El Gobierno impondrá desde octubre el prefijo 400 para las llamadas comerciales

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha aprobado una orden ministerial que obliga a las empresas a realizar todas sus comunicaciones comerciales telefónicas exclusivamente a través de números que comiencen por el prefijo 400. La medida, que se inscribe en el Plan Antiestafas impulsado por el Gobierno, entrará en vigor en un plazo de seis meses, lo que establece octubre como la fecha límite para que los operadores de telecomunicaciones bloqueen sistemáticamente cualquier llamada de ventas que no utilice esta identificación.

De acuerdo con el texto de la orden ministerial, a la que ha tenido acceso EL PAÍS/Cinco Días, esta nueva numeración de nueve dígitos tiene como objetivo principal permitir que el usuario identifique de forma inmediata la naturaleza comercial de la llamada antes de descolgar. El Gobierno busca con esta medida frenar la saturación de comunicaciones no solicitadas y reducir los márgenes de maniobra para el fraude telefónico mediante la suplantación de identidad.

La implementación de este código específico da cumplimiento a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC), ratificada el pasado mes de diciembre. Dicha legislación ya preveía la necesidad de establecer un rango numérico diferenciado para las actividades de prospección comercial. Una vez que los números 400 estén plenamente operativos, las operadoras tendrán la obligación técnica de filtrar e interceptar aquellas llamadas que intenten eludir la normativa utilizando números móviles convencionales o numeración geográfica para fines publicitarios.

Los nuevos números con el código 400 funcionarán bajo un sistema de unidireccionalidad. Esto significa que los usuarios podrán recibir las llamadas, pero no podrán devolverlas a través de esa misma vía. Según fuentes ministeriales, este diseño técnico garantiza una protección adicional para los clientes, evitando las estafas basadas en el "callback" o rellamada, donde los usuarios devuelven llamadas perdidas a números desconocidos que resultan tener tarificaciones especiales o ser parte de redes de fraude.

La normativa establece asimismo que los operadores de telecomunicaciones deben ofrecer a sus clientes la posibilidad técnica de desconectarse globalmente del servicio de llamadas comerciales vinculadas al rango 400. De esta manera, el usuario podrá optar por no recibir ninguna comunicación bajo este prefijo, simplificando el proceso de gestión de la privacidad que anteriormente dependía de registros externos o aplicaciones de terceros.

En el caso de que un ciudadano reciba una llamada con fines de venta desde una numeración no autorizada tras la entrada en vigor de la medida, el protocolo ministerial permite la denuncia directa ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones (OAUT) o ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Estas instituciones serán las encargadas de supervisar el cumplimiento y, en su caso, incoar los expedientes sancionadores correspondientes contra las empresas infractoras.

Respecto a las llamadas de atención al cliente, el Gobierno ha delimitado que solo podrán efectuarse mediante números cortos atribuidos específicamente para tal fin, rangos gratuitos (800 y 900) o números geográficos vinculados a la sede de la empresa. Esta distinción busca separar la atención solicitada por el usuario de la prospección comercial activa. Una orden previa, vigente desde marzo de 2025, ya prohibía el uso de numeración móvil para servicios de atención al cliente y establecía los rangos 800 y 900 como los canales preferentes para estas comunicaciones.

El impacto de las medidas previas del Plan Antiestafas ofrece métricas sobre la escala del problema en España. Desde marzo de 2025, los operadores de telecomunicaciones han bloqueado aproximadamente 192 millones de llamadas con intenciones fraudulentas y 17 millones de mensajes de texto (SMS). La acción conjunta de las telecos ha permitido interceptar comunicaciones antes de que lleguen al terminal del usuario final. En el caso específico de Telefónica, la compañía intercepta actualmente cerca de 500.000 llamadas fraudulentas cada día a través de su red.

Registro de la CNMC

El plan gubernamental también aborda el fraude por suplantación de identidad en la mensajería móvil, técnica conocida como “smishing“. La CNMC ha aprobado este mes de abril la circular que regula la creación del Registro de alias para mensajes de texto. Este registro será una base de datos oficial donde las empresas y administraciones públicas deberán inscribir los códigos alfanuméricos que utilizan como identificadores de remitente en sus envíos de SMS, MMS y servicios de comunicación enriquecida (RCS).

A partir del próximo 7 de junio, los operadores de telefonía estarán obligados a bloquear cualquier mensaje cuyo remitente alfanumérico no figure en esta base de datos verificada. El objetivo es que el nombre que aparece en la pantalla del móvil, como el de una entidad bancaria o un organismo público, corresponda fehacientemente con el emisor real. Para inscribir un alias, las entidades deberán acreditar documentalmente su vinculación legal con la marca o el nombre comercial que pretenden utilizar.

El calendario técnico definido por el regulador establece que, tras la publicación de la circular en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las empresas dispondrán de un mes para cargar de forma masiva los alias que ya utilizan. Posteriormente, se iniciará un periodo de pruebas técnicas en los sistemas de filtrado de los operadores que se prolongará hasta el 6 de junio de 2026, fecha en la que el sistema deberá alcanzar su plena madurez operativa para todo tipo de remitentes, incluidos los internacionales. La obligación de registro y bloqueo afectará por igual a las empresas extranjeras que operen en el mercado nacional.

El Gobierno separa así reglamentariamente el spam comercial del fraude técnico. Mientras el spam se refiere a llamadas de números reales que resultan molestas pero legítimas desde un punto de vista técnico, el fraude implica un delito de suplantación para el robo de datos o activos económicos. Con el nuevo prefijo 400 y el registro de alias de la CNMC, el Ejecutivo pretende cerrar el espacio de actuación para ambos fenómenos en el territorio nacional.