¿Cuántas horas trabajan los funcionarios de tu ayuntamiento? El 40% de las grandes ciudades aún no han instaurado las 35 horas

El principal sindicato de España especializado en funcionarios, CSIF, envió un comunicado el 24 de octubre de 2023. Aquel día se anunció el acuerdo de PSOE y Sumar para renovar el Gobierno de coalición y reducir la jornada ordinaria máxima de 40 a 37 horas y media en el Estatuto de los Trabajadores. CSIF pedía ir más allá para los funcionarios y alcanzar las 35 horas. Dos años y medio después, el Ejecutivo no ha cumplido con los asalariados privados, dado el rechazo de la derecha en el Parlamento a las 37 horas y media, pero sí está a punto de satisfacer las 35 horas para muchos trabajadores públicos.

En la primera quincena de abril, Función Pública instaurará este reparto del tiempo de trabajo para unos 250.000 empleados de la administración central, jornada que ya aplica para buena parte de los funcionarios autonómicos y locales. Pero no para todos. Según el recuento elaborado por EL PAÍS, 21 de 56 grandes ciudades españolas consultadas (todas las cabeceras de provincia, las dos ciudades autónomas y otras cuatro muy pobladas) aún no han establecido la jornada de 35 horas para sus empleados municipales. Así, cuatro de cada diez consistorios consultados aún no las han instaurado, una proporción parecida a la que se da entre las autonomías. No han implantado las 35 horas por norma general en seis de las 17 comunidades.

Empezando por los ayuntamientos, a continuación puede consultar cuál es la jornada pactada semanal de los funcionarios de los principales municipios españoles. La información ha sido provista por cada una de las corporaciones.

Los trabajadores municipales de las dos ciudades más pobladas del país, Madrid y Barcelona, ya cuentan con las 35 horas semanales, que aún no han llegado al ayuntamiento de la tercera, Valencia (37,5). Entre las otras siete ciudades con más habitantes, en Zaragoza, Sevilla, Murcia y Las Palmas de Gran Canaria rigen las 35 horas. En Palma y Alicante son 37,5, mientras que Málaga queda a medio camino (36,5).

También trabajan 37 horas y media en Vigo, Vitoria, Albacete, Castellón, Salamanca, Cáceres o Teruel. En estas localidades los sindicatos aún no han logrado que los gobiernos municipales reduzcan la jornada a 35 horas, como sí han hecho en Bilbao, Valladolid, Gijón, Granada, Badajoz, Guadalajara o Zamora. Unas pocas localidades disponen jornadas de unas 36 horas, como Jaén o L’Hospitalet de Llobregat.

De los 56 municipios analizados, la jornada de 35 horas rige para los empleados municipales del 60% de ellos. En otro 30% los empleados públicos locales trabajan 37 horas y media. Si el análisis se circunscribe a las 50 capitales de provincia, en 31 se trabajan 35 horas; en 16, 37 horas y media; y tres quedan a medio camino.

Cabe destacar que estos datos están repletos de matices, que las cifras planteadas son las más habituales en cada una de las plantillas, pero que algunos cuerpos municipales tienen otros esquemas. Por ejemplo, hay varios municipios en los que la policía local tiene una jornada algo más larga, como en Tarragona: ellos trabajan 37 horas y media y el resto de trabajadores municipales, 35. También es frecuente que parte de la jornada se dedique a formación, como sucede en Soria: allí trabajan 37 horas y media, con dos horas y media dedicadas a este fin.

Para los empleados de las administraciones autonómicas, según indica el sindicato CC OO, las 37 horas y media aplican en Cataluña, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Galicia, Baleares y la Comunidad Foral de Navarra, seis de las 17 comunidades autónomas. En el resto ya rigen las 35 horas.

Este balance interpela a los empleados públicos de las administraciones autonómicas, lo más relacionados con servicios de ventanilla, pero estas condiciones no tienen por qué coincidir con las de los empleados en la sanidad y la educación (las principales competencias regionales).

Según detalla CSIF, las 35 horas sí aplican en Andalucía tanto en la sanidad como en la educación, panorama parecido al de Aragón o Asturias. En Baleares los sanitarios sí han logrado las 35 horas, pero no los docentes, situación que coincide con la de Canarias. En Cantabria, según la información facilitada por CSIF, se hacen 37 horas y media en la mayoría de la educación, y 35 en la sanidad, esquema que también se da en Galicia. Las 35 horas también son la norma general en la sanidad y la educación de Euskadi, Murcia, La Rioja, Castilla y León y Castilla-La Mancha, mientras que en Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Navarra rigen las 37 horas y media para sanitarios y docentes.

Según el último boletín estadístico de las administraciones públicas (de julio de 2025), las comunidades emplean a 1,93 millones de personas, la administración local a 632.000 y la estatal, a 540.800.

Una reivindicación histórica

Miriam Pinillos, sindicalista de CC OO y experta en administración pública, recuerda cuando las 35 horas empezaron a aplicar “hace 30 años” en las administraciones autonómicas de Andalucía. “La reticencia que las administraciones tenían entonces era la misma que ahora: reducir la jornada implica unos reajustes que exigen un esfuerzo de coordinación y también un refuerzo de los recursos”, dice Pinillos. “Empezamos a reclamarla a finales de los noventa y de manera paulatina la fueron adaptando diferentes comunidades autónomas”, rememora Milagros Dorronzoro, secretaria de Organización de CSIF.

La expansión paulatina de las 35 horas se cortó en seco en 2012, en plena Gran Recesión. Entonces el Gobierno de Mariano Rajoy prohibió esta posibilidad en todas las administraciones y estableció, por norma general, las 37 horas y media. “Fue un hachazo”, dice Pinillos. Dorronzoro recuerda que esta limitación se suprimió en 2018, cuando la situación económica se había encauzado, y varias administraciones volvieron a recuperar el esquema de 35 horas. “La Administración General del Estado volvió a quedarse fuera. Ahora, por primera vez, lo hemos logrado”, agrega la representante de CSIF.

Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, cree que el acuerdo para reducir la jornada de los funcionarios estatales a 35 horas puede desencadenar un “efecto dominó”. “Creemos que los ayuntamientos que se han resistido a aplicar las 35 horas ahora lo van a hacer. Es fundamental dar ese paso”, opina la dirigente de UGT.

¿Y en lo privado?

¿Ese efecto dominó del que habla Araque puede llegar a las empresas privadas? Joan Sanchis, autor de Cuatro días (Barlin Libros) y especialista en el análisis del tiempo de trabajo, no es optimista. “No tengo muy claro que vaya a permear en el resto del tejido productivo. Hace muchos años que aplican las 37 horas y media en la Administración General del Estado y eso no se ha trasladado a la empresa privada. No creo que vaya a ser un revulsivo para reactivar el debate sobre tiempo de trabajo”, opina Sanchis.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, conectó ambas ideas recientemente. “Acabamos de aprobar la reducción del tiempo de trabajo a la gente de la función pública a 35 horas a la semana. Y yo, a favor absolutamente. ¿Pero al resto de los trabajadores no? ¿Por qué?“, comentó Díaz en marzo en una rueda de prensa en el Ministerio de Juventud, antes de cargar contra la patronal por su rechazo a la reducción de jornada para el conjunto de los trabajadores y que acabó tumbando la mayoría de derechas del Congreso hace ya más de seis meses.

Sanchis cree que la reducción a 35 horas de la jornada de los funcionarios es una buena noticia (“está bien que la administración predique con el ejemplo y que sus empleados sean prescriptores de la reducción de jornada”), pero a la vez advierte de posibles efectos negativos: “Puede reforzar la sensación de privilegio que muchos ven en los empleados públicos, que crezca la brecha, que ya es considerable, de las condiciones laborales de lo público y lo privado. Puede alimentar discursos contra los servicios públicos”.

El autor de Cuatro días también alerta de que si la reducción del tiempo de trabajo no se desarrolla con tino puede repercutir en una “intensificación” de la tareas, y acabar repercutiendo negativamente en empleados y ciudadanos.

39,4 horas en lo privado, 36,9 en lo público

Natalia Arias, especialista del gabinete económico de CC OO, ha estudiado la diferencia entre las jornadas pactadas de los trabajadores públicos y de los privados. A partir de los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA), concluye que la jornada media pactada de los asalariados privados se situó en 2025 en 39,4 horas, frente a las 36,9 de los empleados de la administración pública. Son dos horas y media de diferencia a la semana entre los trabajadores a jornada completa, media hora al día. La estadística de convenios colectivos reduce las horas del empleo privado a 38,3, pero cabe destacar que esa cifra se basa en el promedio de los convenios colectivos, mientras que la EPA también toma en cuenta a los trabajadores que no están protegidos por esos acuerdos entre sindicatos y patronales.

Las cifras del gabinete económico de CC OO indican que la distancia es amplia y que, además, se está ensanchando: en los últimos años ha caído más el tiempo de trabajo en lo público que en lo privado. Desde 2015 las horas pactadas se han contraído un 1,8% en lo público y la mitad en lo privado, un 0,9%. “El acuerdo en la AGE reducirá significativamente las horas pactadas en lo público y puede que vaya más allá, que llegue a más administraciones que aún no tienen las 35 horas, lo que ensanchará más la brecha creciente con los asalariados privados”, opina Arias.

Esta especialista ve muy difícil que haya reducciones “significativas” del tiempo de trabajo en el sector privado si no parten de cambios legislativos. Es un argumento en el que ya insistían los jefes sindicales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, cuando coleaba el debate sobre la reducción de jornada a 37 horas y media: sostenían que la negociación colectiva ya había conseguido reducir el tiempo de trabajo en los sectores más productivos, y que para llegar a los más precarios e intensos en mano de obra (y menos sindicalizados), era necesario un cambio normativo. La patronal rechazaba ese argumento: esgrimía que ya se ha rebajado la jornada donde la productividad deja margen para hacerlo y que las imposiciones normativas van en detrimento de la competitividad.

Según se desprende del análisis de CC OO, el 85% de los asalariados a jornada completa del sector público tienen jornadas pactadas de 37 horas y media o menos, frente al 12% de los empleados por compañías privadas. Y, como un espejo, solo el 14% de los empleados públicos tienen jornadas de unas 40 horas, frente al 84% de los asalariados privados. Por sectores, las jornadas más largas del mercado privado se dan en la construcción (97% en torno a las 40 horas), con la educación (40%) en el otro lado de la balanza. Los docentes de la pública están en una situación aún mejor, con solo un 6% en torno a las 40 horas.

Arias cree que, en un contexto de alta desigualdad, difícil acceso a la vivienda y muchas personas subempleadas (que trabajan menos horas de las que le gustaría), muchos trabajadores prefieren poner el foco en el debate salarial, antes que en el de la jornada. Además, opina que la “ola reaccionaria en el ámbito laboral” dificulta que la reducción de jornada tome vuelo, que la tendencia internacional es justo la contraria. Pone como ejemplo la reforma laboral en Argentina. “Sin medidas legales que obliguen a la reducción o negociación colectiva con poder de influencia, es difícil que haya reducciones de las horas trabajadas”.

Es una idea en la que abunda Sanchis al mencionar la tecnología que muchos apuntan como un posible revulsivo: la inteligencia artificial (IA). “Tiene una potencialidad muy grande para hacer realidad los sueños de muchos autores desde los años ochenta. ¿Cuál es el problema? Que la tecnología está dominada por actores que están centralizando los beneficios que puede producir". Es decir, considera que no hay un reparto “equitativo” de los ganancias de productividad derivadas de la IA, y de ahí que el debate sobre esta tecnología orbite más sobre destrucción de empleo que sobre la mejora de las condiciones de los trabajadores. “Si caminamos hacia modelos más descentralizados, sí puede ayudar a reducir el tiempo de trabajo”, agrega Sanchis.