobre las entidades financieras. Otros informes sugieren que esa factura será incluso superior. Los bancos deberán financiar la adaptación tecnológica, integrar el sistema en sus aplicaciones, reforzar los procesos de control, habilitar la operativa en cajeros y canales digitales y asumir el soporte y la atención al cliente.

“Es un proyecto importante y en el que estamos tratando de construir y aportar para que, si sale, salga de la mejor manera posible. Pero hay temas relevantes y el coste es uno de ellos. Es un proyecto transformacional y tiene un impacto muy significativo en el sector privado, pero también en el sector público”, señala un directivo de una entidad financiera que prefiere no ser citado.

A ello se suma que el BCE quiere que el euro digital abarate los pagos para los comercios y reduzca la dependencia del sistema actual monopolístico dominado por las tarjetas, lo que implicaría tarifas más bajas. Esto reduciría también los ingresos que obtienen hoy los bancos por cada transacción, pero supondría un coste superior para mantener activas las infraestructuras por las que circulan las diferentes formas de pago. “La banca va a tener activadas muchas plataformas cuyo volumen de operaciones va a ir subiendo y bajando. Pero la infraestructura tiene que mantenerse y la seguridad tiene que mejorarse. Eso significa que el coste por transacción va a ser más alto para los bancos”, explica Elias Ghanem, de la consultora Capgemini.

Las autoridades monetarias explican que el diseño del euro digital ya prevé incluir mecanismos de compensación para que las entidades hagan frente a los costes. Además, defienden que la infraestructura del euro digital será abierta y permitirá a los bancos desarrollar nuevos servicios de valor añadido por los que sí podrán cobrar y rentabilizar la inversión. “Los esquemas de pago en el mundo digital en su mayor parte son propiedad de las tarjetas de crédito. El euro digital supone desarrollar un esquema que va a ser gratuito para las entidades de pago. Eso quiere decir que si una entidad quiere desarrollar un medio usando el esquema del euro digital lo va a poder hacer sin coste”, detalla José Manuel Marqués, director del departamento de innovación financiera e infraestructuras de mercado del Banco de España.

Entre los casos de uso más citados figuran los pagos programables o condicionales. El euro digital permitiría, por ejemplo, pagar un billete de tren solo si el servicio llega a su destino en hora o abonar una compra cuando un paquete se entregue correctamente. Sin embargo, las entidades se muestran escépticas y advierten de las dificultades técnicas y comerciales de integrar los sistemas bancarios con los de empresas de transporte o logística. En el caso del ejemplo, la compañía ferroviaria tendría que aceptar cobrar solo si sus trenes son puntuales.

“No está claro cómo se monetizarán esos casos de uso porque no hay una cantidad muy grande. Y la innovación tiene que ser sostenible. Una innovación que es deficitaria termina muriendo porque el modelo de negocio no funciona. Y los casos de uso que hemos visto ya se pueden hacer con las herramientas que tenemos en los bancos”, añaden fuentes financieras.

El segundo frente de tensión es el solapamiento con sistemas privados ya existentes. La banca ha puesto mucho esfuerzo (y millones de euros) en desarrollar Bizum y otras soluciones de pagos instantáneos en distintos países europeos que cumplen funciones similares al euro digital, ya que permiten pagos entre personas, compras online y próximamente compras en los comercios físicos.

La presión del sector para reforzar estas alternativas privadas se ha intensificado en las últimas semanas. Bizum —ya interconectada con los sistemas de pago de Italia, Portugal, Andorra y los países nórdicos— ha anunciado un acuerdo para sumarse a las soluciones de Alemania, Francia, Bélgica y Países Bajos, con el objetivo de ofrecer pagos transfronterizos paneuropeos a partir de 2027. La iniciativa permitirá a los consumidores seguir utilizando su aplicación habitual para enviar dinero o pagar en comercios en otros países, sin cambiar de plataforma, y aspira a cubrir 13 mercados y cerca del 72% de la población de la Unión Europea y Noruega.

Cuando comenzaron los debates sobre el euro digital, muchas entidades esperaban que el BCE construyera el proyecto sobre infraestructuras ya existentes. “Apoyamos totalmente la soberanía europea, pero Europa ya tiene infraestructuras y soluciones que funcionan. Reaprovecharlas es más eficiente, más barato y más fácil de explicar al ciudadano”, señala otra entidad financiera que prefiere mantenerse en el anonimato. El principal temor del sector es que la coexistencia de varias soluciones genere duplicidades y confusión entre los usuarios, que podrían no percibir la diferencia entre el dinero en su cuenta corriente, los pagos instantáneos y el euro digital.

La división de opiniones también está instalada en el plano político. El eurodiputado Fernando Navarrete, ponente de la norma, se ha mostrado más próximo a la posición del sector financiero y considera que el euro digital podría aportar valor principalmente en los pagos sin conexión a internet, mientras que en los pagos online considera que los sistemas actuales ya cubren la demanda y el objetivo de la soberanía europea.

Mientras el calendario avanza con presión. La regulación del euro digital está prevista para 2026, los primeros pilotos podrían arrancar en 2027 y la emisión general podría llegar en 2029, según las previsiones del BCE, pero estas fricciones podrían retrasar. Aun así, los expertos coinciden en que, sea cual sea el resultado, los beneficiados serán los ciudadanos.

“La idea del BCE es que el euro digital no compita, sino que conviva con otros medios de pago, pero hasta que no lo veamos en el día a día es difícil atisbar exactamente si uno acabará sustituyendo al otro. El hecho cierto es que ha habido un acelerón, es decir, que se lance o no se lance el euro digital, sí que ha servido para unificar los pagos en Europa. El ciudadano sale beneficiado 100% porque se le da más herramientas para transaccionar”, concluye Iván Manso, experto de KPMG en España.