Las 35 horas en la Administración estatal agitan la reivindicación de miles de funcionarios autonómicos y locales en toda España

Las empresas saben que, por norma general, la concesión de un derecho a un grupo de trabajadores conduce a la reivindicación del mismo por quienes estén en un rango parecido. Esta lógica se aplica con aún más fuerza en el sector público, en el que los jefes patronales son políticos que se enfrentan a las urnas como tarde cada cuatro años. De ahí que la aprobación de la jornada semanal de 35 horas en la Administración General del Estado (AGE), sellada en el Boletín Oficial del Estado este miércoles, sea un argumento de mucho peso para los funcionarios que aún trabajan más horas, 37 y media. En el 40% de las autonomías y en la misma proporción de grandes ayuntamientos no rigen las 35 horas, panorama que los sindicatos quieren cambiar. Y ya están dando pasos para conseguir tal fin.

Rosa Robledano, de UGT Madrid, explica que su sindicato ya ha enviado una carta al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para reclamarle que aplique las 35 horas en la Administración autonómica. “Ahora que se han aprobado en la Administración estatal, no tienen argumentos para rechazar el cambio. Ya tuvimos las 35 horas cuando presidía la comunidad Alberto Ruiz-Gallardón, con el mismo partido que ahora (PP). Sería, simplemente, recuperarlas”, opina la vicesecretaría general del área pública del sindicato a nivel regional. “Una comunidad que saca pecho de sus cifras económicas puede permitirse aplicar una medida que está en vigor desde hace muchos años en otras autonomías”, agrega Robledano.

Además de Madrid, tampoco han sellado legalmente las 35 horas para los funcionarios autonómicos en Galicia, Comunidad Valenciana, Navarra, Baleares y Cataluña. En esta última es uno de los responsables de CSIF Rafael Sánchez, quien insiste en la línea de Robledano: “No entendemos por qué aquí no se aplica, cuando Cataluña es, en teoría, una comunidad puntera”. También forma parte de CSIF, pero en la Comunidad Valenciana, Ezequiel Archilla: “Es evidente que la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana dificulta las 35 horas. Es una medida que exige una contratación extra de personal para mantener los servicios públicos”, opina. Añade que, una vez publicado el acuerdo estatal en el BOE, lo exigirán “en todas las conselleries de la Comunidad Valenciana”.

La situación es un poco diferente en las otras regiones que aún no han instaurado por ley las 35 horas para sus funcionarios. Carlos Torrens, de CC OO en Baleares, explica que, aunque el Ejecutivo autonómico aún no ha consolidado las 35 horas, “en la práctica ya se están haciendo, es la realidad del día a día”. “En 2025 firmamos un acuerdo de legislatura para implantar las 35 horas. Está pendiente de ejecución, aún no es una realidad jurídica, pero ya se aplica en muchos departamentos”, detalla este responsable sindical.

“La Xunta siempre ha dicho que hasta que el Estado no aplicase las 35 horas ellos no iban a hacerlo. Por eso lo reclamamos ya”, agrega Irene Martínez, secretaria general de UGT Servicios Públicos en Galicia. Explica que hay áreas en las que ya se trabaja 35 horas, como los servicios públicos de salud, pero no en la administración general autonómica. “Vamos a conseguir trasladarlas”, añade.

La otra región sin las 35 horas para el común de los funcionarios autonómicos es Navarra. “Nuestra jornada es principalmente de 36 horas y media. En los últimos años la prioridad en las negociaciones ha sido la parte salarial, tras los recortes de los años anteriores”, concede Patxi Larumbe, coordinador del Área Pública de CC OO en Navarra. Defiende que ya están reclamando las 35 horas: “Vamos a pedirlo y más teniendo en cuenta que el Gobierno de aquí tiene el mismo signo político que el de la Administración central”.

¿Y los ayuntamientos?

Las 35 horas tampoco se contemplan en cuatro de cada diez grandes ayuntamientos, según un recuento reciente de este periódico. Esto deja un gran margen de mejora, con un 40% de grandes corporaciones que pueden tomar como referencia el acuerdo de la Administración General del Estado. Entre ellas están Valencia, Málaga, Palma, Alicante, Vitoria, A Coruña, Albacete, Castellón o Salamanca.

En las últimas semanas se ha producido un encendido debate laboral en torno a la posibilidad de que la contracción de la jornada en AGE pudiera servir como argumento legal para recortar el tiempo de trabajo en muchos ayuntamientos. La lógica sindical, expuesta recientemente por CC OO en una nota de prensa, es que la ley de bases de régimen local establece en su artículo 94 que “la jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración local será en cómputo anual la misma que se fije para los funcionarios de la Administración Civil del Estado; se les aplicarán las mismas normas sobre equivalencia y reducción de jornada”.

El Ministerio de Función Pública descarta esta interpretación y asegura que otras normas posteriores anulan esta posibilidad. La resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado abunda en esta visión, ya que en su artículo 15 expresa: “La jornada general prevista en la nueva redacción de estas instrucciones no será de aplicación a las entidades locales ni otras Administraciones, que se regirán de manera supletoria por la jornada general prevista por la disposición adicional centésima cuadragésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018″. Y la jornada detallada en ese texto es de 37 horas y media.

Dado ese escenario, los sindicatos advierten de que pelearán las 35 horas en cada mesa de negociación de cada corporación municipal. Los tres principales sindicatos de la Función Pública (UGT, CSIF y CC OO) ya están animando a sus delegados para que reclamen el recorte del tiempo de trabajo en sus ayuntamientos. CSIF dice en un comunicado difundido tras la publicación de la resolución que, si es necesario, emprenderá medidas legales para asegurar que la jornada de 35 horas llegue a las corporaciones locales.

Juan José Regatos, secretario general del Sector de Administración Local CC OO, explica que han preparado un modelo de escrito para los representantes de CC OO en cada ayuntamiento en el que se reclama la convocatoria de la mesa general de negociación, la negociación de los calendarios de trabajo y que se fije el nuevo esquema en los convenios colectivos. Asimismo, su sindicato ha enviado una carta a la Federación Española de Municipios y Provincias en la que reclama “abrir una mesa de trabajo con los tres sindicatos mayoritarios para establecer la implantación de las 35 horas de forma coordinada y negociada en cada entidad local”.

Según el último boletín estadístico de las Administraciones públicas (de julio de 2025), las comunidades emplean a 1,93 millones de personas; la Administración local a 632.000; y la estatal, a 540.800.