Las telecos bloquean 135 millones de llamadas y 5 millones de SMS fraudulentos desde marzo

Los operadores de telecomunicaciones han bloqueado casi 135 millones de llamadas y más de 5 millones de mensajes SMS desde el pasado mes de marzo, según informó este jueves el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Estas cifras se enmarcan en la aplicación del Plan Antiestafas del Gobierno, cuyas primeras medidas entraron en vigor el 7 de marzo de 2025 mediante una orden ministerial que obliga a los operadores a interceptar las comunicaciones con intenciones fraudulentas. A medida que ha transcurrido el tiempo desde la entrada en vigor de la orden, el número de bloqueos ha aumentado significativamente.

La progresión es notoria: mientras que en una primera valoración (7 de marzo al 31 de julio) se bloquearon cerca de 48 millones de llamadas, en el periodo posterior (entre agosto y noviembre) la cifra ascendió a 87.013.921 llamadas, lo que supone un incremento del 81%. En cuanto a los SMS, hasta agosto se habían bloqueado algo más de 2 millones de mensajes, cifra que ascendió a 3.006.148 entre agosto y noviembre, lo que representa un 35% más de comunicaciones interceptadas. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, aseguró que el Plan Antiestafas “está funcionando” eficazmente.

A pesar de los buenos resultados, el plan contempla una medida adicional de gran calado que se pondrá en marcha en 2026 debido a su complejidad técnica, buscando un impacto sustancial en los SMS fraudulentos. Esta medida es la creación de una base de datos oficial con los códigos alfanuméricos que utilizan las empresas y administraciones públicas para identificarse en los SMS. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) gestionará esta base de datos, garantizando así la autenticidad de las comunicaciones y protegiendo a las entidades legítimas contra la suplantación de identidad, práctica habitual en los intentos de fraude.

Respecto a las medidas ya en vigor, desde el 7 de marzo se obliga a los operadores a bloquear numeraciones no atribuidas (como las que comienzan por 3 o 4), y desde el 7 de junio también se interceptan las llamadas y SMS de origen internacional que simulan proceder de un número español (spoofing). Adicionalmente, se ha prohibido que las llamadas comerciales y de atención al cliente se realicen desde números móviles para evitar que los estafadores se oculten en numeraciones nacionales no identificadas. Ahora, estas llamadas deben usar numeración geográfica o numeraciones específicas para comunicaciones comerciales (incluyendo los números 800 y 900). A futuro, una medida incorporada a la Ley de Servicios de Atención al Cliente establecerá un nuevo rango numérico específico para las llamadas comerciales de captación de clientes, que entrará en vigor en unos seis meses.

Fichaje de Ortuzar

Por otra parte, Óscar López se refirió este jueves a las críticas vertidas por el Partido Popular (PP) relativas al reciente fichaje del expresidente del PNV, Andoni Ortuzar, como consejero de Movistar Plus+. A pesar de que el Estado posee una participación del 10% en Telefónica, el ministro desestimó las objeciones del PP, limitándose a señalar que es una reacción “bastante normal” en ese partido. “Telefónica es una empresa privada en la que participa el Gobierno, por supuesto, y que no le guste algo al Partido Popular es bastante normal”, declaró López al ser consultado sobre el asunto durante una rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo Asesor Internacional de Inteligencia Artificial.

En ese contexto, López ha anunciado la publicación de las guías de apoyo al cumplimiento del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (RIA) para sistemas de IA de alto riesgo. Las publicaciones, ya disponibles en la web de la Agencia Española para la Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), están dirigidas a empresas españolas dedicadas al desarrollo de esta tecnología.

Para llevar a cabo este trabajo, el equipo que dirige Óscar López creó el pasado mes de abril un entorno de pruebas en el que la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, a través de la Dirección General de Inteligencia Artificial, ha prestado un servicio de formación y consultaría pública de alto nivel. Esta asistencia ha sido dirigida a la docena de sistemas de IA de alto riesgo seleccionados para formar parte del proyecto y que operan en los sectores de acceso a servicios esenciales públicos o privados, biometría, empleo, infraestructuras críticas, maquinaria y productos sanitarios para diagnostico in vitro.