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El apagón deja un año de choques entre Gobierno, REE, la CNMC y las eléctricas

El histórico incidente ha tensado las relaciones en el ya de por sí conflictivo sector eléctrico: todos acusan a los demás y ninguno asume responsabilidades. Nadie ha pagado indemnizaciones y los consumidores sufren una factura más cara

Imagen de una reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez con las principales compañías eléctricas tras el apagón del 28 de abril.Borja Puig de la Bellacasa (MONCLOA/Pool)

El apagón del 28 de abril de 2025 ha provocado múltiples choques y enfrentamientos entre los principales líderes del sector eléctrico a lo largo de este primer año que está a punto de cumplirse. Las responsabilidades económicas, políticas y empresariales por un incidente de la magnitud de lo ocurrido hace un año son tan elevadas que la presión ha hecho sucumbir a todos: ninguno asume la más mínima responsabilidad por lo ocurrido y todos culpan al resto.

Desde el mismo día del cero absoluto, cuando la Península Ibérica se quedó a oscuras durante horas, surgieron los primeros roces. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salió en primera persona a dar explicaciones, sin descartar en ese momento la posibilidad de un ciberataque, una justificación que en paralelo ya estaban descartando los técnicos de Red Eléctrica, que hicieron las veces de portavoces en el momento más difícil.

Todos los popes del sector fueron llamados a consultas a Moncloa. En pocos días, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) entraba en las sedes de Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol, contra las que ahora Competencia ha incoado expedientes sancionadores.

Aunque Red Eléctrica y el Gobierno han estado alineados en múltiples cuestiones, el informe que encargó el Ministerio para la Transición Ecológica y que presentó en tiempo récord también provocó fricciones. En el operador del sistema no gustó que en el reparto de culpas también se cuestionara la planificación que hizo la encargada de gestionar el sistema eléctrico que saltó por los aires hace ahora un año.

Pero los choques más enconados y más abiertos han sido los que han mantenido las grandes eléctricas (Iberdrola y Endesa, fundamentalmente, y Naturgy, en menor medida) contra Red Eléctrica.

La compañía presidida por Beatriz Corredor recibió fuertes críticas a través de las terminales mediáticas más afines a las empresas y más distantes del actual Ejecutivo. Hasta que tras varias acusaciones, el operador del sistema decidió responder. Fue en un foro en la pasada primavera organizado por el diario Expansión cuando Corredor destapó que las grandes centrales de las eléctricas habían incumplido con sus obligaciones de control de tensión. “No se han tomado la pastilla de la tensión”, señaló como metáfora de la causa del apagón. El enfrentamiento era público y notorio, pero alcanzaría su culmen en un segundo foro organizado por Cinco Días la pasada primavera, donde Corredor y el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, se acusaron mutuamente a pocos metros de distancia y ante un auditorio completo. La tensión, al igual que sucedió el día del apagón, llegó a niveles nunca vistos en un evento de naturaleza siempre cordial.

La guerra siguió, y el informe sobre el apagón presentado por Red Eléctrica de nuevo fue un episodio aparte. El operador del sistema no sólo no asumía ninguna responsabilidad, sino que achacaba el 100% de la culpa a las empresas. Pero el operador del sistema deslizaba un episodio muy concreto: una desconexión abrupta de una gran central fotovoltaica en Extremadura como gran contribuyente al fundido a negro del día de los hechos. No acusó abiertamente, pero elDiario.es publicó que Red Eléctrica se refería a una central de Iberdrola. Ya no había retorno. Durante esos meses, las acusaciones de no proporcionar datos entre las partes eran recurrentes para hacer ver que algunos tenían cosas que ocultar.

Y por si esto fuera poco, el enfrentamiento ha saltado al primer nivel de la política. La comisión de investigación que se activó en el Senado, donde el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta, ha sido un continuo intercambio de golpes. El culmen se produjo con las filtraciones de los audios entre los técnicos de las empresas y Red Eléctrica, ampliamente difundidos en prensa y en los que se soslayaban las expresiones más gruesas: “A tomar por culo, nos estamos desconectando”.

Entonces, se dio paso al ciclo de intervenciones en el Congreso de los Diputados. Las palabras de la presidenta de Red Eléctrica en este y otros foros han llevado a Iberdrola a demandarla personalmente. El operador del sistema, por su parte, contestó que los audios filtrados son intoxicaciones de terceros. Antes de las acusaciones públicas, los reservados de los restaurantes y los despachos de las plantas altas eran un incesante ir y venir de periodistas cargados de versiones de las partes.

Aunque con un nivel de intensidad menos visible, Red Eléctrica también se ha enfrentado a los reguladores. Pocos días después del apagón, ya advirtió que llevaba desde 2020 pidiendo herramientas regulatorias que no habían llegado. No es de extrañar que ahora tanto el Ejecutivo como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se traten de cubrir y señalen que “las herramientas regulatorias que había el día del apagón eran suficientes”. Lo cierto es que ambas entidades han hecho reformas desde el blackout. Y también es cierto que el informe de los investigadores europeos señala que con determinadas normativas también habrían disminuido las posibilidades de que sucediera un incidente tan masivo.

La CNMC aún tiene que dictar sentencia, pero de forma preliminar ve indicios de irregularidades “muy graves” del operador del sistema, mientras que en las eléctricas solo encuentra problemas “graves”. En el mercado hay quien se pregunta si siendo sancionador y a la vez regulador tiene conflicto de intereses en este asunto.

El frente nuclear

Por si los enfrentamientos fueran pocos, el apagón se ha cruzado con dos cuestiones muy sensibles este año para los reguladores. En primer lugar, la posible prórroga de la central nuclear de Almaraz. Después del apagón, han sido incesantes los mensajes de las eléctricas tratando de hacer ver que el cierre de la central extremeña sería un desastre y comprometería la estabilidad del sistema, una amenaza que no ha dejado de rebatir el departamento liderado por Sara Aagesen. Y que por otro lado, el tema nuclear tampoco ha puesto del todo de acuerdo a lberdrola, Endesa y Naturgy, propietarias del parque atómico nacional.

Con alusiones indirectas al apagón, también las empresas han chocado con la CNMC por la retribución a las redes, el otro gran foco de tensión entre las partes implicadas durante el año más complejo en el sector eléctrico nacional.

A un año vista del incidente, los expertos y quienes conocen mejor las tripas del sistema eléctrico se preguntan si la gestión del problema ha sido la idónea, sobre todo en la cuestión reputacional. La caída del sistema ha provocado que los consumidores sufran una factura más cara desde hace 12 meses y por ahora nadie ha asumido ninguna responsabilidad. Los afectados tampoco han sido resarcidos y no tienen ninguna certeza de que lo serán, pese a que los políticos aseguraron desde el primer momento que se investigaría hasta las últimas consecuencias.

Hubo quien incluso intentó evitar el enfrentamiento público, hacer un relato compartido entre las partes donde todos asumieran parte de la culpa con el fin de evitar daños mayores, como ya ocurrió con el apagón de Barcelona de 2007. Pero no ha sido posible. Esta guerra nadie ha sido capaz de pararla pese a que todos sabían que, en el intercambio de golpes, saldrían mal parados cada uno de los implicados, incluida la imagen de España como país.

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