La economía se extranjeriza, pero no la administración pública: el muro de los foráneos para ser funcionarios

Las condiciones laborales de la administración pública son mejores que las de la mayoría de actividades privadas: estos empleados cobran un promedio de 2.949 euros brutos al mes, muy por encima de la media (2.273), y la jornada pactada semanal es de 35,8 horas, dos horas y media menos que el promedio e incluso por debajo de la reforma que plantea el Gobierno. A ello se suma la seguridad de que, con plaza de funcionario y si no hay negligencias, no te pueden despedir. Y, a la vez, es el sector con menor presencia de extranjeros de toda la economía española: son solo el 1,3% de los afiliados a la Seguridad Social en esta rama de actividad (el funcionariado más canónico y las fuerzas de seguridad, sin incluir a sanidad o educación), pese a representar el 14% de la fuerza laboral española. Son tan pocos entre los funcionarios como hace diez años, cuando había la mitad de extranjeros empleados en España. Cada vez son más en el sector privado, especialmente en los terrenos más precarios, y, al mismo tiempo, son anecdóticos en la administración.

Este dato, sobre el desfase entre la diversidad del empleo español en general y la función pública en particular, no sorprende a la comunidad inmigrante en España. “No hay chinos en la administración pública española por varios motivos, entre los que destaca el criterio de nacionalidad”, opina Jingfu Xu, secretario general de la comisión de juventud de la Asociación de Chinos en España. Insiste Ahmed Khalifa, presidente de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes: “El extranjero sigue siendo un objeto extraño dentro de la administración. No está presente”. Así se siente Elisabeth Laura (32 años), trabajadora de los servicios sociales en varios ayuntamientos de la Mancomunitat L’Horta Nord (Valencia) y de ascendencia boliviana: “No he conocido a nadie migrante en mi trabajo, soy la excepción. Las condiciones son mucho mejores que las del sector privado, al menos en mi sector”.

El acceso a la función pública está regulado en el Estatuto Básico del Empleado Público. El artículo 56 establece que “para poder participar en los procesos selectivos” se requiere “tener la nacionalidad española”. Y el artículo 57 matiza a continuación: “Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles”. Es decir, un italiano, un francés o un rumano pueden presentarse a casi todas las oposiciones, excluyendo un puñado de actividades que “impliquen una participación en el ejercicio del poder público” o en “la salvaguardia de los intereses del Estado”. Entre ellas está el cuerpo diplomático, la vigilancia aduanera, los inspectores de Hacienda, los de Trabajo y Seguridad Social o de seguridad nuclear. Este tipo de requisitos son habituales en otros países europeos.

Los extracomunitarios pueden presentarse a esas oposiciones si son cónyuges de españoles o de otros nacionales de países de la UE, pero para la mayoría el funcionariado está vedado. Los extranjeros que no provienen de la Unión Europea son la mayoría de los afiliados extranjeros a la Seguridad Social, el 69% de los tres millones que trabajan en España. Entre ellos, las comunidades más numerosas que peor lo tienen son la marroquí (383.000) y la china (124.000): a ellos se les exigen diez años de residencia legal y continuada para acceder a la nacionalidad española, frente a los dos años de la otra gran comunidad, los latinoamericanos.

“No sé por qué hay que nacionalizarse para ser funcionario, no entiendo la razón. Cuando he preguntado a los gobiernos por esto siempre me evaden la respuesta. Dicen que ahí están las oposiciones y que se nacionalice el que quiera”, comenta Vladimir Paspuel, presidente de Rumiñahui, una asociación ecuatoriana en España, que a la vez puntualiza: “Pero ese argumento es válido para lo que les interesa. Para el ejército no nos exigen la nacionalidad, o para la sanidad por la escasez de médicos, pero sí para un empleo en una oficina del paro”.

Ese puesto de funcionario de ventanilla, y tantos otros, está vedado para los extracomunitarios mientras no accedan a la nacionalidad. Sin embargo, sí pueden aspirar al mismo si es un puesto de tipo laboral. Son las ocupaciones sin plaza fija, a menudo regidas por contratos temporales. “Nos dejan optar a una parte de los puestos de la administración”, opina el colombiano Álvaro Zuleta, de la fundación ACULCO, “pero no a los más estables, los de funcionario, como si fuésemos ajenos a ello; exigimos que esto cambie”.

¿Qué dicen el Gobierno y los sindicatos?

El Ministerio de Función Pública indica que la nacionalidad se exige “para proteger intereses soberanos y estatales”, sin más concreción, pero a la vez reivindica que “se han abierto muchas excepciones, especialmente en el contexto de la UE y de países con lazos históricos con España”. Estos requisitos son la norma general en el resto de países europeos, en los que también se exige la nacionalidad para ser funcionario. “Pueden acceder a convocatorias de personal laboral los extranjeros con residencia legal en España en igualdad de condiciones que los españoles”, agrega el departamento de Óscar López.

Montserrat Gómez, responsable de CC OO en la Administración General del Estado (AGE), cree que “no tiene mucho sentido” que el requisito de nacionalidad aplique a tantos puestos. “Si pueden presentarse si están casados con un español, ¿por qué no si no lo están?“, dice la sindicalista, que alude a la Constitución para reforzar su argumento: “Habla de mérito y capacidad, no de otros requisitos”. Esas exigencias se concretaron en el Estatuto Básico del Empleado Público, al que alude Isabel Araque, jefa de UGT Servicios Públicos: “No creo que sea necesaria una reforma de la normativa. Es un asunto que no genera el más mínimo conflicto dentro de la administración. Hay que recordar que cualquier persona de cualquier nacionalidad, siempre que sea residente legal, puede ser personal laboral”.

El ministerio recoge esa idea para exponer uno de sus argumentos: “Los extranjeros residentes en España no tienen limitaciones en el acceso a la administración como personal laboral y, sin embargo, en la actualidad no es una opción prioritaria para ellos: solo el 3% del total del personal laboral que ingresa anualmente en la Administración General del Estado es extranjero”, apuntan. Es decir, el Gobierno cree que hay otras razones que explican la escasez de extranjeros en la administración pública (y que no concreta), ya que un millón de comunitarios pueden ser funcionarios y todos los extranjeros pueden ser laborales, pero apenas se presentan.

Araque cree que esto se explica por “desconocimiento” de esta posibilidad. “Hay muchos puestos a los que podrían acceder y no se presentan”, indica la ugetista. Gómez piensa, circunscribiendo su respuesta a la Administración General del Estado, que influyen las condiciones económicas, que no compensan el esfuerzo que exige una oposición: “No resulta atractivo. Las categorías más bajas no merecen la pena”. A la vez, ambas dicen que sería positivo que más extranjeros participasen en la administración pública: “Tenemos los brazos abiertos, enriquecería nuestro punto de vista”, dice la de CC OO; “sería muy bueno”, agrega la de UGT.

“Para CSIF lo más importante es que en las administraciones públicas estén los mejores profesionales para prestar un servicio de calidad a la ciudadanía, independientemente de su origen, respetando el marco legal”, añade el sindicato especializado en funcionarios, que dice que “corresponde al Gobierno y al Parlamento” impulsar las modificaciones legales que “considere oportunas”.

Ante esa posibilidad, el ministerio de López deja la puerta entreabierta: “Estamos en un proceso amplio de transformación de la administración y al hilo de ese proceso se irán trasladando los cambios sociodemográficos al modelo de empleo público, por una vía natural y progresiva. El objetivo del empleo público, en el ámbito de la Administración General del Estado es que sea cada vez una opción laboral más demandada por el conjunto de la ciudadanía y, desde luego, por parte de la población extranjera que vive en España”. Uno de los grandes problemas de la administración pública es la elevada edad media de la plantilla (en torno a los 51 años entre los funcionarios del Estado), lo que aboca al Gobierno a seguir lanzando grandes ofertas de empleo público para compensar el alto flujo de jubilaciones.

Sin estabilidad, sin oposiciones

Paspuel apunta a otras razones que explican la menor participación de los extranjeros en la función pública, empezando por la económica: preparar unas oposiciones exige un desahogo económico que no está al alcance de cualquiera. “Hay personas con formación suficiente que no se presentan porque no tienen tiempo para estudiar una oposición. Yo conozco españoles que se han ido al paro un par de años para preparar esos exámenes. Alguien que tiene que mantener a su familia de aquí y de allí no puede dejar de trabajar”, opina el presidente de Rumiñahui, idea en la que profundiza Khalifa: “Piensa en un marroquí que llega con 20 años y accede a la nacionalidad diez años después. Ya se ha buscado la vida en otra cosa, en lo que pueda. El día a día del inmigrante no le lleva a preparar una oposición, es una utopía”.

Los extranjeros, en promedio, están menos formados que los españoles, lo que también complica el acceso a la función pública: el 52% de los españoles ocupados tiene estudios superiores, frente al 28% de los extranjeros o el 35% de aquellos con doble nacionalidad. Para engordar el problema, como subraya Zuleta, destacan las complicaciones para homologar títulos obtenidos en sus países de origen: “Es un filtro que los extranjeros sufren. Es dificilísimo que reconozcan nuestra formación, como si no fuera suficiente”. En ello también insiste CSIF: “Estamos trabajando para que el Gobierno agilice las homologaciones de títulos, que afectan a personas extranjeras que hoy no pueden ejercer por este motivo”. A ello, agrega Zuleta, se suma que la propia dinámica de los exámenes penaliza a aquellos que no hablan el castellano de España o que no es su lengua materna.

“Esos exámenes son muy complejos. Lo son para los españoles pero aún más para los extranjeros”, agrega Xu, convencido de que “muy pronto” habrá “más diversidad” en la administración pública: “Quizá no sean los chinos que llegaron aquí, pero sí sus hijos”.

Diversidad en la función pública

Elisabeth Laura, la trabajadora social en varios ayuntamientos valencianos, desarrolla la idea que plantea Xu: “Que las personas de ascendencia extranjera estemos en la administración es importantísimo, es necesaria esa visibilidad para que la sientan como suya”. Llegó a España a los 12 años y tiene la doble nacionalidad, boliviana y española, desde que tenía 20. A los 33, dice ver la “sorpresa” en el rostro de las personas a las que atiende cuando ven que es empleada pública y original de otro país: “Para muchos es un choque importante. He sufrido alguna situación desagradable”. El reverso positivo es cuando algunos migrantes ven que pueden aspirar a lo mismo: “Me dicen ¿pero tú me vas a atender? Se quedan procesándolo, no están acostumbrados".

Paspuel abunda en ello: “Creo que a la función pública le vendrían bien otras miradas. Sería muy positivo, tanto para los extranjeros como para los españoles a los que atienden, que hubiera más migrantes en la administración. Muchos extranjeros se quejan del trato rígido que reciben, a menudo no se ponen en su posición”. Khalifa insiste en que es “fundamental” que en la administración “haya personas que conozcan los códigos culturales de tantas personas a las que atienden”. “Hay una figura, la del mediador intercultural, que debería estar mucho más presente y que deberían ser personas de origen extranjero”, añade Khalifa, en línea con Laura: “Podemos ayudar, como en cualquier otra actividad”.

Un problema estadístico

Los expertos en política pública siempre insisten en la importancia de la precisión en los datos para abordar cualquier problema. Este, el de la escasez de extranjeros en la administración pública, es un buen ejemplo de carestía. Las cifras de este reportaje parten de las de afiliación a la Seguridad Social y la desagregación por actividades, en las que hay un apartado que se llama admnistración pública y defensa; seguridad social obligatoria. Recoge en torno a un millón de empleados, una muestra potentísima, pero que no recoge a otros dos millones de trabajadores públicos que sí contempla la estadística de referencia del empleo público: el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. El problema es que este boletín, que desagrega al máximo por edades, sexo o territorios, no lo hace por nacionalidad. Este periódico se lo ha solicitado al ministerio, pero no ha obtenido respuesta. Esa estadística sí incluye a cientos de miles de empleados autonómicos de la sanidad, donde hay más empleados extranjeros, y de educación, que quedan fuera del mencionado aparado de la Seguridad Social. Sea como sea, de vuelta a la estadística de afiliados, los extranjeros están muy por debajo del promedio en ambos sectores (teniendo en cuenta que se mezclan públicos y privados), tanto en sanidad (6,2%, frente al promedio del 14,1%) como en educación (5,6%).

"Es importante señalar", insiste el Ministerio de Función Pública, "que España tiene convenios de doble nacionalidad con bastantes países. Por tanto, estos ciudadanos que, por ejemplo, tienen la nacionalidad colombiana y española no aparecería en el porcentaje de extranjeros en la Función Pública”. Es cierto, pero el dato apenas cambia al tomar en cuenta esa variable: según datos desagregados por el INE para este periódico a partir de la Encuesta de Población Activa, en 2024 los empleados en administración pública de doble nacionalidad eran el 1,3% del total, a los que se agrega un 0,9% de extranjeros y un 97,8% de españoles. Ha crecido con fuerza la proporción de doble nacionalidad, ya que en los años precedentes rondaba el 0,8%, pero sigue representando una porción minúscula.